Pronunciamiento
Las y los participantes en el Segundo Encuentro Nacional de Liderazgo Positivo, reunidos en la ciudad de México del 6 al 9 de diciembre del 2017, manifestamos:
Que los países de américa latina y el caribe incluyendo México, se han comprometido a controlar la epidemia del sida para el 2030, objetivo claro y a la vez ambicioso que marca el camino a seguir en esa región. Acabar con esta epidemia requiere especial énfasis en la prevención de nuevas infecciones del VIH y la incorporación de la población afectada a los programas de tratamiento antirretroviral.
Alcanzar estos objetivos exige acciones específicas y de alto impacto en la prevención del VIH, pruebas, tratamiento antirretroviral, programas contra la discriminación y el compromiso inquebrantable de respeto, protección y promoción de los derechos humanos tanto de la población afectada como de sus familias, parejas y comunidades. Sin embargo, a pesar de los avances en el manejo de la infección y la diversidad de acciones para evitar su transmisión, en México las nuevas infecciones no han disminuido e incluso han registrado un repunte en el 2015 -respecto al 2013 y 2014-. Si bien no existen registros de medición de incidencia, otros indicadores revelan que ésta sigue siendo alta entre las poblaciones clave, especialmente hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las mujeres transgénero.
La mortalidad elevada tampoco cede. Cada año entre 4500 y 5000 personas fallecen a consecuencia del sida. El acceso universal y gratuito al tratamiento no está siendo ejecutado de manera coordinada interinstitucionalmente, con lo cual se violenta el principio jurídico de protección de la salud , que es un derecho de todos y todas las mexicanas, consagrado en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este contexto y de acuerdo a los trabajos debatidos, analizados y en consenso de los y las participantes del Segundo Encuentro Nacional de Liderazgo Positivo, manifestamos;
1. Que los procesos de transferencia de pacientes con VIH del Seguro Popular a otros sistemas de seguridad social no se realicen bajo coerción ni en contra de su voluntad. Asimismo, que se establezcan mecanismos efectivos e inmediatos para toda la población con VIH/Sida que sea derechohabiente en IMSS e ISSSTE, sin presión ni hostigamiento por parte de quienes dentro de dichas instituciones estén encargados de realizan la citada incorporación.
2. Que es alarmante la persistencia de la discriminación y estigmatización que enfrentamos por nuestro diagnóstico y tratamiento, por lo cual las instituciones encargadas de enfrentar la discriminación y la violación de derechos humanos deben comprometerse más con esta violación sistemática en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo y la impartición de justicia, entre otros.
3. Que la criminalización del VIH a través de los códigos penales y su estigmatización en los códigos civiles o familiares del país, obstaculiza la implementación de estrategias de prevención combinada efectiva en la respuesta al VIH.
4. Que las personas con VIH no vamos a permitir que la responsabilidad del control de la epidemia recaiga en nosotros ni en nosotras.
5. Que se debe garantizar el abasto oportuno, continuo y permanente de los medicamentos para la atención integral del VIH y otras coinfecciones, dentro y fuera del primer nivel de atención.
6. Que se garantice y respete por todos los sistemas de salud la Guía de Manejo Antirretroviral, particularmente el uso de los coformulados ahí establecidos, simplificando con ellos el tratamientos, la adherencia y el control virológico de los pacientes.
7. Que se debe fortalecer la participación de las personas con VIH, en los mecanismos de vigilancia ciudadana para garantizar su atención integral en los diferentes sistemas de salud
8. Que exigimos a los medios de comunicación no usar el VIH/sida como criterio de contenido amarillista o para desacreditar y juzgar a nadie. La prensa tiene un papel estratégico en la lucha contra esta epidemia y por ello es necesario que favorezcan contenidos sustentados y documentados mediante evidencia científica, en el encuadre de la legislación de protección de datos personales y en general bajo los principios rectores de no discriminación e inclusión constitucional.
9. Que exigimos a los gobiernos estatales comprometerse también con la respuesta al VIH; es necesario que presupuesten recursos para programas de prevención y atención oportuna del VIH pero también de las demás infecciones de transmisión sexual, así como contar con estructuras adecuadas y dignas que cumplan la normatividad en la materia. Además, que los recursos financieros y en especie que reciben de la federación se apliquen de forma óptima y transparente, pues históricamente su omisión en la lucha contra esta epidemia ha obstaculizado el poderla frenar.
10 Que manifestamos nuestra preocupación por los deficientes mecanismos que tomará el estado mexicano ante la liberación de patentes para 2018. No toleraremos que el desabasto se justifique por su elevado costo, por la falta de genéricos o por que los laboratorios dejen de producirlos.
Lo antes estipulado fueron compromisos establecidos por el estado mexicano en la Reunión de Alto Nivel de ONUSIDA 2016. El estado mexicano tiene la responsabilidad la garantizar nuestra salud integral y evitar nuevas infecciones, por lo que hoy 9 de diciembre del 2017 demandamos su cabal cumplimiento en todos y cada uno de los puntos enunciados.
