Por Lupita Ramos
El mecanismo jurídico de alerta de violencia de género y de violencia contra las mujeres, fue concebida en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, a nivel federal y estatal, como un mecanismo que pudiese evitar que en una comunidad determinada se llegase a la descomposición del tejido social, como ocurrió en Ciudad Juárez, ante la parálisis gubernamental y la grave afectación a los derechos humanos de las mujeres.
Como lo ha señalado oportunamente el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la declaratoria de alerta de violencia de género es un mecanismo de protección correctivo y urgente que debe de tener como finalidad identificar las graves fallas que impiden la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Implica una coordinación en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
En Jalisco, el 8 de febrero de 2016, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres en 8 municipios: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.
Un seguimiento puntual a la Alerta de violencia contra las mujeres como acción gubernamental, revela a simple vista varias deficiencias; la primera, la inexistencia de un decreto publicado oficialmente en el periódico oficial El Estado de Jalisco, por lo que quedó en un mero anuncio mediático.
Plagado de imprecisiones, el anuncio señala que “se conformó un grupo interinstitucional y multidisciplinario de expertos, conformado por mujeres y hombres de la academia, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil”. En realidad, el GIM, estuvo solo conformado por académicas/os y funcionarios públicos.
Las organizaciones de la sociedad civil no fueron convocadas a integrar el grupo. Descuidado el proceso no solo en el discurso, sino también en las formalidades que todo acto jurídico emanado del gobierno debe tener, la Alerta de violencia contra las Mujeres en Jalisco ha sido un proceso de simulación que afecta el tejido social e impacta de manera negativa en uno de los derechos fundamentales de las mujeres: El derecho a vivir una vida libre de violencia.
Ante la resistencia del gobierno de Jalisco por cumplir con las medidas de la alerta, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Agenda Feminista de Jalisco, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Colectivo ¡Queremos seguir vivas!, Yocoyani A.C, el Colectivo Lésbico Tapatío, el Colectivo Calle Sin Acoso y familiares de víctimas han solicitado a la Secretaría de Gobernación la formalización de la alerta de violencia de género en Jalisco a nivel federal y han decretado la ALERTA CIUDADANA DE VIOLENCIA DE GÉNERO , con el fin de que la propia ciudadanía busque acciones concretas para proteger y salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres.
El proceso de simulación de la Alerta en Jalisco, hace responsable al gobierno de contribuir a la grave violencia sistemática que viven las mujeres día a día en el Estado. La ciudadanía se moviliza ahora con la consigna de:
# Alerta Ciudadana de Violencia de Género en Jalisco.
@lupitaramosponce
