Prevalecen violencia, inseguridad, injusticia, corrupción e impunidad

In Sociedad Civil
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En cuatro audiencias realizadas por la CIDH en Lima, Perú, organizaciones civiles insistieron en denunciar la actual crisis en México, en donde se investigan y quedan impunes crímenes atroces, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución arbitraria.

WASHINGTON, D.C. 19 de agosto del 2017.- En el Periodo Extraordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones civiles insistieron en denunciar la actual crisis de violencia e inseguridad en México, así como de injusticia, corrupción e impunidad, que afecta en mayor medida a grupos históricamente vulnerados.

La CIDH manifestó que celebró el 163 Período Extraordinario de Sesiones en Lima, Perú, del tres al siete de julio de 2017, a invitación del Estado peruano, y que se realizaron 18 audiencias sobre situaciones de derechos humanos en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.

En el caso de México, se presentó una audiencia por la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en México, en la que las agrupaciones expresaron que la actual crisis de violencia e inseguridad afecta en particular a las personas LGBTI.

Denunciaron que en México seis personas son asesinadas al mes, en función de su identidad de género y que entre 2007 y 2015, ocurrieron 283 feminicidios de mujeres trans.

Las organizaciones señalaron también que hay ausencia de datos oficiales sobre estas víctimas de violencia y que las autoridades sistemáticamente fallan en realizar las debidas investigaciones con un enfoque especial y de género, lo que por su vez fomenta altos índices de impunidad.

Al respecto, el Estado mexicano señaló los esfuerzos hechos en cuanto a adopción de medidas anti discriminación. En 2014, se aprobó reformas a la ley que prohíbe la discriminación de carácter de género, incluyendo la homofobia, la misoginia, y otras formas conexas de intolerancia.

Las autoridades del Estado se refirieron a la creación del Programa Nacional para Igualdad y No Discriminación, que incluye como estrategia impulsar acciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y establece medidas para la debida atención y no discriminación por parte del personal policial; y una cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Durante la audiencia, la Comisión reconoció los avances alcanzados por del Estado mexicano en materia de derechos de las personas LGBTI, tanto a nivel normativo, como a nivel de políticas públicas.

La CIDH subrayó la necesidad de un trabajo conjunto de la sociedad civil y el gobierno para dar efectividad a las normas ya en vigencia en el Estado mexicano. Asimismo, la Comisión reafirmó la necesidad de que el Estado invierta esfuerzos para hacer efectivo el principio de no regresividad en el ámbito de los derechos LGBTI.

Alarmantes niveles de corrupción e impunidad

En la audiencia sobre justicie e impunidad en México, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el sistema de justicia mexicano se caracteriza por los alarmantes niveles de corrupción e impunidad.

Las organizaciones informaron que el enclave de la impunidad es la falta de investigación y sanción de crímenes atroces, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución arbitraria. Además, señalaron que las investigaciones frecuentemente incluyen diligencias ineficientes, intrascendentes, o tardías por lo que las evidencias esenciales se pierden, además de que no transversalizan la perspectiva de género ni un enfoque diferenciado y que a ello se suma la carencia de servicios periciales independientes.

Asimismo, denunciaron que el Estado mexicano es incapaz de investigar y sancionar los graves crímenes que ha cometido en el pasado. Destacaron que para hacer frente a esta problemática, es necesario un poder judicial autónomo e independiente de los poderes políticos.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH que se sume a la firma de un acuerdo de cooperación para la consolidación de un consejo asesor contra la impunidad, que debería ser firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Estado de México, en un formato que permita la participación más amplia posible de la sociedad civil.

Por su parte, el Estado de México reconoció que se enfrenta a un reto significativo para hacer realidad el pleno disfrute de los derechos humanos en materia de procuración y administración de justicia.

Los representantes del Estado señalaron que México ha emprendido reformas estructurales sin precedentes para implementar un modelo jurídico competitivo frente a los enormes retos de violencia y las organizaciones criminales y que para ello, se han tenido en cuenta los procesos de reforma de justicia en países, como Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.

