Sobrino político de “Alito” paga sin justificación 4.5 millones en CDI

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La Auditoría Superior de la Federación detecta en 2016 pagos de servicios no ejecutados en 13 contratos para elaborar estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en comunidades indígenas, operados por Pedro Armentia López.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 5 de julio del 2017.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos de servicios no ejecutados por cuatro millones 562 mil pesos en 13 contratos en la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Campeche, a cargo de Pedro Armentia López, sobrino político de Alejandro Moreno Cárdenas.

“Se realizaron convenios para modificar el objeto de los contratos de servicios; sin embargo, no llevaron a cabo los ajustes del importe contractual de las actividades canceladas, ni acreditó la justificación de dichos cambios. Se pagaron servicios no ejecutados por cuatro millones 562 mil pesos, en los 13 contratos revisados, en el concepto Estudio de impacto ambiental”, dictaminó el organismo fiscalizador federal.

Ahora, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria “para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos”.

Los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado números 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 0401/PROII/INVRES3/02/2016, 0401/PROII/INVRES3/03/2016, 0401/PROII/INVRES3/04/2016, 0401/PROII/INVRES3/06/2016, 0401/PROII/INVRES3/07/2016, 0401/PROII/INVRES3/08/2016, 0401/PROII/INVRES3/09/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016, 0401/PROII/INVRES3/11/2016, 0401/PROII/INVRES3/13/2016 y 0401/PROII/INVRES3/14/2016 y 0401/PROII/INVRES3/15/2016.

El objeto de los convenios fue para la “elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento, para beneficiar a las localidades de Bacabchen, San Agustin Chunhuas, Nunkini y Xkakoch, en el municipio de Calkini, con el Grupo Inmobiliario y Constructor Verdum, S.A. de C.V.; a las localidades de Nilchí, San Camilo (Chencolli), San Francisco Kobén y Tikinmul, municipio de Campeche, con Geoterra Ambiental, S.C.; a las localidades de Nohakal, Quetzal Edzna, Kikab y Los Laureles, en el municipio de Campeche, con TM Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., y a las localidades de Xbacab, Chac Chaito y López Portillo, en el municipio de Champotón, con Megalita, S.A. de C.V.

Asimismo, también en las localidades de Pomuch y Zodzil, en el municipio de Hecelchakan, con Construcciones e Innovaciones Rejón, S.A. de C.V.; Dzitnup, Nohalal, Dzotchén, Monte Bello y Blanca Flor, en el municipio de Hecelchakán, con Csies Integral, s. de R.L. de C.V.; Chan-chén, Pachuitz, Ukum, Xmabén y Xmejía, en el municipio de Hopelchén, con Laboratorio de Materiales, S.A. de C.V.; Dzibalchén, Vicente Guerrero y Ramón Corona, en el municipio de Hopelchén, con Constructora e Imagen Urbana del Valle, S.A. de C.V., y Becanchén, Chencoh, Komchén, Pakchén y Xcupil en el municipio de Hopelchén, con Proyectos y Estructuras ABR, S.A. de C.V.

Igualmente a las localidades de de Bolonchen de Rejón, Katab y Suctuc, en el municipio de Hopelchén, con Gloria del Carmen Cabrera Palma; Belén, Matamoros, Centenario, Flor de Chiapas, Benito Juárez Numero 3 y Miguel de La Madrid, en el municipio de Escárcega, con Monitor Administrativo y Logístico, S.C.; Don Samuel, El Huiro, Kilometro setenta y cuatro, en el Municipio de Escárcega, con Diego Fernando Jiménez Solís, y 16 de Septiembre (Laguna de Alvarado), El Carmen II (Las Carmelas), La Guadalupe, La Lucha y La Virgencita de la Candelaria, en el municipio de Calakmul, con Construcciones Contemporáneos Emil-Line, S. de R.L.

Los resultados de la auditoría

La auditoría de inversiones físicas, realizada por la ASF, fue a proyectos de inversión de la delegación estatal de Campeche, mediante la cual se fiscalizó y verificó la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto.

“Se constató que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) realizó convenios para modificar la naturaleza y características del objeto de 13 contratos de servicios relacionados con la obra pública”, realizados en Campeche, “sin embargo, no llevó a cabo los ajustes del importe contractual de las actividades canceladas, ni acreditó la justificación de dichos cambios”.

“Mediante el oficio núm. CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el subdirector de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó copia del oficio núm. DCAM/0594/2016 del 2 de agosto de 2016, con el que el delegado de la CDI en Campeche solicitó al director general Adjunto de Infraestructura la autorización de las modificaciones de los contratos que corresponden a la descripción de los estudios y proyectos, así como a las partidas a ejecutar; esto derivado de los estudios y proyectos que concluyeron que no es procedente la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y se determinó como solución la construcción de sistemas sanitarios”.

“En respuesta, mediante el oficio núm. CGI/DGAI/DOI/OF/094 del 17 de agosto de 2016, el director general Adjunto de Infraestructura autorizó las modificaciones; por lo que el 18 de agosto de 2016, se celebraron los convenios correspondientes e informó que conforme a lo establecido en el artículo 53 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante los oficios correspondientes designó a los residentes de los servicios para cada contrato, quienes de acuerdo a las facultades que les confieren los artículos 53 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 111, 112, 113 y 114 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, celebraron los convenios que modifican las condiciones originalmente pactadas en los contratos de servicios relacionados con la obra pública, fundados y motivados en los dictámenes técnicos correspondientes en los que se establece que de acuerdo a los estudios de factibilidad elaborados por las empresas contratistas, se determinó que la construcción del sistema de alcantarillado sanitario era poco factible en las localidades indígenas”.

“Se propone la construcción del sistema de saneamiento a base de un baño con un sistema de biodigestor autolimpiable, consistente en un sistema de tratamiento primario de aguas residuales domésticas, con los siguientes beneficios: seguridad, privacidad y comodidad; bajo costo y fácil construcción; con capacitación el usuario puede hacerse responsable de uso y cuidado de su sistema de saneamiento y es amable con el medio ambiente, finalmente con fundamento en lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fueron formalizados los convenios mencionados”.

La CDI no vigiló, ni controló el desarrollo de los trabajos ejecutados al amparo de los 13 contratos de servicios relacionados con la obra pública en Campeche, en virtud de que autorizó pagos por un monto de cuatro millones 562 mil pesos en el concepto núm. 9 “Estudio de impacto ambiental, aprovechamiento de aguas (permiso de descarga de aguas residuales o título de concesión), trámite ante INAH”, sin proceder dicho concepto en razón de las modificaciones al objeto de los contratos.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de cuatro millones 561 mil 987 pesos, debido a que no se justificaron los pago de derechos ante la Semarnat, ni el pago por derecho ante el INAH, considerados en la integración de la matriz del precio unitario núm. 9, así como de la procedencia de dicho concepto”, concluyó.

También se constató que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas omitió usar de manera adecuada la bitácora electrónica, debido a que no se asentaron las notas correspondientes de solicitud, trámite y autorización de la modificación sustantiva del objeto del contrato y de los asuntos trascendentales que derivaron de la ejecución de los trabajos.

 

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