Sancionar quien cometa prácticas discriminatorias contra mujeres/Especial

Por Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias

CIUDAD DE MEXICO, 25 de julio del 2017.- El Nuevo Sistema de Justicia Penal no podrán garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los daños a las mujeres, si jueces y personal de Ministerios Públicos continúan cometiendo prácticas discriminatorias, misóginas y sexistas al analizar los casos, una solución es la sanción y despido para quienes las cometan.

Así lo considera el coordinador de la Clínica Justicia y Género “Marisela Escobedo” de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Alberto Muñoz López, quien explica que el principal reto de este nuevo Sistema Penal de Justicia que entró en vigor en 2008 tras una reforma constitucional, no es capacitar a los funcionarios sobre los nuevos procedimientos, si no erradicar aquellas prácticas discriminatorias que son el obstáculo para garantizar los derechos que tienen las mujeres víctimas de algún delito.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado recordó que estas prácticas violatorias por parte de funcionarios del sistema de administración de justicia son una práctica cotidiana en nuestro país y quedaron acentuadas en la sentencia de “Campo Algodonero”.

En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) precisa que los funcionarios encargados de la investigación del feminicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez obstaculizaron el proceso y violentaron a las víctimas, enviándose un mensaje a la sociedad civil que la violencia contra las mujeres es tolerada, además de generar un sentimiento de desconfianza en las víctimas hacía las instituciones públicas.

“Eso lo tenías en el anterior sistema, se evidencia miles de veces en la sentencia de Campo Algodonero, el prejuicio es muy difícil de erradicarlo y una norma procedimental nueva no te lo quita”, aseveró Muñoz López.

La respuesta del Estado para confrontar este tipo de actuaciones en el nuevo sistema de justicia fue capacitar a sus servidores públicos, concientizarlos entorno a las desigualdades de género y recordarles su obligación en la prevención, sanción y erradicación de la violencia cometida contra mujeres.

El Ejecutivo Federal señaló en su Cuarto Informe de Gobierno que como parte de la profesionalización del personal en perspectiva de género en el nuevo sistema penal, de noviembre de 2015 a marzo de 2016, capacito “a través de una plataforma informática” a 230 servidores públicos que operan los Centros de Justicia para la Mujeres del país.

También impartió 79 talleres sobre “sensibilización de género, perspectiva de género, Derechos Humanos de las mujeres, prevención de la violencia laboral, masculinidades y discriminación, y políticas públicas de género”, en la que participaron 4 mil 079 funcionarios (2 mil 530 mujeres y mil 549 hombres).

Sin embargo, señaló el abogado, quien forma parte de la organización civil de monitoreo de sentencias y actuación de jueces, Equis Justicia para las Mujeres, no se ha detectado un cambio sustantivo en los procesos judiciales que enfrentan las mujeres bajo este nuevo modelo, “los prejuicios y la violencia institucional ejercida por los servidores públicos es la misma”.

Lo ejemplifica con el caso de los “Porkys”, cuatro jóvenes que en 2015 violaron a la menor de edad Daphne Fernández en el estado de Veracruz, después de dos años, en marzo pasado, el Poder Judicial otorgó un amparo a uno de los agresores porque un juez argumentó que no había elementos para comprobar que el joven tenía una “intención lasciva o de satisfacer un deseo sexual”.

Este caso, explicó el abogado Muñoz, “demuestra que no hay ninguna diferencia en los criterios de análisis que tienen los servidores encargados de impartir justicia”.

Víctimas en desamparo por interpretaciones

Por lo tanto, explicó el especialista, aunque en este nuevo sistema se exija un mayor rigor en la obtención y presentación de evidencias para procesar a los inculpados, si la interpretación de los jueces se basa es prejuicios y estereotipos sexistas, no se puede garantizar el acceso a la justicia para las mujeres.

“En específico en los casos de violencia sexual y violencia familiar el nuevo sistema difícilmente va cambiar prácticas en las que considere que una mujer se buscó lo que le paso. Un procedimiento no te cambia lo que está en la mente de los funcionarios, yo sigo viendo los prejuicios en Ministerios Públicos y jueces”, dijo.

Cabe recordar, que parte de estos análisis basadas en la perspectiva de género para proteger a las mujeres víctimas de algún delito, las deberá realizar el personal ministerial, pues con este nuevo sistema sólo los delitos de violación y trata de personas –en las que las estadísticas indican que en su mayoría afectan a mujeres- requieren prisión preventiva oficiosa hasta otorgar una sentencia.

Para el resto como violencia familiar, abuso sexual, entre otros, será responsabilidad del personal ministerial medir el riesgo en el que se encuentra la víctima y dictar la medida de seguridad que crea correspondiente durante el proceso, lo cual puede ir desde avisos de restricciones hasta considerar la prisión preventiva.

Evaluar y sancionar a servidores

El funcionamiento del nuevo sistema depende en gran medida de la actuación de sus integrantes, afirma el abogado Muñoz López, por lo que propone realizar un “sistema de evaluación y deserciones de servidores públicos” que hayan incurrido en alguna falta u obstaculizado el acceso a la justicia.

“Mientras no haya una responsabilidad por un mal actuar de los operadores jurídicos, no va pasar nada”, insistió el abogado de Equis Justicia, y señaló que también es reto que debería de contemplar el nuevo sistema, “todos los delitos por los que puedes denunciar a un servidos público muy difícilmente son consignados porque hay un tratado interno de no pegarse entre ellos, hablamos de impunidad”, concluyó.