Fundar, WAN y CIMA identifican como censura indirecta la asignación discrecional de publicidad oficial a los medios de comunicación y la entrega del “chayote” (sobornos que influencian la información) o cualquier otro regalo o compensación que influya en su cobertura. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 1 de noviembre del 2015.- Actualmente, el principal medio de censura sutil en México sigue siendo la asignación discrecional de la publicidad oficial a los medios de comunicación, tal y como se destacó en el informe de censura indirecta de 2014, señalaron las organizaciones Fundar, Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Centro de Asistencia Internacional de Medios de Comunicación (CIMA), con el apoyo de Open Society Foundations (OSF). Al dar a conocer una actualización del informe sobre censura indirecta, denominado “Censura Indirecta en México: Rompiendo Promesas, Bloqueando Reformas”, las agrupaciones expresaron que “esta sigue siendo una práctica extendida a todos los niveles de gobierno, aunado a una escasa rendición de cuentas, con poca o ninguna transparencia”. “Existe poca información sobre los recursos erogados por parte del Estado en publicidad oficial o comunicación social. En cuanto a la regulación, continúa siendo débil, y esto se suma a una completa ausencia de voluntad política para llevar a cabo transformaciones reales”, indicaron. “La promesa del presidente Enrique Peña Nieto, de crear una instancia reguladora para la publicidad oficial, se quedó en letra muerta; mientras que los legisladores no cumplieron con los plazos establecidos por la ley para dotar al país de un marco normativo sobre el tema. Finalmente, en el Congreso, se continúan presentando iniciativas para regular estas prácticas, pero ninguna se ha aprobado”, apuntaron. Mencionaron que a nivel de la transparencia, se han registrado algunos avances. El Artículo 70 apartado XXIII de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en mayo de 2015, obliga a las autoridades de los niveles federal, estatal y municipal poner a disposición de la ciudadanía y con toda claridad la información sobre los gastos en publicidad oficial. “Otro gran paso en la normativa, es la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó en julio del 2014. Sin embargo, a un año de su aprobación, esta ley no ha acarreado aún los cambios esperados en términos de pluralidad y diversidad mediática. De hecho, su efecto ha sido el contrario: la existencia de radios comunitarias se ha puesto en peligro. Esta ley establece la asignación del uno por ciento del total de los recursos destinados a publicidad oficial, pero aún no se han elaborado los mecanismos claros de transferencia de éstos, lo que expone a los medios comunitarios a presiones políticas y a una subsistencia precaria”, agregaron. “Este informe también recalca un caso emblemático de censura sutil: el despido de Carmen Aristegui, periodista que conducía uno de los programas radiofónicos más escuchados del país, en MVS Radio, y de dos periodistas clave de su equipo de investigación. Este despido se produjo unos meses después de que su equipo de colaboradores realizara una investigación sobre un posible conflicto de interés del presidente de la República. No obstante, su despido se atribuyó a “razones administrativas”, ya que supuestamente sus colaboradores utilizaron los recursos y las marcas de la empresa sin autorización”, abundaron. “Posteriormente, Aristegui se opuso a la decisión de la empresa y exigió su reincorporación al medio, a la que MVS se negó. Cabe mencionar que Aristegui también había rechazado nuevas pautas editoriales que ponían en peligro la independencia editorial de su programa”, puntualizaron. En 2014, WAN publicó junto Fundar y Artículo 19 el informe “Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México”, que ofrece una visión general sobre el uso de la publicidad y las implicaciones de no estar regulada, distorsionando el paisaje mediático y corrompiendo a quienes ejercen el periodismo. Afecta contenido de medios, asignación masiva de publicidad sobre bases partidistas y políticas La actualización del Informe, reporta como principales hallazgos: “1. La censura sutil a través de la publicidad oficial sigue siendo un problema grave en el país. Asignar masivamente publicidad oficial sobre bases partidistas y políticas moldea poderosamente el contenido de los medios y afecta en gran medida las líneas editoriales de los medios de comunicación. Las autoridades federales y locales aprovechan la falta de regulación para influir directamente en lo que se publica. “2. Continúa el vacío jurídico en torno a la publicidad oficial a pesar de las promesas del presidente y de las obligaciones legislativas de regular su uso. En julio 2012, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a crear una instancia reguladora de la publicidad. Sin embargo, a tres años de esta promesa, no hay ningún avance. El Poder Legislativo también ha desperdiciado oportunidades importantes para avanzar en la regulación de este tema. En 2014, los legisladores tenían la obligación de regular el uso de la publicidad oficial antes de mayo, según lo ordenado en el marco de la reforma político-electoral4. A pesar de que las fuerzas políticas han presentado diversas iniciativas, hasta la fecha ninguna ha sido discutida ni aprobada. “3. La publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en mayo del 2014 es un avance mayor para la transparencia de los gastos en publicidad oficial. El Artículo 70, apartado XXIII de esta ley, exige que a partir de mayo de 2016, todos los órganos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal publiquen toda la información actualizada y relacionada de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial en sus respectivos portales electrónicos. Aún no está claro el nivel de cumplimiento a realizar. Hoy en día, sigue siendo difícil obtener la información sobre el gasto estatal. “4. Continúan los gastos millonarios en publicidad oficial que promueven a políticos o a agendas partidistas sin que se haya comprobado su impacto positivo en el debate público. En 2013, la administración federal gastó un 48 por ciento más de los recursos originalmente destinados para publicidad oficial. “5. Las prácticas corruptas ligadas a la publicidad oficial en la