Al presentar una iniciativa de la bancada de Morena, incluida Layda Sansores San Román, el senador Manuel Bartlett alerta, una vez más, que la militarización ha traído grandes violaciones a derechos humanos, más de 200,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos y miles de desplazados.
Por Daniel Sánchez
CIUDAD DE MEXICO, 16 de marzo del 2017.- El senador por Morena, Manuel Bartlett Díaz, alertó, una vez más, que “la militarización ha traído consigo, durante estos años, grandes violaciones a los derechos humanos, más de 200 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados”.
“Está probado que la presencia militar en los estados (como ahora pretende Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, con el establecimiento de una Brigada de la Policía Militar) no disminuye la violencia, sino que la incrementa; y también está probado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica un aumento en el nivel de letalidad perfecta al 100 por ciento de muertos, derivados de sus acciones en materia de seguridad”, expresó.
“Los costos económicos de la militarización son enormes, desde el 2001 a la fecha, se ha incrementado en aproximadamente en 800 por ciento el gasto militar, en detrimento del gasto social; y del 2008, hasta la fecha, el gasto aumenta exponencialmente”, indicó.
“Gastamos tres veces más en armamento que lo que los Estados Unidos nos ha proporcionado con gran bombo. Contra la verdad oficial, nosotros demostramos en nuestra iniciativa que sí existen políticas federales, estatales y municipales para hacer frente a la crisis de seguridad en México, pero que deliberadamente se les ha desarticulado, subordinado e invisibilizado”, puntualizó.
Al presentar una iniciativa para reformas los artículos 73 y 89 constitucionales, a nombre suyo y los integrantes de su bancada, Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara, David Monreal y Carlos Merino, Bartlett Díaz precisó que la propuesta es para “oponernos a la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad Interior, porque implica la militarización del país y porque los problemas de México no se resuelven con la violencia, sino con empleo, educación, combate a la desigualdad y a la pobreza”.
La iniciativa es para que las Fuerzas Armadas no intervengan en funciones de seguridad pública, para prevenir o reprimir movimientos sociales o violentar derechos fundamentales de los ciudadanos.
El legislador presentó el proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXIX-M del artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el documento, se propone derogar las facultades al Congreso de la Unión para aprobar leyes en materia de seguridad nacional, ya que el último garante de la seguridad nacional es el propio pueblo y el Tribunal Constitucional y no las Fuerzas Armadas.
La propuesta señala que en un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma, los integrantes de las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, sin que puedan atender tareas de seguridad pública.
También plantea crear una Comisión de la Verdad, integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos, para investigar actos y omisiones de violaciones a los derechos humanos que hayan cometido las Fuerzas Armadas, en este y el anterior sexenio.
Manuel Bartlett expuso que la iniciativa prevé declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública suscritos con los Estados Unidos.
El proyecto de decreto fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Segunda.
La solución de los problemas de seguridad corresponde a autoridades civiles
En su discurso, el senador de oposición manifestó que se sabe que en México existe un problema grave de seguridad pública, “pero la solución a los problemas de seguridad corresponde a las autoridades civiles, como señala el artículo 21 de la Constitución y no a las Fuerzas Armadas, como señala equivocadamente y neciamente (Miguel Angel) Osorio Chong”.
“Las Fuerzas Armadas no son el problema, esas siempre se han distinguido por su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular, son los altos mandos, como Cienfuegos, Calderón y Peña, los que han buscado transformar las esencias históricas, civilistas y pacifistas de las Fuerzas Armadas nacionales”, agregó.
“Le mandamos un mensaje a Osorio Chong, que anda repartiendo mensajes también. Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles, los gobiernos de Peña y Calderón las han vulnerado incesantemente, y han provocado con sus órdenes militarizantes, inmensas violaciones a los derechos humanos que han sido señaladas por la ONU y que ya calificó de crímenes de lesa humanidad”, recordó.
“Calderón y Peña son responsables jurídicamente y ante la historia por desmantelar el civilismo y el federalismo del Estado constitucional mexicano y por crear regímenes de excepción penal y militar, logrando subordinar hasta el Congreso para lograr sus designios”, denunció
Reveló que en la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad Interior, existe un interés geopolítico de los Estados Unidos para militarizar a nuestro país, para la defensa de los intereses norteamericanos, lo he dicho aquí y lo he repetido una y otra vez.
“En México no tenemos terrorismo, y el crimen organizado es un fenómeno derivado de alto consumo de drogas en los Estados Unidos, son problemas que fundamentalmente les corresponde a ellos resolver”, mencionó.
“En la iniciativa que presentamos, damos a conocer documentos del gobierno de los Estados Unidos y de académicos norteamericanos que sostienen que desde el año de 2001, desde la PATRIOT Act, hay un proceso hemisférico por militarizar a los países de América Latina, sobre todo aquellos que, como México, no cuentan con controles democráticos y constitucionales capaces de contener las políticas de seguridad emanadas de Washington”, aseveró.
“La PATRIOT Act del 2001 ha detonado todas las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad nacional en México, así como los procesos y mecanismos relacionados con la integración hemisférica en materia de seguridad y por tanto, un incremento de la influencia norteamericana en nuestra política de seguridad interna”, comentó.
