Por Roberto Grajales/Román Ochoa Vivimos en un país al borde de un estallido social. Las protestas se incrementan, y el estado se convierte lentamente en un estado fascista. Es entonces necesario para el estado tener una estrategia de contrainsurgencia disfrazada de estado de derecho y lucha contra la inseguridad (la evolución de la lucha contra el narco). ¿Qué es una práctica contrainsurgente? Son aquellas que el estado prepara para contrarrestar la insurgencia, lo que es aterrador, es cuando estas prácticas surgen antes de la insurgencia, tal y como pasa en nuestro país. En México, estas prácticas han estado presentes desde la llegada al poder del partido de la “revolución” y se incrementaron durante la llamada guerra sucia. Encarcelamientos, asesinatos y desapariciones forzadas fueron y son aún las formas que el estado mexicano tiene para mantener su control. ¿Qué busca el estado con estas prácticas? Antes que nada, crear un terror colectivo, son un castigo ejemplar contra los que se organizan para la defensa de sus derechos. Pero otra de las razones es la desestructuración de un movimiento social o una organización. ¿Cuántas veces no hemos visto como los movimientos u organizaciones desvíen sus demandas iniciales para exigir la libertad de sus presos o la aparición con vida de sus desaparecidos? En San Antonio Ebulá, en 2009, por ejemplo, el estado encarceló a nueve campesinos de la tercera edad, y mientras los pobladores exigían su liberación inmediata, el empresario constructor, Eduardo Escalante Escalante, tuvo el tiempo suficiente para “amañar” el juicio agrario. Otra razón es para evitar el crecimiento de la indignación, que fortalece a los movimientos y organizaciones. En 2009, el estado mexicano encarceló a cinco miembros de la Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Luz y giró órdenes de aprehensión contra 60 más de ellos. Esto generó que la resistencia dejará de hablar de los altos cobros y malos tratos de la CFE para exigir la liberación de sus presos. Está muy claro que la intención aquí del estado fue intentar frenar un movimiento que crecía (y sigue creciendo) como una bola de nieve. En el caso de las violaciones de mujeres, quema de siembras, asesinato de animales en las comunidades en resistencia y las desapariciones forzadas, el estado lo que trata de aniquilar es la esperanza. Trata a toda costa de arrancar de los corazones de los rebeldes el ánimo de luchar. Y apropósito de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es importante conocer más sobre esta práctica contrainsurgente. ¿Cuándo ocurre una desaparición forzada? Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley. Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas, y que su paradero nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades en muchos casos jamás llegan a saber qué les sucedió. Sin embargo, esas personas no se desvanecen sin más. Alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas. Alguien es responsable. La desaparición forzada es un delito según el derecho internacional, pero demasiado a menudo los responsables eluden la acción de la justicia. Es un hecho claro que en México, no existen instrumentos legales para castigar a quien comete una desaparición forzada, mucho menos si se trata del estado. Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, entre ellos:

• El derecho a la seguridad y la dignidad de la persona;
• El derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante;
• El derecho a unas condiciones humanas de reclusión;
• El derecho a una personalidad jurídica;
• El derecho a un juicio justo;
• El derecho a la vida familiar;
• Cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.

La desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos especialmente cruel, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia y amistades. Las personas desaparecidas son a menudo torturadas y viven en unos constantes temores por su vida, apartados de la protección de la ley, privados de todos sus derechos y a merced de sus captores. Es una violación constante que con frecuencia persiste durante muchos años después del secuestro inicial y que generalmente no es castigada. Si la persona no muere y finalmente es puesta en libertad, puede seguir sufriendo el resto de su vida las secuelas físicas y psicológicas de esta forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que a menudo la acompañan. Su familia, que desconoce la suerte corrida por su ser querido, espera, en ocasiones durante años, unas noticias que quizá nunca lleguen. No sabe si su ser querido volverá algún día, por lo que no puede llorarle y hacerse a la pérdida. Su angustia se ve a menudo agravada por las privaciones materiales cuando la persona desaparecida es el sustento de la familia. En ocasiones no pueden obtener pensiones ni otras ayudas si no hay un certificado de defunción En México no es distinto, la desaparición forzada es un método de represión utilizada por políticos para mantener su dominio. En 2006, con el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, inició la llamada “guerra contra el narco”, se habla que esta guerra le costó la vida a más de 60,000 mexicanos a lo largo de seis años; es decir, un promedio de 27 personas diarias. Pero este costo de vidas tiene un fondo más allá de la guerra contra el narco, Carlos Fazio lo define como la normalización de la violencia ¿Qué es la normalización de la violencia? Acostumbrarnos a ver muertos, desaparecidos, desollados, degollados todos en nombre del crimen organizado. En 2012, Enrique Peña Nieto llega a la presidencia con un país lleno de violencia, con una guerra contra el narco que dejó cifras impresionantes, se habla que hay entre 60 mil y 120 mil desaparecidos. Peña Nieto hizo campaña bajo la consigna de que la violencia terminaría, pero hasta el día de hoy continúa, la vemos en cada paso que damos, está en todos lados y se sigue ejerciendo desde el estado hacia el pueblo. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2013, se denunciaron mil 695 desapariciones. Renato sales Heredia, coordinador nacional antisecuestros, reconoció que son muchas más, por cada secuestro o desaparición denunciada, hubo 11 más que no se denunciaron al Ministerio Público, dando un total de 18 mil 645 (51 por día), solo en el primer año de la administración de Peña. Como vemos en la agenda de Enrique Peña Nieto y de quienes están tras de él, están incluidas las prácticas contrainsurgentes. Claro, no en vano tuvo como asesor de seguridad a Oscar Naranjo, especialista en contrainsurgencia y uno de los hijos latinos favoritos de la CIA.