Por Argentina Casanova

Si algo fue celebrado en México, fue la disposición que integró a las leyes mexicanas la paridad como algo obligatorio dentro de las candidaturas, en la Reforma Electoral aprobada a principios de este año, como la consumación misma de más de 150 años de la búsqueda del reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres en nuestro país, pero también del ejercicio pleno de ésta en el escenario político-electoral, que al menos en papel, ya garantiza que las mujeres tendrán las mismas oportunidades que los hombres de acceder a cargos de elección popular. De inmediato nos salta la pregunta de si esta medida por escrito, garantizará la participación política de las mujeres, la respuesta casi se puede adivinar, aunque no bajo un procedimiento azaroso, sino del conocimiento, conciencia y reconocimiento de la realidad económica, social y política de las mujeres en este país. Sabemos que la medida afrontará las mismas resistencias y reticencias que en su momento tuvo la fórmula 60/40. Cuando en el proceso electoral del 2012, los partidos políticos tuvieron tantos problemas para alcanzar la participación mínima de mujeres en sus listas de candidaturas al Senado, Cámara de Diputados y elecciones locales, lo que quedó en evidencia, además de los argumentos facilistas de “que no hay mujeres”, “a ver, dame 10 nombres de mujeres que puedan ser candidatas”, pues fue precisamente que al interior de los partidos políticos no se ha trabajado en fortalecer la participación y los liderazgos femeninos. Hasta ahora, el trabajo de las mujeres, y la mayoría de ellas está consciente, consiste en hacer el cabildeo, el barrido casa por casa, la búsqueda de apoyos, la negociación, el liderazgo a favor de un candidato, la coordinación, la búsqueda de recursos, pero pocas veces esto las lleva a ser las nominadas para una candidatura, incluso, por argumentos de otras mujeres que sí han llegado, que exigen y demandan “estar preparadas”, “hacer un buen papel”, “tener currículo profesional” y demás argumentos. Basta revisar que hay 4 países más que se adelantaron a la disposición de la paridad en sus marcos jurídicos electorales en América Latina, para darnos cuenta que lo de México es algo más que resistencia normativa, y halla una perfecta correspondencia con el escenario machista, discriminador, o en términos más estrictos, de una estructura social proclive a la ponderación de la participación masculina en los espacios públicos y la masculinización del poder y nuestra manera de aceptarlo, entenderlo y relacionarnos con él, como sociedad. No se trata exclusivamente de cuántas mujeres han llegado, sino cuántas, al obtener una candidatura, pasan automáticamente a ser voces dicentes del discurso patriarcal en el plano electoral, que cumple a pie juntillas el dictado de la defensa misma del sistema y sus condiciones para con las mujeres. También de cuántas mujeres realmente se plantean la posibilidad de desaprender esquemas de poder vertical y jerárquico y optar por los que se proponen desde la teoría feminista o la teoría de género. Retomando la pregunta inicial ¿Puede la reforma garantizar la incorporación de las mujeres y eliminar la exclusión estructural? La respuesta es no, como todo proceso de transformación social, la especificidad legal ayudará en gran medida, aunque es la educación formal y la educación cívica la que contribuirá a favorecer realmente este cambio, mediante espacios de formación, capacitación, empoderamiento y apropiación de los derechos políticos de todas las mujeres, creados por ellas mismas, lo que realmente ayudar, y en otra parte, que la sociedad misma empiece por asimilar este proceso con el impulso de acciones de transformación comunitaria, que alienten y permitan que las mujeres salgan de sus casas para instruirse y formarse en sus derechos ciudadanos a votar y a ser votadas. Las fórmulas nunca habrían sido necesarias como tampoco disponer de la “paridad” en el papel, de no ser precisamente porque hay una sólida estructura social que se opone, cuestiona e impide la participación de las mujeres, so pena de despojarlas, cuestionar, exhibir y castigar y reprender su intento de participación. Y eso sin contar la doble o la triple jornada que constituye el más grande obstáculo para las tareas tradicionalmente conferidas a las mujeres.