En un pronunciamiento contradictorio, los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado condenaron la quema de la sede del Congreso de Guerrero, donde, admitieron, hay un “vacío de poder”, y expresaron su indignación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desde hace 49 días, para quienes demandaron justicia. Como no lo hicieron con el caso de Bolonchén de Rejón, evadido por algunos diputados, como el de Hopelchén, Jesús Quiñones Loeza, escondiéndose en el baño del salón de sesiones, los coordinadores parlamentarios del PRI y el PAN, los representantes legislativos del Panal y el PRD, así como los legisladores del PT y Morena, se unieron para asumir una postura sobre la violencia en Guerrero. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 14 de noviembre.- En un pronunciamiento contradictorio, los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado condenaron, por un lado, la quema de la sede del Congreso de Guerrero, donde, admitieron, hay un “vacío de poder”, y por otro, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desde hace 49 días, para quienes demandaron justicia. Como no lo hicieron con el caso de Bolonchén de Rejón, evadido por algunos diputados, como el de Hopelchén, Jesús Quiñones Loeza, escondiéndose en el baño del salón de sesiones, los coordinadores parlamentarios del PRI y el PAN, los representantes legislativos del Panal y el PRD, así como los legisladores del PT y Morena, se unieron para asumir una postura sobre la violencia en Guerrero. “Condenable, de igual forma, a estos actos que ponen alerta a todos los niveles de gobierno, es también el quehacer del gobierno. Las grandes deficiencias, los rezagos sociales y el vacío de poder en esa demarcación geográfica, se ven hoy reflejados en estos hechos tan lamentables. Han transcurrido 49 días, y los 43 estudiantes siguen sin aparecer”, leyó obligadamente el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, el priísta Edgar Hernández Hernández. “Mientras no exista una composición estructural y un combate formal y responsable a la corrupción y a la impunidad, no se logrará calmar la indignación que actualmente existe y que nos lastima a todos”, apuntó. Expresó la solidaridad con los compañeros legisladores del Estado de Guerrero, sin distinción de alguna ideología o de partido, e hizo votos “porque cese el estado de violencia y prevalezca en ese Estado hermano siempre la cordura y la paz”. “Nos unimos al dolor de los padres de familia de los desaparecidos hasta el día de hoy. Eso necesita justicia, y la justicia no se hace con violencia. La justicia se hace con las leyes”, puntualizó. En la sesión de preguntas y respuestas, el diputado local de Morena, Manuel Zavala Salazar, dejó en claro que la violencia se registra en todo el país y es del Estado contra el pueblo, y exigió el pronto esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Insistió, como lo ha hecho su partido a nivel nacional, en que es necesaria la renuncia del priísta Enrique Peña Nieto, no nada más por el clima de ingobernabilidad prevaleciente en el país, sino también por la “Casa Blanca” de 86 millones de pesos y la otra, de 27 millones de pesos más, presuntamente adquiridas por su esposa, la actriz Angélica Rivera “La Gaviota”. Al inicio de la conferencia de prensa, que inició con más de media hora de retraso, Hernández Hernández, acompañado de los legisladores Yolanda Valladares, Mario Tun, Ismael Canul y Manuel Zavala, expresó su más enérgica condena por los actos vandálicos que originaron la quema de la sede del Congreso del Estado de Guerrero. “Eso no queremos que pase aquí, ni que pase en ningún Congreso del país. Estimamos que la violencia y el vandalismo no son la vía para atender las demandas sociales y resolver los problemas del país. Por el contrario, la violencia engendra más violencia”, advirtió. “Se dice que la sede del Poder Legislativo es la casa del pueblo, como debe de ser, pero es también la casa de la Ley, porque en estos recintos se hacen y se construyen las leyes, y quienes ostentamos la representación popular, respondemos a un mandato del pueblo expresado en las urnas”, agregó. “Atentar contra el Parlamento, como ocurrió en Guerrero, es atentar contra la representación popular y contra la Ley. Por tanto, nadie, nadie puede exigir justicia violando la Ley, y menos atentando contra las instituciones democráticas”, asentó.