Diez de los 21 candidatos a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2014-2019, comparecieron ante los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia, entre ellos la legisladora campechana, Layda Sansores San Román. Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Nueva Alianza cuestionan a las y los candidatos acerca del conocimiento y referencias de aplicación de los estándares más altos sobre derechos humanos, del manejo de criterios, recomendaciones o sentencias emblemáticas nacionales e internacionales en la materia, y sobre la articulación de la sociedad civil, Estado y CNDH CIUDAD DE MEXICO, D.F. 28 de octubre.- Diez de los 21 candidatos a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019, comparecieron ante los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia, entre ellos la campechana Layda Sansores San Román. Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Nueva Alianza cuestionaron a las y los candidatos acerca del conocimiento y referencias de aplicación de los estándares más altos sobre derechos humanos, del manejo de criterios, recomendaciones o sentencias emblemáticas nacionales e internacionales en la materia, y sobre la articulación de la sociedad civil, Estado y CNDH en la consecución de los fines de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En su exposición, el doctor Carlos Pérez Vázquez destacó que frente a las violaciones del Poder Judicial, la ley es clara al señalar que no se puede intervenir en asuntos del Poder Judicial, ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es necesaria una revisión al funcionamiento de la Comisión y subrayó el papel de la CNDH para fortalecer las coordinaciones de seguridad, porque no son ajenas a la protección de los derechos humanos. El doctor Miguel Nava Alvarado resaltó que sirvió al país como agente del Ministerio Público, delegado en la Procuraduría General de la República y como director general de extradiciones y asistencia jurídica. Al respecto, aseguró que la defensa institucionalizada de los derechos humanos no se realiza únicamente en las instituciones públicas sino también desde las instituciones de procuración de justicia, de seguridad, Ejército y Marina. El doctor Ricardo Vázquez Contreras precisó que busca ser defensor del pueblo, “pero no soy ingenuo, ya que conozco como operan los designios del poder.” Señaló que actualmente prevalece el derecho penal del enemigo y advirtió que las comisiones de derechos humanos no deben ser comparsas, sino contrapesos efectivos. Dijo que el próximo presidente de la CNDH debe tener un perfil 100 por ciento ciudadano, para que haya un cambio radical en el organismo, y propuso una disminución de los sueldos de mandos superiores al 50 por ciento, así como recortar también a 50 por ciento su ejercicio presupuestal actual para destinar el ahorro a la reparación de daños de las víctimas. Finalmente, planteó la creación de una visitaduría por cada entidad federativa. La doctora María Teresa Vallejo Pérez enfatizó en que se necesita una reingeniería en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la creación de una visitaduría nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. “No me tiembla la mano para escribir y hacer valer los derechos humanos”, indicó y mencionó que ha interpuesto diversos juicios políticos por casos de desvío de fondos y en materia de derechos humanos. Además, afirmó que como asociación civil no es fácil solucionar casos de violación de derechos humanos en el sistema penitenciario, ya que el gobierno no responde a las solicitudes al alegar privacidad en los datos. Sara Irene Herrerías Guerra, ex fiscal de Atención a Víctimas del Delito, destacó que las recomendaciones que emita la Comisión deben buscar que no se repitan violaciones a los derechos, para ello es necesario combatir las causas del hecho violatorio. El país necesita reconstruir su tejido social para llegar a la paz que anhela la sociedad, bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos, agregó. Pavel Rodríguez Quezada afirmó que el nuevo ombudsman debe ser elegido de la sociedad para que sea cercano a la gente, a fin de que proteja, observe, promocione y divulgue los derechos de los ciudadanos. El órgano debe implementar una reingeniería institucional y crear un observatorio nacional de los derechos humanos para que sea un eje rector de la Comisión. El maestro Alfredo Rojas Díaz Durán indicó que es imprescindible construir un nuevo rostro de la Comisión, más humano y que sus intervenciones estén por encima de cualquier sospecha de participar en actos de parcialidad que demeriten su credibilidad y coadyuven en el cumplimiento de las sentencias de las cortes interamericanas. Daniel Balboa Verduzco precisó que dará seguimiento puntual a los programas institucionales establecidos por la CNDH y dará paso a la creación de un sindicato para dar protección a los trabajadores de la institución. Propuso colaborar con dependencias de la Administración Pública y entidades para crear normas oficiales mexicanas en materia de derechos humanos y crear grupos de especialistas dentro de instancias de procuración y seguridad y organismos de la sociedad civil para que ya no haya más desapariciones de personas. La doctora Patricia Olamendi Torres expresó que su experiencia de 30 años en la defensa de los derechos humanos, como litigante y promotora de reformas en leyes del país, así como con apoyo a las víctimas de violación de derechos humanos, la impulsan para participar en la selección del próximo Presidente de la CNDH. Además, subrayó que la principal tarea de la CNDH debe ser ciudadanizarla y retomar la confianza en ella. Además, debe fomentar la credibilidad en las personas, ya que si no se garantiza el Estado de derecho, las condiciones en el país no van a cambiar. Claudio Jesús Meza León criticó las omisiones en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, a los pequeños y medianos empresarios, así como a la comunidad lésbico-gay. Propuso crear una visitaduría de seguridad pública y de seguridad nacional para trabajar de manera conjunta con las áreas correspondientes de la Secretaría de Gobernación. Participaron los senadores Jesús Casillas Romero, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lucero Saldaña Pérez, Arely Gómez González, Enrique Burgos García, del PRI; Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN; Benjamín Robles Montoya, del PRD; Pablo Escudero Morales, del PVEM; David Monreal Ávila, Layda Sansores San Román, del PT; y Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza. Ciudadanizar CNDH, piden organizaciones civiles Un día antes, las mismas comisiones recibieron a representantes de organizaciones civiles para revisar los retos que debe enfrentar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las características del perfil de quien la presida. Al inicio del encuentro, la senadora, Angélica de la Peña Gómez recordó que de 39 aspirantes, 21 cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en el proceso de elección o, en su caso, reelección del titular de la CNDH, por lo que pasaron a la siguiente etapa. Por la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene que ser vista como un botín político o económico, ni ser una institución activista. Tampoco, agregó, debe entregarse a ninguna persona que pertenezca a un partido político, porque esto sería como ser juez y parte ante cualquier conflicto. Consideró que su carácter de institución del Estado le da al titular de la CNDH una gran fuerza que requiere ser utilizada con la mayor prudencia en el contexto en el que nos encontramos, por lo que no puede utilizarse como ariete para la destrucción del Estado, sino como promotor de la cultura de los derechos humanos en la sociedad y el Estado. Una Institución de Estado debe ser capaz de prever el conflicto, anticiparse a él, agregó, incluso antes de que se violen derechos. Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, reprochó que el organismo sea parte del problema y no de la solución, toda vez que no cuenta con legitimidad social, es ineficiente y no está a la altura de la crisis que en la materia se vive en el país. Expuso que quien esté al frente de la Comisión debe tener un compromiso probado en defensa de derechos humanos, conocimiento de los estándares internacionales en la materia, autoridad moral, actuar de manera independiente del partido en el gobierno y sin vínculos partidistas, pues “no queremos a un gestor o administrador de los problemas, sino un contrapeso al poder”. Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, recordó que la elección del actual presidente de la CNDH no contó con el respaldo de la sociedad civil, lo que propició un mayor alejamiento ciudadano y el actual descredito de la institución. Por ello, abundó, el Senado debe tomar en cuenta el costo que se paga por elegir a una persona que no cuenta con la legitimidad de la sociedad y que en cambio puede tener múltiples nexos con grupos de poder. Manifestó que es necesario que la actuación del próximo titular de la CNDH esté inspirada y comprometida con la reforma constitucional de derechos humanos, tener el conocimiento y valor para señalar “con todas sus letras” una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada o la devastación del territorio de un pueblo indígena y actuar en consecuencia. Jorge Serrano, de la organización Tendiendo Puentes, aseguró que en las últimas administraciones la CNDH “no ha protegido ni ha guardado una verdadera observancia de la promoción de los derechos humanos”. Se pronunció porque no se debata solamente en un acuerdo copular, de partidos y de comisiones el nuevo titular de la CNDH, “porque después, cuando esté en su actuar, se verán reflejados los hechos y nuevamente la sociedad se verá vulnerada”. Tania Espinosa Sánchez, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, coincidió en elegir de manera transparente a una persona que sea independiente al poder político vigente y que más allá de intereses políticos lo que la guíe sea la promoción y la defensa de los derechos humanos. Del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni propuso reinventar a la Comisión debido a la pérdida de su fuerza para sancionar a las autoridades y pasar a ser una defensoría pública que atienda los casos en los ámbitos penal y de derechos humanos. Propuso modificaciones en el organismo que permitan proteger a las víctimas, pues actualmente los mecanismos de protección “son obsoletos” y muestra de ello son las cifras del 2009 a 2013, donde se presentaron ocho mil 700 quejas por violaciones a los derechos humanos, de éstas sólo el uno por ciento causó recomendación. “Vivimos un momento excepcional en el país, necesitamos saber qué es la justicia y no la fuerza”, afirmó. México Unido Contra la Delincuencia, en voz de su consejero Carlos Mendoza, acotó que la CNDH debe dejar de ser una oficina burocrática que reacciona tarde, en razón de cálculos políticos o intereses personales y, en ocasiones facciosamente en detrimento de los derechos fundamentales. El Senado, dijo, requiere hacer un minucioso análisis, pues el próximo presidente de la Comisión tendrá que ser un líder nacional y social, capaz de privilegiar el diálogo con los organismos homólogos en los estados, organizaciones civiles y autoridades de los tres niveles de gobierno. En representación de la organización Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García mencionó que el desafío más grande de la CNDH es el vínculo con la sociedad civil, por lo que tiene que asumir un valor muy importante como contrapeso del Estado, “ya que no es útil una entidad que no lleve con dignidad su autonomía”. Tenemos un país que duele por todas sus calles, especialmente por sus niños, lo que decida el Senado va a tener una implicación que afectará para bien o para mal, a 40 millones de niños, niñas y adolescentes, puntualizó.