Que sí pagó servicios no ejecutados: Sobrino político de “Alito”

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El delegado de la CDI, Pedro Armentía, intenta negar su participación en la modificación y el pago de servicios por 4.5 millones de pesos en 13 contratos del Programa de Infraestructura Indígena del 2016, pero el dictamen de la ASF lo desmiente.

Por Daniel Sánchez y Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 26 de julio del 2017.- El delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Pedro Armentía López (sobrino político de Alejandro Moreno Cárdenas), intentó negar su participación en la modificación y el pago de servicios no ejecutados por cuatro millones 562 mil pesos en 13 contratos del Programa de Infraestructura Indígena del 2016 en comunidades campechanas, pero el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo desmiente.

“Que se pagaron injustificadamente, es un informe de la Auditoria Superior de la Federación, yo como delegado de la CDI en Campeche debo cargar los contratos que vienen validados, autorizados, por la Dirección General de Infraestructura, hay que ser claros con esto, en el informe no dice que se auditó a Campeche, se auditaron los proyectos ejecutivos de Sonora, Hidalgo, Campeche y es una auditoria a la Dirección de Infraestructura de México, yo pago lo que hay en un contrato; si no pago, es un incumplimiento”, terminó aceptando el funcionario federal.

Sin embargo, en el dictamen de la ASF se especifica que se realizó una auditoría de inversiones físicas en “proyectos de inversión en las delegaciones estatales de los estados de Hidalgo, Sonora y Campeche”, y se cita hasta en tres ocasiones que el delegado de la CDI en Campeche envió oficios para responder a los señalamientos.

En entrevista, Armentía López mostró primero su intolerancia, como su jefe político, al declarar que no le gusta “que traten de poner títulos amarillentos, títulos golpeadores”, y en seguimiento del discurso político de Moreno Cárdenas, intentó hacerse la víctima, diciendo que es “una persona que lo único que hace es trabajar, recorrer las comunidades y las comunidades más vulnerables del estado”.

“Segundo, quieren confundir, quieren buscarle algo malo al trabajo de una persona, yo respeto, nunca me meto a dimes y diretes, soy una persona muy frontal, que siempre da la cara, una persona luchona, entrona, que le gusta hacer las cosas bien”, puntualizó.

– ¿Pero bueno, se pagaron los contratos, por qué dice que no se pagó?

– No, dice que se presume un daño al erario, no dice que se hizo un daño, la justificación está presentada por la Dirección General de Infraestructura, ya le competerá a la Auditoría Superior si así lo detecta o así lo hace, pedirle a los contratistas el reintegro, porque es a los contratistas, no es a un servidor o a la delegación de Campeche, se pagaron contratos para hacer estudios de drenaje y saneamiento, nunca se pagó un estudio de impacto ambiental, se pagó un proyecto completo, si dentro de un proyecto, una partida, para la Auditoría, no se debió de haber pagado, se corrige la partida y que sea México quien lo aclare y quien devuelva el dinero será el contratista. De ser así, es un presunto, nunca se habla de un desvío, nunca se habla de que se mandó dinero para algo y se utilizó para otro, nunca se habla de un desvío de la CDI Campeche.

La revelación

Paginabierta.mx publicó el cinco de julio del 2017 que la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos de servicios no ejecutados por cuatro millones 562 mil pesos en 13 contratos en la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Campeche, a cargo de Pedro Armentía.

“Se realizaron convenios para modificar el objeto de los contratos de servicios; sin embargo, no llevaron a cabo los ajustes del importe contractual de las actividades canceladas, ni acreditó la justificación de dichos cambios”, dictaminó el organismo fiscalizador federal.

“Se pagaron servicios no ejecutados por cuatro millones 562 mil pesos, en los 13 contratos revisados, en el concepto Estudio de impacto ambiental”, apuntó.

Por estas irregularidades, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria “para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos”.

Los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado números 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 0401/PROII/INVRES3/02/2016, 0401/PROII/INVRES3/03/2016, 0401/PROII/INVRES3/04/2016, 0401/PROII/INVRES3/06/2016, 0401/PROII/INVRES3/07/2016, 0401/PROII/INVRES3/08/2016, 0401/PROII/INVRES3/09/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016, 0401/PROII/INVRES3/11/2016, 0401/PROII/INVRES3/13/2016 y 0401/PROII/INVRES3/14/2016 y 0401/PROII/INVRES3/15/2016.

El objeto de los convenios fue para la “elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento, para beneficiar a las localidades de Bacabchén, San Agustín Chunhuas, Nunkiní y Xkakoch, en el municipio de Calkiní, con el Grupo Inmobiliario y Constructor Verdum, S.A. de C.V.; a las localidades de Nilchí, San Camilo (Chencollí), San Francisco Kobén y Tikinmul, municipio de Campeche, con Geoterra Ambiental, S.C.; a las localidades de Nohakal, Quetzal Edzná, Kikab y Los Laureles, en el municipio de Campeche, con TM Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., y a las localidades de Xbacab, Chac Cheíto y José López Portillo, en el municipio de Champotón, con Megalita, S.A. de C.V.

