Observatorio repudia agresión a indígenas y demanda sanción a responsables

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La organización civil denuncia que el hostigamiento y el acoso de agentes policiacos y de Vialidad contra las mujeres tzotziles, que comercializan artesanías en el centro histórico, data de hace varios meses.

Por Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 9 de abril del 2017.- El Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche repudió los actos de violencia de la Policía Estatal Preventiva en contra de mujeres indígenas, que comercializan artesanías en el centro histórico de la capital campechana, así como el hostigamiento y el acoso de los servidores públicos municipales que, desde hace meses, se viene presentando.

La organización de defensoras de los derechos de la mujer, fundada por la escritora y periodista, Argentina Casanova Mendoza, manifestó que este actuar de los agentes policiacos y de Vialidad “es vergonzoso”, ya que una de las agredidas es una niña tzotzil, de sólo 15 años de edad, quien apenas habla español.

El Observatorio demandó: “Una investigación de los hechos y sanción a las personas responsables, así como la garantía de no repetición, a través de la implementación de los protocolos de uso de la fuerza y garantizar el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que compromete al Estado Mexicano a respetar los derechos y libertades de las personas, a garantizar la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

A continuación el comunicado emitido por el Observatorio en Campeche:

El Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche manifiesta su repudio a los actos de abuso e inadecuado uso de la fuerza policial cometidos en contra de una niña y una mujer, indígenas ambas, vendedoras ambulantes de artesanías, así como de los hechos de acoso, persecución y hostigamiento que servidores públicos del Ayuntamiento de Campeche han emprendido contra otras vendedoras durante los últimos meses y que han recrudecido hasta convertirse en graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y la infancia.

Los actos constituyen una vergonzosa actuación de los elementos policiales que intervinieron en el operativo (Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de Vialidad), mismos que detuvieron a las mujeres, esposándola y golpeándola para retirarlas de la zona. Una de ellas, es una niña de 15 años indígena tzotzil que apenas habla un poco de español y un familiar suyo, ambas dedicadas a vender sus artesanías para su subsistencia.

Los hechos evidencian una clara discriminación en contra de los pueblos originarios, especialmente contra las niñas y las mujeres en situación de vulnerabilidad marginadas y que no solo viven la violencia estructural de no tener acceso a los satisfactores necesarias que las obligan a desplazarse de su lugar de origen, de no tener a la acceso a la educación, un trabajo bien remunerado que les garantice el buen vivir y el ejercicio pleno de sus derechos.

Es grave y preocupante que el Estado haga uso de las fuerzas públicas en contra de poblaciones en condiciones de marginación y vulnerabilidad, como son reconocidas en todos los protocolos de acceso a la justicia las niñas, las mujeres y las poblaciones indígenas, así como las personas en condición de pobreza, ya que el Estado Mexicano no solo ha sido incapaz de garantizar el acceso al pleno ejercicio de sus derechos, sino que además ejerce violencia a través de sus corporaciones contra las niñas y las mujeres.

Reconocemos el espíritu de solidaridad y sentido humano de las personas que presenciaron el hecho, e intervinieron para impedir que la menor y su familiar fueran detenidas, considerando que solo mediante los lazos comunitarios para la defensa de la dignidad humana, se hace posible afrontar las graves violaciones que día a día se cometen contra la población en México, donde se violentan los derechos humanos de manera sistemática y estructural.

Demandamos una investigación de los hechos y sanción a las personas responsables, así como la garantía de no repetición a través de la implementación de los protocolos de uso de la fuerza y garantizar el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que compromete al Estado Mexicano a respetar los derechos y libertades de las personas, a garantizar la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 

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