En relación a las graves violaciones a los derechos humanos, los representantes del Estado señalaron que en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, se acordó un plan de fortalecimiento que incluye un mapeo de zonas de riesgo, la creación de unidades estatales de protección para realización de acciones estratégicas en coordinación con el mecanismo federal y la elaboración de un protocolo nacional para la protección de personas defensoras.

La Comisión destacó positivamente el reconocimiento por parte del Estado de México de los retos que enfrenta en materia de justicia. Asimismo, cuestionó a la delegación del Estado sobre la posibilidad de nombrar a un grupo de expertos y expertas en el campo de los derechos humanos y del combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, manifestando la voluntad de la CIDH en contribuir en la ejecución de esta recomendación.

La Comisión también reiteró que el Estado de México debe combatir la impunidad en todos los niveles de gobierno.

Nulo avance en caso Ayotzinapa

Sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, los representantes de la sociedad civil señalaron que, a partir de la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Estado abrió nuevas líneas de investigación y ha formulado un cronograma de actividades, pero que a pesar de esto, el Estado sigue sin avanzar en la determinación del paradero de los estudiantes y sigue sin determinar responsabilidades.

Además, informaron sobre supuesto actos de espionaje cometidos por el gobierno federal contra representantes de los familiares de los estudiantes y miembros del GIEI, a través del malware Pegasus.

Por su parte, el Estado aseguró que todas las líneas de investigación se encuentran abiertas y existe el compromiso de cumplir con el cronograma en los tiempos propuestos. El Estado informó, asimismo, contar con avances en relación con la captación de imágenes por medio de vuelos y respecto del análisis de los teléfonos de los estudiantes desaparecidos.

Además, informó sobre los resultados de las pruebas periciales realizadas sobre el “quinto autobús”. El Estado expresó también su compromiso con la investigación de los presuntos hechos de espionaje.

La Comisión destacó la obligación del Estado de avanzar en las investigaciones y esclarecer lo ocurrido con los estudiantes, realizando mayores esfuerzos y respetando el cronograma propuesto. Asimismo, informó sobre la remisión de un cuestionario al Estado en el marco del monitoreo que realiza el Mecanismo Especial de Seguimiento.

Por otra parte, la Comisión expresó su preocupación respecto a las denuncias de espionaje y solicitó al Estado información sobre la investigación de estos hechos. Asimismo, informó sobre la recepción de una carta de parte de integrantes del GIEI, en la que se informa que varios miembros del grupo podrían haber sido víctimas de espionaje por parte del Estado mexicano.

Caso de desaparición de 5 integrantes de la familia Guzmán

Finalmente, sobre el caso 12.918 – Amafer Guzmán Cruz y otros, en la cual Abdellán Guzmán Cruz, una de las presuntas víctimas del caso, rindió su declaración sobre la supuesta persecución que sufrieron sus familiares a partir de 1974 y que resultó en la supuesta desaparición forzada de cinco de sus familiares.

Guzmán Cruz indicó también que su hermano, Alexander Guzmán Cruz, fue detenido y torturado y que como consecuencia de dichas torturas, actualmente sufre de discapacidad mental.

Asimismo, indicó que con posterioridad, como consecuencia de su búsqueda por justicia, su domicilio ha sido allanado en al menos tres ocasiones en 2008, 2012 y 2015, y que él y algunos de sus familiares han recibido diversas amenazas de muerte. Las organizaciones peticionarias presentaron argumentos de fondo y reiteraron su solicitud a la CIDH de que emita el informe de fondo del caso.

Por su parte, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional con relación a algunas de las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios, indicó que en general ha investigado los hechos del caso conforme a los estándares internacionales y que ha puesto en marcha diversos mecanismos a fin de reparar integralmente a las presuntas víctimas del caso.

 

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