Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades recordaron que en su informe final, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU detectó como factores estructurales la impunidad y la desigualdad en el cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
CIUDAD DE MEXICO, 12 de junio del 2017.- Organizaciones civiles manifestaron que el ocho de junio de 2017, se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Informe Final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos con relación a su visita oficial a México en 2016 (Link del Informe Anual http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/32/Add.2).
“En su informe, el Grupo de Trabajo de la ONU retoma seis casos emblemáticos que evidencian la violación al derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada por parte del Estado y de la debida diligencia por parte de las empresas; los ataques contra personas defensoras y los graves impactos ambientales de las actividades empresariales”, indicaron.
Las agrupaciones señalaron que “como factores estructurales, el Grupo de Trabajo identificó la impunidad y la desigualdad” y recordaron que “el Estado mexicano, subrayó en Ginebra, su voluntad de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU”.
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU declaró en su Informe que: “La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”. Además, durante su visita, Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo, señaló que se necesita un cambio en la cultura empresarial.
“Desde la sociedad civil, queremos subrayar que, si bien se analizan en el Informe Final de la visita seis casos emblemáticos de abusos a derechos humanos, desde sociedad civil documentamos más de 68 casos de abusos relacionados con el sector minero, de la construcción, agroindustrial y energético en el Informe “México: Empresas y Derechos Humanos”, agregaron.
“Las violaciones más frecuentes fueron: al derecho a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). En más del 62 por ciento de los casos hubo amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Por lo que los seis casos descritos en el Informe de Naciones Unidas son representativos de una problemática generalizada”, puntualizaron.
Dado lo anterior, desde la sociedad civil consideramos tres puntos clave:
1) El Grupo de Trabajo de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
El Grupo de Trabajo de la ONU constató: “la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social”. Además, señaló que: “las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”.
El Estado mexicano declaró, en Ginebra, que estaban trabajando para garantizar el derecho a la consulta. Desde sociedad civil recordamos que, en el caso de los apicultores mayas en contra de la soya genéticamente modificada de Monsanto, las comunidades han denunciado que: “Lejos de que la ley nos ayude con la consulta está sirviendo para violar nuestros derechos. En cada una de las 6 sesiones de la consulta ésta es en un ambiente de confrontación…”. En el caso del acueducto yaqui, las consultas no fueron previas, sino el resultado de una sentencia de la Suprema Corte y éstas se dieron en un ambiente de criminalización.
2) El Grupo de Trabajo de la ONU recomendó que se investiguen y sancionen los ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
En el Informe, el Grupo de Trabajo establece que: “Los defensores de los derechos humanos y los periodistas deben estar mejor protegidos para que puedan desempeñar su importante función. En vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden sus derechos, los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán”.
Desde sociedad civil, en conferencia de prensa, se compartieron los testimonios del caso de Atenco, en donde las comunidades se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; las amenazas y ataques en contra de personas defensoras, en Oaxaca, en el contexto de los proyectos eólicos, y las agresiones en el caso de la autopista Toluca-Naucalpan en donde: “la constructora, junto con unos 800 agentes de la policía estatal, destruyó varias propiedades, entre ellas la casa de un líder de la oposición al proyecto de la autopista…” (conforme al Informe del Grupo de Trabajo de la ONU).
3) El Grupo de Trabajo de la ONU también recomendó que se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales
El Grupo de Trabajo recomendó al Estado mexicano que: “haga de las evaluaciones de los efectos sociales que integran las normas de derechos humanos un requisito para los grandes proyectos de desarrollo… y que fortalezca la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar la observancia de las normas ambientales”.
Desde sociedad civil, se denunció como el río cubierto de espuma y el fuerte hedor de los gases causaron una gran impresión a los miembros del Grupo de Trabajo en su visita al río Santiago en Jalisco, denominando a este caso como una catástrofe ambiental. De igual forma, es importante mencionar que el Grupo de Trabajo también retomó el caso del Río Sonora, el peor desastre ambiental en la historia de la minería en el país que ha afectado a más de 250 000 personas, en donde “se consideró que las autoridades federales no asumían sus responsabilidades.”
Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil hacemos un llamado para que el Estado mexicano y las autoridades responsables se reúnan con las organizaciones de la sociedad civil para diseñar una estrategia participativa, transparente y pública en donde se establezca claramente cómo se dará seguimiento a las recomendaciones generales y de los casos del Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Organizaciones firmantes en orden alfabéticos:
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Centro Fray Julián Garcés
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
Dirección de Programas de Incidencia, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Greenpeace México
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo MA OGM
Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Programa de Medio Ambiente, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
