La Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social denuncia los hechos delictivos cometidos en contra de la trabajadora del Hospital General de Zona número 3, de Cancún, Rebeca Kú Méndez.
CIUDAD DE MEXICO, 31 de julio del 2017.- Integrantes de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social denunciaron que funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cancún, Quintana Roo, secuestraron, golpearon y vejaron a la trabajadora Rebeca Kú Méndez.
Los denunciantes señalaron que la trabajadora Kú Méndez, al regresar de vacaciones el primero de junio, inmediatamente recibió la orden verbal de realizar tareas que no le correspondían; días después, un escrito informal de la jefa de Archivo Clínico, ratificadas mediante un oficio del director en funciones, acusándola de múltiples violaciones al Reglamento Interior de Trabajo, que ella contestó, sin respuesta de su contraparte, negando las supuestas faltas.
“Posteriormente y ante la incapacidad para afectarla por la vía laboral, el 10 de junio recibió un citatorio para comparecer a las 17:00 horas en la Comisión de “Honor y Justicia”, fue recibida hasta las 8:00 horas, cuando funcionarios y empleados ya se habían retirado, haciéndola entrar a las oficinas, sin el acompañante de su confianza, quien permaneció afuera”, indicaron.
“Además, ya adentro de la oficina, procedieron a secuestrarla ilegalmente, torturarla e interrogarla con amenazas, al negarse a firmar el acta prefabricada que elaboraron”, puntualizaron.
Los integrantes Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social manifestaron que estos hechos son graves, ilegales y anticonstitucionales, que vienen ocurriendo desde hace años, de parte de los “dirigentes” nacionales y seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con participación confabulada de funcionarios del IMSS, desde el director, Mikel Arriola, y los delegados de los estados.
“Pocas veces se documentan, con pruebas irrefutables, los actos de represión sindical y laboral que ocurren por miles en todo el país, debido a las amenazas y temor que infunden en los miles de trabajadores reprimidos y sancionados mediante lo que constituye una versión moderna de la Santa Inquisición, llamada Comisión de Honor y Justicia”, expresaron.
“En esta ocasión, la actitud valiente de la compañera de nuestra organización, Rebeca Kú Méndez, permitió recabar pruebas que demuestran el procedimiento rutinario, mediante el cual, los Comités Ejecutivos Nacional y Seccional mantienen una represión sistemática contra enemigos políticos y disidentes, sea por la vía del acoso laboral ejercido por directivos confabulados o el acoso sindical ejercido por sus delegados sindicales en cada unidad o centro de trabajo”, mencionaron.
Recordaron que en este caso, después de más de 15 años y cuatro sanciones previas iniciadas por un rechazo al acoso sexual del secretario general seccional en Quintana Roo, vigente entre 2000 y 2004, desde el primero de junio se reanudó el acoso confabulado entre autoridades y delegados sindicales del hospital general de zona número 3, en Cancún, contra la trabajadora Rebeca Kú, como consecuencia de su asistencia a una plática a jubilados sobre recuperación de las Afore, donde se identificaron infiltrados del sindicado seccional.
Revelaron que la afectada acudió a la agencia del Ministerio Público a denunciar a sus agresores, dar fe ministerial de las lesiones, contando en la actualidad con tres líneas de investigación: Una por lesiones del fuero común y las otras configuran presuntos delitos sexuales y privación ilegal de la libertad.
“Todo esto es un acto de vandalismo extremo y reflejo de la represión sindical corporativa, de la cual han sido promotores los dirigentes anteriores, cuyo responsable actual es Manuel Vallejo Barragán, diputado del PRI e inmerecido secretario de la Comisión de Seguridad Social”, agregaron.
“Denunciamos que estas medidas represivas han sido declaradas anticonstitucionales por la Suprema Corte de Justicia desde 1995, 1999 y 2001, a pesar de lo cual los directores del IMSS han incluido y aplicado las Cláusulas 61 y 62 en el Contrato Colectivo de Trabajo, brindándole a los dirigentes sindicales las facultades de suspender laboralmente a los trabajadores “sancionados”, sin comprobar la legalidad y justeza de dichas “sanciones”, con lo que afectan económicamente en sus percepciones, estímulos, aguinaldo y antigüedad al trabajador”, aseveraron.
“México es el único país en que, además del autoritarismo y arbitrariedad de autoridades formalmente establecidas, se faculta a entes particulares a ejercer funciones de investigación y facultades de sanción, que las autoridades oficiales se encargan de ejecutar”, concluyeron.
