La Auditoría Superior de la Federación detectó en auditoría de desempeño a la Secretaría de Gobernación que “avanzó marginalmente en la atención del problema de desactualización, falta de modernización y profesionalización de los procesos regulatorios” a las compañías de seguridad.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 3 de marzo del 2017.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en 2015, “la Secretaría de Gobernación avanzó marginalmente en la atención del problema público relativo a la desactualización, falta de modernización y profesionalización de los procesos regulatorios, y de los factores causales que lo originaron”, a la empresas de seguridad privada.

“La falta de mejora regulatoria y las deficiencias en la integración del registro nacional de empresas de seguridad privada impidieron que se cumplieran a cabalidad las funciones relativas al control, supervisión, vigilancia y evaluación de los prestadores de estos servicios, así como la transformación y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas que los proporcionan”, puntualizó.

El organismo fiscalizador realizó una auditoría de desempeño a la tarea de regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2015 y detectó que “avanzó en la implementación del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada con la integración de mil 168 empresas en el ámbito federal, con 80 mil 788 elementos de personal operativo, y en equipamiento 44 mil 684 armas, 12 mil 50 vehículos y 282 mil 924, así como cuatro mil 43 prestadores con permiso estatal a julio de 2016”.

Sin embargo, indicó, “el registro no permitió la interacción automatizada de los datos y tampoco se acreditó que la información fuera utilizada para dar cumplimiento a funciones de supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios de seguridad privada”.

“En cuanto a las resoluciones, la Segob emitió mil 256 para la autorización, revalidación, modificación o suspensión temporal o parcial de la prestación de los servicios de seguridad privada, sin que dispusiera del manual de procedimientos para normar y asegurar el adecuado desarrollo de estos procesos”, expresó.

Citó que con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección General de Seguridad Privada propuso modificaciones a su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, a efecto de contar con mecanismos que le permitan evaluar el avance en el cumplimiento de sus funciones.

“En la supervisión de la prestación de los servicios de seguridad privada, en 2015, la entidad fiscalizada realizó 313 visitas de verificación, lo cual significó un cumplimiento de 104.3 por ciento respecto de las 300 verificaciones previstas”, agregó.

“Con las visitas, se determinó que el 12.1 por ciento (38) de las empresas acató las obligaciones establecidas en la normativa, y el 87.9 por ciento (275) restante de los prestadores incumplió al menos uno de los requisitos. La cobertura de verificación se redujo en 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015, al pasar del 98.3 por ciento de verificación de las 703 empresas registradas respecto del 28.5 por ciento de las mil 98 inscritas”, asentó.

Consecuencias Sociales

La ASF determinó ocho observaciones, de las cuales seis fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las dos restantes generaron dos recomendaciones al desempeño.

Dictaminó que en 2015, “se desconoció el universo de empresas que operan en el territorio nacional, su personal y equipo, no se contó con los manuales que garanticen el adecuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó en 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015”.

Antecedentes

Como antecedentes, la Auditoría recordó que en 1982, la crisis y la deuda externa originaron cambios sociales que dificultaron e intensificaron el déficit de vivienda, empleo y servicios públicos, por lo que se consideró que las condiciones económicas del país detonaron el aumento en los índices delictivos. Ante esta situación, las empresas y los ciudadanos buscaron una protección que compensara lo que el Estado por sus propias limitaciones no podía ofrecer, lo que dio paso a la formación de las primeras empresas de seguridad privada, que tenían como objeto proporcionar protección a las personas, información, bienes, incluido su traslado, así como la instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad.

“En la década de los noventa, los servicios de seguridad privada proliferaron, sin contar con una regulación jurídica que obligara a los prestadores del servicio a cumplir con estándares mínimos de calidad, seguridad, capacitación y reclutamiento, lo que generó abusos y actuaciones irregulares”, abundó.

“En 2006, se promulgó la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de normar la prestación de servicios de seguridad privada de empresas que operen en dos o más entidades federativas, así como su infraestructura”, añadió.

“Para llevar a cabo sus funciones en materia de regulación de los servicios de seguridad privada, el gobierno federal diseñó el programa presupuestario E001 “Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito”, el cual sería operado por la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) en conjunto con el Servicio de Protección Federal (SPF), con el objetivo de supervisar los servicios de seguridad privada, así como proporcionar protección a personas, bienes e instalaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal”, mencionó.

“Con las reformas en la Administración Pública Federal realizadas en 2013 y como resultado de la evaluación externa efectuada en 2014 al diseño del programa presupuestario E001 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se separaron las actividades de la DGSP y del SPF, a fin de proporcionar claridad y transparencia a sus resultados, debido a que el programa atendía dos problemáticas, lo que limitaba precisar el cumplimiento de los objetivos”, aseveró.

“En 2015, el programa presupuestario se denominó E905 “Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito”, en cuyo diagnóstico la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación identificó que el problema a atenderse es que los procesos empleados para regular la seguridad privada demandan actualización, modernización y profesionalización”, comentó.

“El objetivo del programa presupuestario E905 se orientó a regular los servicios de seguridad privada, por lo que dirigió sus acciones a la emisión de resoluciones de autorización y la supervisión de la prestación de dichos servicios”, concluyó.