Coordenada
Por Lupita Ramos
El pasado mes de mayo, tuve la oportunidad de ser invitada por la UNESCO con la representación del CLADEM regional (de los 15 países de América Latina y el Caribe), a la octava reunión de la Consulta Colectiva de las Organizaciones no Gubernamentales sobre la Educación 2030 (CCONG/EPT) en Siem Reap (Camboya).
La CCONG/ED 2030 es el principal mecanismo de la UNESCO para el diálogo, la reflexión y la cooperación con las ONG en favor de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sustentable ODS 4-Educación 2030, y un componente importante de los mecanismos de coordinación mundial del ODS 4, tal como se expone en el Marco de Acción Educación 2030.
Entre otras cosas, se reafirmó que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público esencial para promover la justicia social, económica y medioambiental.
Los Estados tienen el deber de proporcionar a todas y todos educación pública gratuita, de calidad y equitativa en todos los niveles, así como aprendizaje a lo largo de toda la vida, y de velar por que el derecho a la educación esté consagrado en la legislación y sea de obligado cumplimiento.
Se reafirmó la importante función que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en el logro del ODS4-Educación2030, y su colaboración y compromiso en todas las etapas, desde la formulación y la planificación de políticas hasta el seguimiento y la evaluación, con una participación institucionalizada y garantizada, tal como se afirma en el Marco de Acción Educación 2030.
En este sentido, se observó el desafío que plantea garantizar la educación como un derecho y un bien público, especialmente en un contexto de aumento de la privatización y comercialización de la educación.
En la declaración final, se expresa la preocupación que el incremento de las actividades lucrativas en el ámbito de la educación y la proliferación de las cadenas de escuelas privadas de bajo costo, respaldadas por algunas instituciones financieras internacionales y organismos donantes, socaven la educación de calidad pública y gratuita y agraven las desigualdades basadas en el nivel de ingresos, el género, la discapacidad, la situación migratoria, la etnia o la ubicación geográfica.
Esto es acorde con la resolución A/HRC/29/L.14 de 2015 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que señaló con preocupación las “amplias repercusiones de la comercialización de la educación en el disfrute del derecho a la educación” y recordó la “importancia de la inversión pública en la educación”. La inclusión y la igualdad de género siguen ocupando un lugar central en la Agenda 2030.
Por lo que en la declaración final, se alienta a los gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos en pro de la educación inclusiva, en particular prestando atención a la igualdad de género, la discapacidad, los migrantes y los refugiados, y el respeto de la diversidad, comprendidos los derechos humanos de las personas LGBTQI, y abordando las cuestiones de las políticas y prácticas discriminatorias, el acceso, los planes de estudios y los procesos de aprendizaje y enseñanza.
El compromiso de los Estados y de las organizaciones de la Sociedad civil es por una educación equitativa, inclusiva, gratuita y de calidad. Así lo asumimos desde las redes CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las mujeres), CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y REPEM, (Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe) que llevamos la representación de la región latinoamericana y caribeña.
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