mayor parte de México persisten. Un ejemplo es el caso de Ciudad Juárez, cuyo alcalde, presuntamente, realizó pagos para publicidad en sitios de internet inexistentes. Estas prácticas incluyen el soborno a periodistas mal pagados  -conocido coloquialmente como “chayote”- para influir en el contenido de sus artículos. “6. La censura sutil puede tomar formas que son difíciles de comprobar, como la destitución laboral por “razones administrativas” (el despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS Radio en marzo de 2015 ha sido el caso más emblemático de posible censura sutil registrado en los últimos meses), o la cancelación de programas de investigación, como el caso de “El Observador”, único programa de investigación en el Canal 22 (uno de los dos canales culturales de la televisión abierta mexicana). Una docena de periodistas de Canal 22 denunciaron esta cancelación como censura sutil. “7. Una disposición de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece la asignación del uno por ciento del gasto federal a las radios comunitarias. Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha avanzado en otorgar el reconocimiento de las radios comunitarias como “concesionarias de uso social comunitario e indígena”, requeridos para recibir la asignación de la publicidad y el uno por ciento destinado”. Censura sutil, fuerte impedimento para que medios sean libres, independientes y pluralistas Como conclusión, el documento destacó que la censura sutil o indirecta, en la asignación imparcial de la publicidad oficial, sigue siendo un fuerte impedimento para que los medios de comunicación puedan ser libres, independientes y pluralistas en México. “Varias empresas mediáticas continúan moldeando sus contenidos para conservar ventajas económicas y políticos. La falta de regulación en la publicidad oficial induce a una asignación discrecional de gastos millonarios a los medios de comunicación, incluyendo dos mil 300 millones de pesos en sobreejercicios del gobierno federal, tan sólo en 2013. En ese mismo año, las dos principales televisoras del país, Televisa y TV Azteca, concentraron una cuarta parte de todo el dinero erogado”, añadió. “Actualmente, el acceso a la información de la ciudadanía está secuestrado por intereses particulares que se mantienen a causa de la falta de voluntad, tanto de las autoridades como de los mismos medios de comunicación, a desafiar el status quo que les beneficia”, mencionó. “A pesar de la publicación de nuevas leyes que promueven la transparencia, los gobiernos federal y estatal siguen siendo reacios a revelar su gasto en publicidad. El despido de la periodista Carmen Aristegui, y de su equipo de investigación, de MVS Radio señalado como posible caso de censura sutil, ilustra el precio al que se enfrentan los periodistas, denunciando actos de corrupción por parte de la élite política y empresarial de México”, puntualizó. “Sin embargo, se han dado pasos positivos que pueden beneficiar a la regulación de la publicidad oficial. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública augura poner a disposición de la ciudadanía y con toda claridad la información sobre los gastos en publicidad oficial. Sólo falta que esta disposición se cumpla con responsabilidad a lo establecido, en todos los niveles y poderes”, comentó. “La regulación de la publicidad oficial debe ser un compromiso preciso a efectuarse con urgencia, y sólo podrá lograrse con la salida de una ley que regule el gasto. Asimismo, la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece la asignación del uno por ciento de las ventas de publicidad oficial a radios comunitarias, podría ampliar el pluralismo, si los gobiernos lo aplican correctamente”, citó Recordó que “en 2012, el presidente Enrique Peña Nieto prometió reformas integrales al uso de la publicidad oficial. El poder ejecutivo y el legislativo deben impulsar transformaciones en el uso de la publicidad oficial conformes a las promesas presidenciales, y así promover medios de comunicación libres, independientes y pluralistas para el desarrollo democrático. Las autoridades y los medios de comunicación deben aceptar y fomentar una mayor transparencia, además de cumplir con reglas claras, para reducir la censura indirecta en México”. Principales recomendaciones En el Informe, se emitieron también recomendaciones:

1. El Congreso mexicano debe promulgar una ley que garantice una publicidad oficial justa y transparente, con base en los principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La reforma electoral aprobada en enero de 2014, estableció un artículo transitorio requiriendo una regulación especial para la publicidad antes de abril de 2014; ésta debe ser implementada y aplicada sin demora.
2. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios deben publicar en sus respectivos sitios de Transparencia en internet, los gastos en publicidad oficial y comunicación social con el desglose adecuado, como lo establece el artículo 70 apartado XXIII de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Plataforma Nacional de Transparencia prevista por esta ley debe permitir el acceso oportuno a esta información.
3. Las radios comunitarias deben ser reconocidas oficialmente por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como “concesionarias de uso social comunitario e indígenas” para tener acceso al uno por ciento del gasto federal destinado a la comunicación social, tal como lo marca la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
4. Los medios de comunicación deben fortalecer la confianza de la ciudadanía y fomentar el debate público, mediante la divulgación de lo que perciben por medio de la publicidad oficial y de otros fondos gubernamentales.
5. Se deben promover debates públicos sobre las relaciones financieras entre el gobierno y los medios de comunicación para discutir mejor las propuestas de reforma institucional, y para asegurar el papel del Estado en la promoción de los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.
6. Los medios de comunicación deben adoptar códigos de ética que prohíban aceptar el “chayote” (sobornos que influencian la información) o cualquier otro regalo o compensación que influya en su cobertura.

Para leer el Informe completo: 287585566-Censura-Indirecta-en-Mexico-Rompiendo-Promesas-Bloqueando-Reformas