Los retos de la consulta al pueblo maya: Agroindustria o cultura

Por Alvaro Mena El pasado 4 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el tema de siete amparos interpuestos por apicultores de Campeche y de Yucatán en contra del permiso otorgado a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica. La resolución fue que se suspende el permiso de Monsanto, hasta que no se les consulte a los pueblos indígenas demandantes y afectados. Esta fue una decisión histórica, ya que se sustentó en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un convenio firmado por México y por lo tanto con nivel constitucional, puerta para exigir el cumplimiento de muchos otros derechos indígenas. Este fallo de la Corte marca un hito en la región, pues los proyectos que puedan afectar o sean desarrollados en territorio indígena, tienen que ser sometidos a consulta del pueblo maya, que en el caso de la península de Yucatán, es casi la mitad de la población y en Campeche casi del 20 por ciento de los habitantes. Lo que significa que este es un recurso importante que ni gobiernos ni empresas deben dejar pasar a la hora de emprender algún proyecto que impacte en la vida del pueblo maya y que de parte de los pueblos indígenas, podemos exigir su realización, apenas cualquier proyecto o programa vaya a ser implementado. En México, se han llevado a cabo otras experiencias de consulta indígena, no con buenos resultados y peores procedimientos, lo que ha llevado a que la consulta sea desestimada, ya que por estar en muchos casos dirigida y realizada por instituciones gubernamentales, son susceptibles de corruptelas, que más que ayudar a llegar a una decisión consensada, genera divisiones y confrontaciones dentro de los mismos pueblos. En este sentido, en los últimos días, se ha dado cobertura en los medios a declaraciones del sector agrícola, cultivadores de soya, en algunos casos soya transgénica, que se manifestaron en contra del fallo de la Corte, porque afecta sus intereses, curiosamente quienes han aparecido en los medios, no son menonitas ni empresarios, sino campesinos indígenas, que no son los principales productores de soya transgénica. Analizando esta situación llegamos a la conclusión de que una de las estrategias que comienzan a vislumbrarse es la confrontación de dos sectores productivos, el apícola por un lado y el agrícola por otro. Generar una confrontación de este tipo oculta el verdadero origen de la problemática, aunque en varios espacios, se ha intentado ver únicamente la afectación económica hacia el sector apícola, por daños al producto esperado por el mercado, ese no es el principal problema. El hecho de que la Corte haya concluido que el problema estuvo en que el procedimiento para otorgar el permiso omitió la consulta al pueblo maya, nos da la pauta para entender que el problema es la posible contradicción entre el concepto de “buena vida”, desde la cosmovisión maya, y el desarrollo agroindustrial, impulsado por empresas y gobierno a través de la soya. La consulta no solo debería ser en torno a soya si, o soya no, pues esto limitaría el asunto a un mero problema de productividad e ingresos generados por uno u otro producto, si fuera así, entonces la consulta no debiera ser para un pueblo, sino para sectores de productores y consumidores. La consulta es para el pueblo maya, por lo tanto, tendría que ser para definir si la siembra de soya transgénica y el sistema agrícola que lo impulsa, afecta la integralidad de la cultura maya. De otro modo, no tendría sentido. En conclusión, el problema no es que los apicultores estén en contra de los agricultores, porque además, en muchos casos, son los mismos; sino de que la siembra de soya transgénica afecta los medios de vida, el modelo de buen vivir y las estrategias de trascendencia que la cultura maya contemporánea y en constante transformación, ha diseñado acorde a los retos que implican los tiempos modernos. Los encargados de realizar esta consulta tendrán un gran reto para realizar esta consulta en un pueblo complejo y dinámico, como lo es el nuestro, pues estaremos pendientes y atentos de cada paso que se de en torno a ello. Todavía no hay declaraciones de cómo se realizará o si se llevará a cabo esta consulta, sin embargo, también hay que considerar que el convenio 169 de la OIT no solo habla de que los pueblos deben ser consultados, sino también de que debe de dar su “consentimiento”, esto en la lógica procedimental debe de ser previo a la consulta, es decir, “el pueblo” maya debe de dar su consentimiento de ser consultado o no. El tema del consentimiento es un tema no abordado hasta ahora y se conoce poco de cómo aplicarlo, para ello no hay protocolo. Como si lo hay para la consulta. Para el caso de las consultas, actualmente el organismo vinculante, según el Estado mexicano, es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la cual cuenta con un protocolo de consulta, basado en el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 2 y 26 constitucionales. El tema ha dado para mucho y lo seguirá dando, aquello que inició como una preocupación contra los transgénicos, hoy está exigiendo avanzar rápido hacia otros temas sin que descuidemos lo fundamental. Creo que es importante mantener ciertas posturas, la primera; el problema no es solo la soya, es el sistema de desarrollo agroindustrial; segunda, el problema no es de un sector productivo contra otro; tercero, la consulta no debe ser en torno a si se acepta la soya o no, sino si afecta la integridad de la cultura maya. Y lo que es un hecho, esta coyuntura marcará la pauta para una nueva relación entre el Estado y el pueblo maya, pero también nos significa un reto organizativo.