En riesgo, otra vez, proceso de consulta a pueblos mayas

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Senasica incumple acuerdos y deja plantados a comunidades mayas de Hopelchén en la mesa de diálogo, lo que incentiva que la siembra ilegal de soya transgénica continúe en Campeche/Las comunidades piden la renuncia de Enrique Sánchez y Hugo Fragoso Sánchez, de Senasica.

HOPELCHEN, Cam. 17 de mayo del 2017.- El proceso de consulta que se realiza a las comunidades mayas del municipio de Hopelchén en torno a los permisos para la siembra de soya genéticamente modificada, vuelve a ponerse en riesgo, ante un nuevo incumplimiento de Senasica, y ante la actitud pasiva de Cibiogem y la CDI.

Durante el 2016, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sagarpa realizó un proceso de monitoreo, inspección y vigilancia de la posible siembra de soya transgénica en Hopelchén, cuyo permiso fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia, a finales del 2015.

La falta de diligencia, oportunidad y profesionalismo mostrado por Senasica durante este proceso de monitoreo, generó un clima de desconfianza entre las comunidades mayas que participan en la Consulta Indígena.

La información que rindieron a las comunidades fue incompleta y tardía. Las sanciones correspondientes a los delitos identificados no han sido hasta la fecha definidas ni aplicadas. Estas deficiencias provocaron que las personas que de manera ilegal sembraron soya transgénica permanezcan en la impunidad, y que incluso pudieran comercializar su producto con autorización de dicha institución y la Secretaria de Salud.

Esta situación llevó a que en las sesiones de la Consulta Indígena realizadas el 25 de marzo y 29 de abril, se acordara con Senasica que las comunidades mayas involucradas participarían en el proceso de monitoreo, inspección y vigilancia de la posible siembra ilegal de soya transgénica durante el 2017.

Sin embargo, y a pesar de que se había acordado revisar el día 13 de mayo la propuesta de trabajo entregada por las comunidades, Senasica no se presentó a dicha reunión.

Durante la sesión acordada para el día 13 de mayo; Marco Antonio Ramírez, de Cibiogem, dio lectura a un oficio emitido por el director general de Senasica, Hugo Fragoso Sánchez, en donde justificaba sin mayor detalle “…le comunico que esta unidad administrativa no estará en la posibilidad de atender la reunión del próximo 13 de mayo del presente año…” y justificó que las dependencias como PGR y Profepa también fueron notificadas, “PGR no contestó y la Profepa dijo que no iba a venir, que ya lo habían analizado en la sesión y que ellos no tenían competencia y que no iban a participar”.

La abogada Naayeli Ramírez mencionó que mediante acuerdo del día 10 de abril de 2017, el Segundo Juzgado de Distrito le requirió a Senasica, Sagarpa, Semarnat y otras autoridades que acudan a las sesiones de consulta indígena, a través de sus representantes, con facultades para llegar a decisiones.

“Esto en principio representa una falta de respeto y una muestra de discriminación hacia el pueblo maya de Hopelchén, y además implica la violación a los principios elementales de la consulta como son: la buena fe, la participación, y el derecho a tener información. Se evidencia nuevamente la falta de voluntad política de Sagapra y Senasica, instituciones responsables de garantizar que no se siembre soya transgénica; así como la incapacidad de Cibiogem y CDI, encargadas de la Consulta, para garantizar que ésta sea llevada de acuerdo a los estándares internacionales y con la participación de todas las autoridades competentes”, agregó Leydi Pech.

Frente a esto, las comunidades y organizaciones exigen la renuncia del director en jefe Enrique Sánchez Cruz y Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, ya que la actuación de esta institución ha sido reiteradamente discriminatoria, negligente y poco ética ante las comunidades mayas que participan en el proceso de consulta.

“Urgimos y exigimos al poder judicial que tome las medidas conducentes para garantizar la ejecución correcta de la sentencia de la SCJN y de la recomendación de la CNDH, incluyendo las sanciones a los responsables de esta negligencia”, puntualizaron organizaciones y el Consejo Maya de los Chenes.

 

 

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