Omisión de autoridades en caso de indígenas agredidas por policías

In Local
Ni una más

El Observatorio de Violencia Social y de Género presenta 2 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos por la violencia contra tzotziles que venden artesanías en el centro histórico de la capital campechana.

Por Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 20 de abril del 2017.- El Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche (OVSGC) interpuso quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC), por la agresión de la Policía Estatal a las indígenas que comercializan artesanías en el centro histórico de la capital campechana.

Argentina Casanova Mendoza, fundadora de la organización civil, señaló que varias son las autoridades que están en omisión, al no intervenir en este caso, y dio a conocer que la semana pasada, presentaron quejas en la Comisión Estatal, por diversas violaciones contra las artesanas chiapanecas que venden de manera ambulante en el centro histórico.

“Tuvimos informes de lo acontecido con tres mujeres víctimas de estos hechos de violencia, dos de ellas menores de edad, de 13 y 15 años, y realizamos el acompañamiento para la presentación de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, esto con el propósito de señalar que se habían cometido diversas violaciones a los derechos humanos contra estas mujeres y sobre todo de las niñas, ya que están protegidas precisamente por los derechos de la infancia”, explicó.

Manifestó que la parte más sustancial de la queja va en el sentido de la falta de traductor, que es una violación a derechos cuando se trata de población indígena, ya que no hay una comprensión al cien por ciento del español y no se dirigieron a ellas para informarles cuál era el procedimiento, además, no se cumplió con la aplicación de un protocolo para la detención y en el caso de las menores, la Constitución es muy clara cuando se realiza un procedimiento legal contra menores.

“Tiene que haber un personal especializado para realizar la detención de menores de edad, es un procedimiento distinto que está en la Constitución, no lo estamos inventando nosotras, es una violación constitucional y se viola un artículo muy importante de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere al principio de no ser molestado y el libre tránsito de las personas, precisamente porque debe haber un acuerdo, un acercamiento y no se puede partir de que está prohibida cierta actividad en el centro, dado que sabemos que lo que están haciendo estas mujeres y niñas es obtener un ingreso”, indicó.

La defensora de los derechos de las mujeres en Campeche aseveró que México tiene una deuda con los grupos originarios del país, por lo que definitivamente dejarlas trabajar en el centro no es un favor.

“No les estamos haciendo un favor al permitirles vender sus mercancías, no es un favor, si no que están en esas actividades, porque son a las que tienen acceso y las alternativas que les han quedado, por la violencia estructural, que no les ha permitido acceso a la educación, a una vivienda digna, a un empleo bien remunerado”, agregó.

Apeló al sentido de la empatía de los campechanos, así como a su humanismo, ya que “es necesario que la población entienda que las indígenas y los indígenas son mexicanos, no son ciudadanos de segunda, no son persona que podamos violentar arbitrariamente y que no tenga consecuencias, son mexicanas y mexicanos, y tiene que haber conciencias, justo se ha señalado que México tiene una deuda histórica con los pueblos originarios y esto no abona a saldar esa deuda y confirma que en México ser indígena es razón suficiente para ser víctima de violaciones derechos humanos”.

Con respecto a las quejas presentadas, mencionó que fueron dos quejas y se integró en un solo expediente, al momento de que las indígenas presentaron su relatoría de hechos, se contó con un traductor tzotzil, con lo que se amplió la declaración y dio mayor posibilidad de comprender por lo que han estado pasando estas mujeres.

Asimismo, Casanova Mendoza cuestionó que todas las autoridades deberían estar involucradas en el tema, así como diversas comisiones del Congreso local, que han hecho caso omiso y han guardado silencio, cayendo en omisiones.

“Lo cuestionable en nuestra sociedad no es la tibia, sino la ausencia completa de pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, de la Comisión de Igualdad del Congreso, de la Comisión de Menores del Congreso y también de la Procuraduría de la Defensa del Menor y del Instituto de la Mujer, todas estas instituciones tiene una obligación legal, tendrían que haberse pronunciado y debieron intervenir, es muy fácil decir que hay una red de trata detrás de ellas, pero he señalado y vuelvo a señalar que si se tenía información de una situación de trata, estaríamos ante una omisión grave, porque se dan violaciones a derechos humanos por omisión y saberlo y no hacer nada, es omisión”, puntualizó.

Respecto al pronunciamiento del secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, la entrevistada puntualizó que las opiniones personales las podemos hablar en el café, ya que los servidores públicos están obligados a cumplir el principio de derechos humanos y la progresividad y la protección a los derechos humanos, con fundamento en el primero constitucional.

 

Ni una más

Seguro te interesa esto.

Por negligencia, muere jirafa en zoológico de Carmen

Aparentemente, según la necropsia realizada al animal, murió por desnutrición, aunque la versión oficial arroja que fue por causa

Leer Más…

Vinculan a proceso a líder de taxistas que señaló corrupción en el IET

El líder de taxistas de Escárcega fue vinculado a proceso este miércoles, con delitos inexistentes y pruebas infundadas /

Leer Más…

Exige Morena disculpas publicas a Adriana Ortiz Lanz por expresiones homofóbicas

CAMPECHE, Cam., a 15 de noviembre de 2017.-En conferencia de prensa Bertha Pérez Herrera, regidora de Morena en el

Leer Más…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu