Senado protege a migrantes centroamericanos de crimen organizado

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La senadora Layda Sansores, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, señala que los menores de edad que viajan solos y en condiciones muy vulnerables, son las principales víctimas de las bandas delictivas.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MEXICO, 25 de abril del 2017.- El Senado de la República aprobó un dictamen que modifica los artículos 159 y 160 a la Ley de Migración, a fin de proteger de la delincuencia organizada a migrantes centroamericanos que cruzan el territorio nacional con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.

La senadora Layda Sansores San Román, quien hizo la presentación del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, en su calidad de presidenta, dijo que esto es “para proteger a los migrantes, que se han convertido en un mercado fructífero para los grupos criminales, para la delincuencia organizada”.

“Lo que hace esta modificación es homologar la Ley de Migración con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata”, explicó.

“Creo que las penas que hoy se darán (son mayores), y son mucho más elevadas a quienes quieran obligar a extranjeros, o sea, a migrantes, muchas veces niños, que vienen en condiciones muy vulnerables, a ser parte de estos grupos de delincuencia organizada. Hoy las penas podrán llegar hasta 24 años de prisión”, puntualizó.

Las modificaciones permiten integrar a la Ley de Migración delitos tipificados en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que se establecen penas de ocho a 16 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de bandas delictivas.

El dictamen explica que el propósito es que los migrantes centroamericanos cuenten con los elementos jurídicos para evitar ser obligados a la comisión de delitos, como la venta de drogas, trata de personas, tráfico de órganos, entre otros.

El principal motivo de preocupación son los infantes, pues de acuerdo al Instituto Nacional de Migración (INM), en 2012, se registraron 13 mil niños que viajaron solos de Centroamérica a Estados Unidos, “que requieren de una atención especial por parte de las autoridades federales”.

“La condición de vulnerabilidad que viven dichos menores, los coloca dentro de los principales objetivos de la delincuencia organizada para ser víctimas del delito de trata de personas y tráfico humano en sus diferentes modalidades”, añade el documento.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas definen que la explotación de la que pueden ser objeto estos menores implica la esclavitud, prostitución, trabajos o servicios forzados, mendicidad, utilización en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, tejidos o células y experimentación biomédica de forma clandestina.

El dictamen aprobado por el Senado modifica la minuta correspondiente de la Cámara de Diputados, a fin de dar cumplimiento a la técnica legislativa, por lo que en lugar de crear un artículo 159 bis, se procedió a integrar una nueva fracción al artículo 159.

El dictamen, aprobado en votación nominal con 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

 

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