“La guerra declarada contra las drogas del sexenio de Calderón y su continuidad insensata por el gobierno de Peña Nieto, es una guerra contra los mexicanos, promovidas por su propio gobierno, tiene su origen en las demandas y exigencias norteamericanas, son polvos de esos vientos huracanados”, apuntó.
“Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sometido a través de la interpretación constitucional a favor de la militarización de la seguridad pública. Las iniciativas presentadas hasta el momento por senadores y diputados para impulsar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, son contrarias a los artículos 28, 89, fracción VI, 73 y 129 de la Constitución de la República, la seguridad pública es una tarea de los civiles y en época de paz, en lugar de las fuerzas armadas son los cuarteles”, asentó.
Por otra parte, aseguró que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior. La militarización paulatina del país, desde el 2001, ha significado costos constitucionales, porque se ha modificado la cultura que la sociedad tenía sobre las Fuerzas Armadas, estamos pasando de una cultura jurídica que pensaba socialmente a sus Fuerzas Armadas como nacionalistas, populares y defensoras de los intereses comunes, a una cultura jurídica que responde a una hegemonía foránea con un Ejército que se quiere, por Peña cada vez menos popular, desconectado de sus fines sociales y constitucionales.
La iniciativa presentada
“Por esas razones y otras más que tenemos en la iniciativa, con un apoyo teórico, un apoyo informativo, que hay que estudiar y no dar respuestas sin ningún sustento, por estas razones proponemos:
“1. Derogar las facultades del Congreso de la Unión para aprobar leyes en materia de seguridad nacional; la seguridad nacional debe ser una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles de acuerdo con sus competencias; rechazar la guerra ofensiva, la Constitución de la República sólo debe permitir la guerra exterior en legítima defensa.
“En períodos de paz, repito, las Fuerzas Armadas, en el ámbito interno, deben de tener las siguientes intervenciones:
“a) En situación de suspensión de garantías conforme al artículo 29 constitucional.
“b) En intervención federal por siete días, en los términos del primer párrafo del artículo 119 de la Constitución.
“c) En caso de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas.
“En este último supuesto, la autoridad militar debe actuar sin armas y estar subordinada, de acuerdo a las competencias constitucionales y legales, a la autoridad, al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en esta norma fundamental.
“En la iniciativa, proponemos que en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República regresen en los términos del artículo 129 de la Constitución a sus cuarteles sin que puedan atender tareas de seguridad pública, ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos precisos en la fracción VI del artículo 80 constitucional.
“Dentro del plazo de tres meses, después de la entrada en vigor de este decreto, las autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, los responsables, deben reasumir sus competencias en materia de seguridad pública.
“La autoridad que no pueda, si algún gobernador no puede reasumir sus competencias íntegramente para las que fue elegido, lo comunicará al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie, sobre la entidad federativa correspondiente, el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar, respecto al gobernador, los procedimientos de juicio político y su irresponsabilidad sea reclamada.
“Proponemos declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública subscritos por los estados con los Estados Unidos de Norteamérica.
“Consideramos que se debe constituir una Comisión de la Verdad, que estará integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos u omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos en éste y en el anterior sexenio respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República que han soltado ese maremágnum en contra del pueblo.
“Que con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o en la realización de funciones relacionadas con la prevención, contención, investigación y persecución de los delitos vinculados al crimen organizado hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
“Se determina que en un plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizará la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las reglas y procedimientos para constituir el sistema profesional para las policías que atiendan las necesidades de los tres niveles de gobierno”.
Presiona Conago para aprobar Ley de Seguridad
Bartlett Díaz precisó: “Pero ahora sí, de verdad, es fundamental, señoras senadoras y senadores, que se discuta este tema. Ya están presionando los gobernadores, que son los acusados en esta actitud absolutamente sumisa y vergonzosa, los gobernadores de la Conago, ya están presionando al Congreso para que apruebe esta ley, cuando los que están acusados de ineficacia y de incapacidad por toda esta militarización son los propios gobernadores.
“También es absolutamente reprobable las actitudes del secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, que amenaza a la Cámara de Diputados, de si no se aprueba la ley que ellos quieren no van a regresar a los cuarteles.
“¿Qué es eso? ¿Cómo se permite que el secretario de la Defensa esté amenazando a la Cámara de Diputados? Y eso es que todavía no tienen la ley que les permitirá hacer esas labores con espionaje, violando todo control a través de una decisión que es ajena y que estamos siguiendo sin darnos cuenta de ello.
“Esto se debe discutir. Yo quisiera que pensaran los Senadores y las Senadoras lo que constituye vivir en un régimen militar, lo que permite que haya retener en las calles, que tengan facultades de investigación y de espionaje como establecen las iniciativas de Gil Zuarth y del Diputado, también, del PRI. Es un ataque a la libertad de la Nación el aprobar esta ley, y que además, insisto, no corresponde a los intereses de nuestro país.
“Es un llamado que le hago también a Osorio Chong, que el día de ayer se dedica a mandar mensajes. Yo se lo mando a él también, que se ponga a estudiar; que pongan a Cienfuegos a cumplir su función y a guardar silencio, no puede un general con las armas en la mano amenazar al Congreso de la Unión”.
