La ASF dictamina que la regulación del manejo forestal, a cargo de la Semarnat, y la coordinación de las dependencias del sector forestal, fueron insuficientes para reducir la pérdida forestal, estimada por la FAO en 155 mil hectáreas anuales.
Por Daniel Sánchez
CIUDAD DE MEXICO, 11 de julio del 2017.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó que la regulación del manejo forestal, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la coordinación de las instituciones federales, estatales y particulares, fueron insuficientes “para reducir la degradación y deforestación de los bosques, que originaron un costo de 15 mil 461.7 millones de pesos y una pérdida anual, estimada por la FAO, de 155 mil hectáreas, poniendo en riesgo las funciones ambientales de los ecosistemas y sus servicios”.
El organismo fiscalizador federal fue más allá y aseguró que “los gastos erogados por las cuatro entidades responsables de la política forestal en materia ambiental (Semarnat, Conanp, Conafor y Profepa) ascendieron a ocho mil 14.9 millones de pesos y representaron el 23.1 por ciento del costo por agotamiento de los recursos, por lo que los recursos asignados a las instancias responsables de la política forestal no han sido efectivos para cumplir con detener y revertir la pérdida del capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo”.
“En opinión de la ASF, la Semarnat ha tenido una contribución marginal en la atención el problema público y por tanto, en la reducción de la deforestación y degradación de los recursos forestales, ya que se han otorgado autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sin contar con todos los instrumentos técnicos requeridos, así como en ecosistemas sensibles”, indicó.
“El saneamiento de zonas forestales afectadas por plagas y enfermedades no es representativo; se otorgó una autorización de aprovechamiento forestal en una zona afectada por degradación química; desde hace 70 años no se han emitido vedas forestales, y prevalece la falta de operación de una instancia coordinadora del sector forestal, lo que generó un costo de 15 mil 461.7 millones de pesos y una pérdida anual, estimada por la FAO, de 155.0 miles de hectáreas, por lo que no se propició el desarrollo forestal sustentable”, puntualizó.
La Auditoría Superior de la Federación realizó una revisión de desempeño a la función de la regulación forestal, a cargo de la Semarnat, y emitió un dictamen con fecha nueve de junio del 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría.
Manifestó que los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y productos industriales.
“México cuenta con gran cantidad de ecosistemas forestales, pero el crecimiento del país ha estado lejos de ser ambientalmente sustentable, en el periodo de 2005 a 2010, la superficie forestal registró una pérdida estimada de 155 mil hectáreas anuales, lo que colocó a nuestro país en el lugar 21 en el mundo en pérdida relativa, siendo el único de la OCDE en que existe un problema de deforestación. Los principales problemas en materia forestal son el uso ilegal y el cambio de uso de suelo, aunado a su afectación por incendios, plagas y enfermedades, lo que ocasiona la deforestación y degradación de los recursos forestales”, detalló.
“En respuesta de los problemas identificados, en agosto 2001, se elaboró del Programa Estratégico Forestal para México 2025, con el objetivo de disponer de una estrategia para el desarrollo forestal sustentable, basada en ajustes de las políticas, instituciones y de la legislación. En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con objeto de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias en materia forestal con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable”, agregó.
“La Semarnat quedó definida como la responsable regular la ordenación, protección, aprovechamiento, y conservación de los recursos forestales, así como de coordinar la operación de las instituciones federales, estatales y privadas que tienen incidencia en el sector forestal, a fin de contribuir a la reforestación y restauración, que propicie el desarrollo forestal sustentable”, abundó.
“En cuanto a la regulación en ordenación, se verificó que fueron emitidas 30 autorizaciones de remoción de vegetación forestal en una superficie de 705.7 hectáreas en 32 zonas cubiertas por vegetación de ecosistemas sensibles, lo que reduce la productividad y servicios ambientales generados por dichos ecosistemas”, añadió.
Mencionó que en la protección, en 2016, la Secretaría notificó a los particulares la existencia de 92 mil 56.9 hectáreas afectadas por plagas y enfermedades, de las cuales 82 mil 511.8, el 89.6 por ciento, son susceptibles de sanear, de éstas, los privados sanearon dos mil 287 hectáreas (2.8 por ciento), y en el 97.2 por ciento se desconoció si la superficie fue tratada. Asimismo, la Semarnat recibió 149 solicitudes de aprovechamiento de recursos forestales, de las cuales el 80.5 por ciento (120) fue autorizado.
“En la conservación, se constató que únicamente se dispone de una veda forestal, por lo que durante 70 años, la Semarnat no ha elaborado, ni recibido por parte de los gobiernos estatales, estudios técnicos que le permitan proponer al Ejecutivo Federal el decreto de vedas, lo que pudiera limitar la conservación de los recursos forestales”, aseveró.
“Respecto de la coordinación, al 2016, la Secretaría no se estableció el Servicio Nacional Forestal, que debió operar desde el 2003; por lo que promovió una modificación normativa que lo sustituirá por el Consejo Nacional Forestal, la cual aún está en proceso de aprobación del ejecutivo federal, por lo que después de 14 años, no se dispone de una instancia que coordine la operación de las instituciones federales, y estatales, y de los particulares, lo que incide negativamente en la operación eficiente y concertada del sector forestal”, comentó.
“Por lo que corresponde a la deforestación y degradación, las deficiencias en la regulación de los recursos forestales y en coordinación de las instituciones con incidencia en el sector, se reflejaron en un costo por agotamiento de los recursos forestales, que en 2016 ascendió a 15 mil 461.7 millones de pesos, los cuales significaron el 15 por ciento de los 103 mil 97 millones de pesos del costo por agotamiento de los recursos naturales”, finalizó.
Para leer el informe completo de la auditoría:
