En reunión en el Palacio Legislativo, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos demandan que la Procuraduría General de la República atienda las recomendaciones hechas por la CIDH y el GIEI/CIMACFoto: César Martínez López.
Notilegis
CIUDAD DE MEXICO, 23 de noviembre del 2016.- Diputados de todas las bancadas, que recibieron a familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, coincidieron en que la Procuraduría General de la República (PGR) debe agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el caso.
Los legisladores pidieron esclarecer el caso registrado en Iguala, Guerrero, y castigar a los responsables, tal como lo exigieron los deudos de los jóvenes.
Los integrantes de las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas se reunieron con los padres de los 43 normalistas, con su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, e invitados.
También estuvieron los legisladores de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
En el encuentro, donde los diputados hicieron llamados de exigencia a la PGR para que amplíe sus líneas de investigación, se aseguró que la PGR ha cumplido el 93 por ciento de las casi mil propuestas que hizo el GIEI, se ha dado cumplimiento a 13 de sus 26 peticiones y se han detenido 128 personas por su presunta responsabilidad en ese caso, 55 pertenecientes al grupo organizado de Guerreros Unidos.
La legisladora de Morena, Araceli Damián González, calificó como “deplorable” la actuación del Estado mexicano, ya que la respuesta del gobierno federal fue “tardía y torpe”, además de reflejar que actuaron de manera coordinada con el crimen organizado.
Invitó a los legisladores a firmar un punto de acuerdo para exhortar a la PGR a que deje de señalar al basurero del municipio de Cocula como el principal lugar de desaparición de los jóvenes y amplíe las investigaciones.
Recordó que la Cámara de Diputados negó, en primera instancia, abrir las puertas a los padres de familia, y aceptó recibirlos hasta que colocaron un plantón afuera del recinto, sin embargo, se les negó el acceso al pleno.
La legisladora Karina Padilla Ávila exigió que se agoten de forma exhaustiva todas las líneas de investigación para esclarecer este caso y que la búsqueda de la verdad sea una condición necesaria para que no termine en los “archivos más oscuros de la historia nacional”.
Sostuvo que el Estado mexicano no ha dado ninguna certeza sobre el paradero de 41 de los 43 estudiantes, ya que los restos de dos de ellos han sido identificados por la Universidad de Innsbruck, Austria.
La diputada Cristina Gaytán Hernández acusó que las instituciones se hayan vuelto cómplices al defender verdades históricas insostenibles, en referencia a la posición de la PGR.
Señaló que este caso “es un botón de muestra de cómo representantes de diversas instituciones, en vez de hacer su trabajo, se han vuelto cómplices con su omisión de que esta verdad y justicia no llegue”.
Expresó que los padres de los 43 desaparecidos no quieren seguir escuchando “discursos huecos preconstruidos”, como lo han hecho a lo largo de estos 26 meses; y dijo que ellos acuden al Congreso a buscar la verdad y justicia.
El legislador Víctor Manuel Sánchez Orozco aseveró que mientras no se les pueda abrir la máxima tribuna de la Cámara de Diputados a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, “lo que debiéramos hacer es escuchar, no nada más el pueblo de México, sino el gobierno”.
Cedió su espacio a la señora Nicanora García González, madre del estudiante Saúl Bruno García, quien abordó el tema.
García González solicitó que se apoye al Mecanismo de Seguimiento Especial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para que den con la verdad (de los normalistas), porque los expertos estaban haciendo algo por nosotros, pero el gobierno de México no quiere dejarles libertad para que ellos sigan”.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco sostuvo que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos es indignante porque participaron autoridades de los diferentes niveles de gobierno y, pese a los esfuerzos que se han hecho para esclarecer el caso, los datos y las circunstancias, no han sido suficientes para acallar lo que pasó.
Indicó que en México se requiere que haya respeto a los derechos humanos y se “implemente un sistema de justicia que traiga verdaderamente justicia a todos los mexicanos” y, en ese sentido, pidió justicia y castigo para los responsables de la desaparición de los normalistas.
El legislador independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, expuso que estos sucesos dan cuenta que en el país la verdad oficial no coincide con la realidad y es porque “se está queriendo ocultar algo”, asimismo da muestra de la violación sistemática a los derechos humanos que se vive en México.
Puntualizó que los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 exhiben las violaciones de fuerzas municipales, estatales, federales y armadas, ya que todos los testimonios coinciden en que todas están involucradas y pone en evidencia que no existe institución en México que no viole los derechos humanos.
Presentarán punto de acuerdo para exigir cese de Tomás Zerón
Por su parte, el presidente de la Junta de coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez, afirmó que impulsará un punto de acuerdo para pedir que el funcionario federal Tomas Zerón de Lucio deje su cargo, por su cuestionada participación en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El también coordinador de los diputados del PRD se comprometió ante familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, a presentar ese punto de acuerdo para que funcionarios relacionados con ese caso, que han sido asignados a otros espacios de administración federal, dejen sus cargos.
Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora se desempeña como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Adelantó que en el punto de acuerdo también solicitará un reporte sobre la atención médica que han recibido las personas que resultaron heridas en el ataque del 26 de septiembre contra estudiantes de Ayotzinapa, además de otros temas que se consensen con los familiares de los normalistas.
Piden familiares exigir a PGR atender recomendaciones de CIDH
Familiares de los 43 estudiantes de Ayotiznapan desaparecidos en Iguala, Guerrero, pidieron a diputados que exijan a la PGR que siga todas las líneas de investigación del caso y atienda las recomendaciones de la CIDH.
Rechazaron la llamada “verdad histórica” que dio el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula, después de su desaparición, el 26 de septiembre de 2014, y pidieron que se cambie esa narrativa.
Dijeron saber que en el ataque a los normalistas no participaron integrantes del crimen organizado, como sostienen las autoridades.
“(El ataque) no fue por la delincuencia organizada, fueron los policías municipales de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, los de la ministerial, el Ejército, la Marina y la policía estatal”, aseguró Melitón Ortega Carlos, representante de los padres de familia.
“Son ellos quienes agredieron, persiguieron, atacaron y asesinaron a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre (de 2014)”, agregó.
El estudiante normalista Ernesto Guerrero Cano relató que estuvo presente el día de la agresión y dijo recordar el sonido de las balas y las placas de las patrullas municipales que se llevaron a sus compañeros: “la 302 de Cocula y las 026, 027, 029 y 032 de Iguala”.
“Nosotros no creemos que la Policía Federal no sabía nada, puesto que nosotros vimos un aproximado de ocho a 10 patrullas de la Policía Federal en esa caseta, y que no nos digan que no saben, que no nos digan que el Ejército mexicano no tuvo participación”, subrayó.
Los deudos de los normalistas desaparecidos plantearon a los legisladores que expresen públicamente su respaldo a su lucha y reconozcan su legitimidad, para que no se continúe con el desprestigio hacia su movimiento, “como lo hicieron” con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados por la CIDH para este asunto.
Cristina Bautista Salvador dijo que jamás han recibido una palabra de apoyo de los diputados, “no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras que nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la desaparición de miles (de personas) que están desaparecidos”.
Emilio Navarrete Victoriano aseveró que los jóvenes “fueron privados de su libertad por el gobierno mexicano” y pidió a los diputados que exhorten a la PGR a considerar las líneas de investigación que involucran al Ejército y a las policías Federal, estatal y municipal de Huitzuco.
“(Quienes conducen la investigación en la PGR) tienen toda la verdad en sus manos, pero definitivamente no quieren ayudar, entonces, señores, necesitamos de ustedes para presionar a estas personas, porque tenemos el derecho de saber qué pasó con nuestros jóvenes. Lo que dijo Murillo Karam fue una vil mentira, hay personas en la PGR que no quieren que se sepa la verdad”, apuntó.
Felipe de la Cruz rechazó la llamada verdad histórica de la PGR y dijo que, a más de dos años del caso, ninguno de los más de 100 detenidos ha sido consignado por la desaparición forzada de los estudiantes.
“El gobierno de México oculta la verdad, posiblemente porque haya un alto funcionario metido hasta el fondo en este crimen cometido en iguala”, añadió.
Bernabé Abraham Gaspar expresó que no acepta la “verdad histórica” de la PGR, porque él sabe que para incinerar 43 cuerpos se necesita mucha leña, por lo cual afirmó que seguirá en la lucha hasta encontrar a los jóvenes y se castigue a los responsables.
Mario César González Contreras solicitó a los diputados su “respaldo total” al Mecanismo de Seguimiento Especial para continuar con las labores de investigación que aprobó la CIDH en julio pasado, con la finalidad de conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
María de Jesús Tlaltempa Bello pidió a los diputados que, como seres humanos y padres de familia, los ayuden a encontrar a sus hijos, porque ya tuvieron que dejar sus trabajos y cada día que pasa la angustia “está matándonos”.
Ulises Solano Gutiérrez comentó que a su hermano Aldo lo hirieron policías municipales en el primer ataque contra los estudiantes y dijo que a dos años permanece en cama en un hospital, en estado vegetativo, y que su lucha es porque se haga justicia.
El abogado Rosales Sierra comentó que la hipótesis y línea de investigación de la PGR, que indica que los normalistas fueron incinerados en Cocula, sólo ha “arrojado más dolor” para los padres de familia, y no ha dado indicios sobre su paradero, por lo cual, para ellos, eso está rebasado.
“La investigación que hizo la PGR, en un primer momento, fue caótica, y quienes vinieron a componer y darle más coherencia y objetividad a la investigación fue el GIEI. Nos informó que hay distintos escenarios de agresión en Iguala, también dejó asentado que existen distintas rutas de desaparición, como Huitzuco, el ejido de Tijeritas y un lugar llamado la casa blanca, en Iguala”, refirió.
Tras concluir la reunión con los legisladores, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa ofrecieron una rueda de prensa, en la que pidieron castigo a los autores materiales e intelectuales del ataque y desaparición de los jóvenes, además de que las autoridades abran otras líneas de investigación.
