Por Lupita Ramos
La historia de Gaby es una historia de lucha por la justicia. Pero también es una historia de terror.
Todo comenzó cuando decidió divorciarse de Martín Medina Sonda, un tipo que la violentaba a ella y a sus dos hijas e hijo. Durante el tiempo que duró su matrimonio, vulneró la integridad física y psicológica de Gaby. Él era en ese tiempo un alto funcionario del gobierno de Tabasco, por lo que utilizó todo su poder para encarcelarla, fabricando falsos delitos, secuestró a sus hijos, le fabricó delitos falsos para encarcelar también a Ligia, la mamá de Gaby, a quien trasladaron a los Juzgados de Puente Grande.
De ese tamaño era su poder. Privadas de la libertad, pretendía el ex esposo amedrentarlas para que dejaran de buscar a las niñas y niño; ellas no se cansaron de buscar, hasta que los recuperaron. Solo después que él mismo fue encarcelado acusado por lavado de dinero del gobierno de Andrés Granier en Tabasco, ella pudo recuperar a sus hijas e hijo.
A partir del divorcio de Emma Gabriela Molina Canto de Martín Medina Sonda, comenzó su historia de terror. Ella lo único que reclamaba era su derecho a vivir una vida libre de violencia, conformar una familia feliz, con su mamá Ligia y sus dos hijas e hijo. No obtuvo respuesta pronta y expedita del Estado Yucateco, de donde es originaria. Apenas tenían poco tiempo conviviendo otra vez como familia.
Emma Gabriela Molina Canto era una defensora yucateca, madre amorosa y sobreviviente de violencia, que por más de cinco años defendió su derecho a una vida libre de violencia y pugnó por obtener la custodia de sus dos hijas y su hijo. Su caso evidencia los obstáculos y dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia que se acrecientan cuando sus parejas son políticos, tienen recursos económicos y están vinculados a redes de delincuencia organizada.
Las autoridades federales y del gobierno local, a lo largo de los cinco años de lucha por la custodia de sus hijas e hijo, no proporcionaron medidas de protección, a pesar del riesgo evidente en el que se encontraba Emma Gabriela y no obstante que éstas fueron solicitadas, debido a las amenazas, intimidaciones, persecución judicial y armado de expedientes falsos de la que fue objeto.
Ambas, madre e hija, se convirtieron en defensoras de sus derechos ante un Estado yucateco omiso y negligente. La historia de violencia, impunidad y nulo acceso a la justicia que vivió Emma Gabriela, así como el constante hostigamiento de su ex pareja para arrebatarle a sus hijas e hijo, tuvo este lunes 27 de marzo, un final trágico: Dos sicarios asesinaron a Gaby a las puertas de su casa y en presencia de sus hijas e hijo. En las primeras noticias, se daba cuenta que el asesinato ocurrió en medio de un supuesto robo.
Emma Gabriela fue víctima de violaciones a sus derechos humanos cometidos por servidores públicos, así como agresiones perpetradas por su ex esposo, que deben ser consideradas en la investigación de su asesinato. La Fiscalía General del Estado de Yucatán debe aplicar el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para el delito de Feminicidio, garantizando la investigación con perspectiva de género.
El feminicidio de Gaby debe interpelarnos a todas y todos como sociedad. Ninguna mujer tiene porque ser asesinada, solo por querer tener la custodia de sus hijos y reclamar el derecho a separarse, divorciarse y vivir una vida libre de violencia.
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#JusticiaParaGaby
@lupitaramosponce
