Organizaciones civiles y ciudadanos demandan a gobierno federal actuar ante violaciones graves a derechos humanos en Nochixtlán y señalan la urgencia de mantener la mesa de diálogo en torno a la “Reforma Eduicativa” y un diálogo nacional sobre la educación pública gratuita y laica. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 20 de julio del 2016.- Organizaciones civiles y ciudadanos exigieron una investigación exhaustiva para identificar a los autores intelectuales, financieros y materiales de las violaciones graves a derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado y por agentes no estatales en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio. Señalaron que es urgente sostener la mesa de diálogo en torno a la “Reforma Educativa” entre la CNTE y la Secretaria de Gobernación y considerar los factores que han incrementado la lucha de las y los maestros y la de los padres y madres de familia, así como las resistencias de la Secretaría de Educación Pública al diálogo con la CNTE. “Es urgente que ambas partes hagan uso de los tiempos oficiales en medios para comunicar de manera pedagógica sus posiciones frente a dicha reforma, con el fin de que el pueblo de México comprenda lo que está ocurriendo y cuáles son las materias en discusión”, expresó. “Es urgente un diálogo nacional con todos los actores sociales, políticos, académicos y económicos, en los que se incluya de manera preponderante a las y los maestros, alumnos, padres y madres de familia, que permita transformar y salvaguardar la educación pública gratuita y laica de México y que dignifique la actividad docente, pensando siempre en las nuevas generaciones”, agregó. “Es urgente también que los gobernadores de las entidades de la República concernidas abran mesas de diálogo con el magisterio movilizado, y es importante que ningún gobierno estatal, incluida la Ciudad de México, actúe por medio del uso de fuerza para impedir el derecho de manifestación y de libre expresión”, indicó. “Es urgente que el Congreso de la Unión revise las legislaciones sobre el servicio profesional docente y sobre la creación del INEE y realice las adecuaciones necesarias a la luz de las experiencias recientes en la puesta en marcha de las evaluaciones”, abundó. “Es urgente igualmente que el magisterio nacional en sus acciones de protesta, implemente los mecanismos de menor daño al libre tránsito de las personas, sin renunciar a su derecho a la manifestación pacífica”, puntualizó.
A continuación el pronunciamiento completo: Preocupados y preocupadas por el conflicto actual entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las autoridades de la República, quienes abajo firmamos declaramos: La crisis del sistema educativo en México no se puede esconder. Las violaciones graves a los derechos humanos en Nochixtlán, Oaxaca el pasado 19 de junio, que dejó un saldo de 11 personas muertas y decenas de heridos de bala, en su mayoría jóvenes, son el resultado de intentar negarlo. Transformar el conflicto en una gran oportunidad, es y será el acto más responsable para el futuro de las nuevas generaciones. Las señales de distención y diálogo mostradas en los últimos días por la CNTE, los pueblos y las comunidades de Oaxaca, las familias de las víctimas, así como por la Secretaria de Gobernación y la Comisión de Mediación, son un aliento al proceso de construcción de paz. El diálogo directo, respetuoso y franco entre las partes, y la generación de acuerdos en torno a la atención integral de las familias de víctimas fatales y las personas heridas y sus familias, así como la atención psicosocial a los pueblos, barrios y comunidades de la región afectados por la tragedia, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, son un primer paso que demuestra que el encuentro, el diálogo, la negociación y el acuerdo son la ruta para la resolución pacífica del conflicto. La exigencia de una investigación exhaustiva para identificar a los autores intelectuales, financieros y materiales de esos hechos lamentables, tiene sustento en las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado, y/o por agentes no estatales. El proceso iniciado por las partes en conflicto frente a la reforma educativa debe sostenerse, acompañarse, observarse y verificarse en el cumplimiento de los acuerdos a los que las partes lleguen como resultado del mismo. Solo así se logrará la generación de confianza y se mantendrá el proceso de paz. Es urgente sostener la mesa de diálogo en torno a la “Reforma Educativa” entre la CNTE y la Secretaria de Gobernación y considerar los factores que han incrementado la lucha de las y los maestros y la de los padres y madres de familia, así como las resistencias de la Secretaría de Educación Pública al diálogo con la CNTE. Es urgente que ambas partes hagan uso de los tiempos oficiales en medios para comunicar de manera pedagógica sus posiciones frente a dicha reforma, con el fin de que el pueblo de México comprenda lo que está ocurriendo y cuáles son las materias en discusión. Es urgente un diálogo nacional con todos los actores sociales, políticos, académicos y económicos, en los que se incluya de manera preponderante a las y los maestros, alumnos, padres y madres de familia, que permita transformar y salvaguardar la educación pública gratuita y laica de México y que dignifique la actividad docente, pensando siempre en las nuevas generaciones. Es urgente también que los gobernadores de las entidades de la República concernidas abran mesas de diálogo con el magisterio movilizado, y es importante que ningún gobierno estatal, incluida la Ciudad de México, actúe por medio del uso de fuerza para impedir el derecho de manifestación y de libre expresión. Es urgente que el Congreso de la Unión revise las legislaciones sobre el servicio profesional docente y sobre la creación del INEE y realice las adecuaciones necesarias a la luz de las experiencias recientes en la puesta en marcha de las evaluaciones. Es urgente igualmente que el magisterio nacional en sus acciones de protesta, implemente los mecanismos de menor daño al libre tránsito de las personas, sin renunciar a su derecho a la manifestación pacífica. Llamamos también al Congreso de la Unión a tener en cuenta con urgencia la actuación en febrero de 1995 de nuestros legisladores a propósito del conflicto en Chiapas, en el que se pudo instaurar por disposición legislativa un “estado de beligerancia”, el cual implica la suspensión de las leyes ordinarias, mientras se restablece la paz; así como las rectificaciones y decisiones que suponen el reconocimiento de que la violencia es resultado de un conjunto de determinaciones que han fracturado el tejido social. Elaboración y revisión: Don Miguel Concha Malo y Carlos Cruz Santiago. Organizaciones firmantes. 1.AFLUENTES S.C. 2.Alternativas Pacificas A.C. 3.Barrio Activo A.C. 4.Cauce Ciudadano A.C. 5.Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad. 6.Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. 7.Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C. 8.Plantón por los 43 compañeros detenidos-desaparecidos y todos los presos y procesados políticos del país. Personas Firmantes: Adalberto Saviñon Aidé García Hernández Alberto Fernández Martínez Aldo Arturo Plouganou Salazar Alejandro Encinas Rodríguez Alejandra Fabiola Rojas Almaraz Alfonso Celestino Amado Miguel Barrera Rocha Ana Gabriela Quiñonez Rivera Ana Karen Roque Melo Ana Laura García Hernández Antonieta Bañuelos López Araceli Buendía Hernández Areli Rojas Ariel Rodríguez Kuri Braulio Vargas Ferrer Carlos Alberto Brito Ocampo Carlos Alberto Cruz Santiago Carlos Alberto Zetina Antonio Carlos Garfias Carlos Ricardo Aguilar Astorga Carla Inés Ríos Nava Cecilia Lavalle Torres Clara Jusidman Rapoport Claudia Cruz Daniela Bretón Rocha. Diana Montaño Clemente Édgar Avilés Edgar Méndez Erika I. 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