El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que hay que recuperar la seguridad de los mexicanos, con base en la ley y respeto a derechos humanos, al presentar el Informe de Actividades 2016 de la CNDH ante el Poder Judicial de la Federación.
CIUDAD DE MEXICO, 9 de mayo del 2017.- Recuperar la seguridad en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos es prioridad que demanda atención urgente en el país, afirmó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que la atención a los problemas de inseguridad debe ser integral y basarse en una lógica más preventiva que reactiva.
Tras señalar que “la defensa de la legalidad se reafirma como la única vía para generar las condiciones mínimas de seguridad que la sociedad demanda”, enfatizó que “defender los derechos humanos es defender la Constitución”, lo que incluye velar porque el contenido de los distintos instrumentos normativos que se emitan, guarde coherencia con lo previsto en la Carta Magna y se preserve la integralidad de nuestro sistema jurídico.
Al presentar en sesión solemne del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, el Informe de Actividades 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), González Pérez aseveró que “las autoridades no pueden renunciar o dejar de lado, bajo ningún supuesto, la responsabilidad y obligación que tienen de brindar un mínimo de condiciones de seguridad a las personas, que permitan el normal desarrollo de sus vidas, con garantía de sus derechos humanos”.
En su oportunidad, Aguilar Morales destacó que el Informe rendido por el presidente de la CNDH también le fue entregado por escrito, con lo cual se cumplió el objetivo de esta sesión solemne.
Al dirigirse a las ministras y ministros del máximo tribunal del país, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil, Luis Raúl González apuntó que frente a la percepción de un Estado de Derecho laxo, con amplia tolerancia al incumplimiento o contravención de ley, y en un entorno en que se registran niveles alarmantes de violencia e inseguridad –como los que se padecen en Guerrero, Tamaulipas o Veracruz— el cumplimiento de la ley debe asumirse como responsabilidad y compromiso.
“No podemos aceptar que se vuelvan parte de nuestra normalidad situaciones tales como las que se viven en algunas partes del estado de Tamaulipas, donde una de las respuestas que dan las autoridades ante los hechos de violencia que se presentan, consiste, simplemente, en avisar los lugares donde están sucediendo, a efecto de que las personas, por miedo a sufrir alguna afectación, decidan por ellas mismas restringir sus derechos de libre tránsito y reunión, entre otros, para permanecer resguardados en sus domicilios”, expresó.
Explicó que en nuestro país subsiste la percepción de que toda violación a una norma se arregla y no se castiga, y que al margen de quién tenga la razón en una controversia o haya sido víctima de un delito, prevalecerán los intereses de quien tenga mejores relaciones, disponga de mayores recursos y sus representantes legales estén más familiarizados con el soborno o las dádivas. Destacó que esto, sumado a las legítimas demandas de la sociedad relativas a la seguridad de las personas, ha provocado impunidad y falta de credibilidad en las instituciones.
“México –aseguró— cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana que se presenten en nuestro país puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado. Fortalezcamos y cuidemos las instituciones, emprendamos su rescate y recuperemos su credibilidad y eficacia. Lo reitero, la justicia a las víctimas y agraviados, la persecución de los delitos, la seguridad y el respeto a los Derechos Humanos son las llaves para la consolidación de nuestro Estado Democrático de Derecho”.
Ante todos los reunidos en el salón de plenos de la SCJN, destacó que la CNDH no defiende delincuentes, sino el cumplimiento de la ley para todas y todos. “El respeto a la vida e integridad física de las personas y a garantías tales como el debido proceso, no pueden dejarse de lado en el marco del respeto a la ley y a los derechos humanos”, indicó.
Mencionó que, en ejercicio de la atribución que confiere a la CNDH la Constitución General de la República, durante 2016 este Organismo Nacional promovió 30 acciones de inconstitucionalidad contra diversos ordenamientos, tanto federales como locales, en temas tales como los derechos de los procesados bajo el nuevo sistema de justicia penal, libertad de expresión, gratuidad del derecho a la identidad, jurisdicción militar, derechos de las personas con discapacidad, personas migrantes, alienación parental, derecho a la consulta previa e informada de pueblos y comunidades indígenas, matrimonio igualitario, no discriminación y derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. A la fecha, dijo, se encuentran en trámite 50 procedimientos de esta índole.
Subrayó que en ningún caso la promoción de tales acciones ha tenido un ánimo de confrontación con autoridades o poderes, tanto federales como locales, ni ha atendido a coyunturas políticas o concertaciones de cualquier otro tipo, sino se visibiliza y llama la atención de los diversos actores políticos y sociales sobre el contenido de la norma cuestionada, promoviéndose un debate e intercambio de opiniones que enriquece y actualiza la reflexión sobre los derechos fundamentales en México.
Señaló que todas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH están sustentadas en análisis jurídicos y valoraciones objetivas, con base en las cuales se ha determinado la posible existencia de una contradicción, entre lo dispuesto por la Constitución y el contenido de alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía. Siendo, en todos los casos, expresión de un ejercicio pleno y responsable de su autonomía como órgano constitucional del Estado, que busca preservar y defender los derechos humanos consagrados en nuestro máximo ordenamiento y fortalecer nuestro sistema jurídico.
El presidente de la CNDH afirmó que todas las personas tienen derecho a todos los derechos, y ante un abuso o violación a los mismos, los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de protección a los derechos humanos debe reiterarse el compromiso de la CNDH con la legalidad y la institucionalidad, para actuar con oportunidad, pertinencia y calidad, sin distinción o interés diverso a lograr que la verdad, la justicia y la reparación lleguen en todos los casos, y para que el cumplimiento y aplicación de la ley vuelvan a ser el sustento y parámetro de nuestra convivencia.
El Informe Anual de Actividades 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
puede consultarse en: www.cndh.org.mx