Asimismo, también en las localidades de Pomuch y Sodzil, en el municipio de Hecelchakán, con Construcciones e Innovaciones Rejón, S.A. de C.V.; Dzitnup, Nohalal, Dzotchén, Montebello y Blanca Flor, en el municipio de Hecelchakán, con Csies Integral, s. de R.L. de C.V.; Chan-chén, Pachuitz, Ukum, Xmabén y Xmejía, en el municipio de Hopelchén, con Laboratorio de Materiales, S.A. de C.V.; Dzibalchén, Vicente Guerrero y Ramón Corona, en el municipio de Hopelchén, con Constructora e Imagen Urbana del Valle, S.A. de C.V., y Becanchén, Chencoh, Komchén, Pakchén y Xcupil, en el municipio de Hopelchén, con Proyectos y Estructuras ABR, S.A. de C.V.

Igualmente a las localidades de de Bolonchén de Rejón, Katab y Suc-Tuc, en el municipio de Hopelchén, con Gloria del Carmen Cabrera Palma; Belén, Matamoros, Centenario, Flor de Chiapas, Benito Juárez número 3 y Miguel de La Madrid, en el municipio de Escárcega, con Monitor Administrativo y Logístico, S.C.; Don Samuel, El Huiro, Kilómetro 74, en Escárcega, con Diego Fernando Jiménez Solís, y 16 de Septiembre (Laguna de Alvarado), El Carmen II (Las Carmelas), La Guadalupe, La Lucha y La Virgencita de la Candelaria, en Calakmul, con Construcciones Contemporáneos Emil-Line, S. de R.L.

Las irregularidades en contratos de CDI en Campeche

La auditoría de inversiones físicas, realizada por la ASF, detectó que “la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) realizó convenios para modificar la naturaleza y características del objeto de 13 contratos de servicios relacionados con la obra pública”, realizados en Campeche, “sin embargo, no llevó a cabo los ajustes del importe contractual de las actividades canceladas, ni acreditó la justificación de dichos cambios”.

“Mediante el oficio núm. CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el subdirector de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó copia del oficio núm. DCAM/0594/2016 del 2 de agosto de 2016, con el que el delegado de la CDI en Campeche solicitó al director general Adjunto de Infraestructura la autorización de las modificaciones de los contratos que corresponden a la descripción de los estudios y proyectos, así como a las partidas a ejecutar; esto derivado de los estudios y proyectos que concluyeron que no es procedente la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y se determinó como solución la construcción de sistemas sanitarios”.

“En respuesta, mediante el oficio núm. CGI/DGAI/DOI/OF/094 del 17 de agosto de 2016, el director general Adjunto de Infraestructura autorizó las modificaciones; por lo que el 18 de agosto de 2016, se celebraron los convenios correspondientes e informó que conforme a lo establecido en el artículo 53 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante los oficios correspondientes designó a los residentes de los servicios para cada contrato, quienes de acuerdo a las facultades que les confieren los artículos 53 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 111, 112, 113 y 114 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, celebraron los convenios que modifican las condiciones originalmente pactadas en los contratos de servicios relacionados con la obra pública, fundados y motivados en los dictámenes técnicos correspondientes en los que se establece que de acuerdo a los estudios de factibilidad elaborados por las empresas contratistas, se determinó que la construcción del sistema de alcantarillado sanitario era poco factible en las localidades indígenas”.

“Se propone la construcción del sistema de saneamiento a base de un baño con un sistema de biodigestor autolimpiable, consistente en un sistema de tratamiento primario de aguas residuales domésticas, con los siguientes beneficios: seguridad, privacidad y comodidad; bajo costo y fácil construcción; con capacitación el usuario puede hacerse responsable de uso y cuidado de su sistema de saneamiento y es amable con el medio ambiente, finalmente con fundamento en lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fueron formalizados los convenios mencionados”.

Por otra parte, el organismo fiscalizador manifestó que la CDI no vigiló, ni controló el desarrollo de los trabajos ejecutados al amparo de los 13 contratos de servicios relacionados con la obra pública en Campeche, en virtud de que autorizó pagos por un monto de cuatro millones 562 mil pesos en el concepto núm. 9 “Estudio de impacto ambiental, aprovechamiento de aguas (permiso de descarga de aguas residuales o título de concesión), trámite ante INAH”, sin proceder dicho concepto en razón de las modificaciones al objeto de los contratos.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de cuatro millones 561 mil 987 pesos, debido a que no se justificaron los pagos de derechos ante la Semarnat, ni el pago por derecho ante el INAH, considerados en la integración de la matriz del precio unitario núm. 9, así como de la procedencia de dicho concepto”, concluyó.

También se constató que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas omitió usar de manera adecuada la bitácora electrónica, debido a que no se asentaron las notas correspondientes de solicitud, trámite y autorización de la modificación sustantiva del objeto del contrato y de los asuntos trascendentales que derivaron de la ejecución de los trabajos, pero en el transcurso de la auditoría, lo corrigió.

Aquí se puede consultar el informe completo de la ASF:

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0279_a.pdf

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