En 2016, según la ASF, no se atendió la carencia de herramientas técnico-pedagógicas para instrumentar el plan y los programas de estudio vigentes, ya que el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa presentó deficiencias en su diseño, que afectaron su operación, además de que registró un subejercicio de 157 millones de pesos.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 11 de julio del 2017.- “En opinión de la ASF, la SEP (Secretaría de Educación Pública) no acreditó que, mediante el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, se atendió el problema relativo a que las escuelas públicas de educación básica carecían de herramientas técnico-pedagógicas para instrumentar el plan y los programas de estudio vigentes en 2016”, dictaminó la Auditoría Superior de la Federación.
“El diseño de este programa presentó deficiencias que afectaron su operación, entre las que se encuentran la carencia de los procedimientos y criterios para materializar sus objetivos; respecto del otorgamiento de los apoyos técnicos, no se acreditó su entrega a las autoridades educativas locales y, por lo que corresponde a los apoyos financieros, no se ajustaron a los criterios de distribución definidos, ni se ejerció la totalidad de los recursos transferidos a las entidades federativas, y no es posible determinar los efectos del programa en la adecuada instrumentación del plan y de los programas de estudio vigentes en las escuelas públicas de educación básica participantes”, expresó.
“Por ello, se requiere que la SEP, en coordinación con el Coneval, valore la necesidad de corregir, modificar o reorientar el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, a fin de instrumentar el nuevo plan y los programas de estudio de educación básica, los cuales se publicarán en 2017 y entrarán en vigor en el ciclo escolar 2018-2019”, puntualizó y reveló que hubo un subejercicio del 29.2 por ciento (157 millones 628.7 mil pesos) de los recursos transferidos.
El organismo fiscalizador federal revisó el desempeño del programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, que tiene a su cargo la SEP y que es uno de los principales objetivos de la mal llamada Reforma Educativa, y halló en 2016 como consecuencias sociales que “el programa otorgó apoyos técnicos y financieros para que 40 mil 819 escuelas públicas de educación básica instrumentaran el plan y los programas de estudio vigentes en ese año, a fin de que los alumnos de ese nivel educativo desarrollaran los conocimientos y las competencias necesarias para avanzar en su trayectoria educativa”.
“Sin embargo, la SEP no contó con criterios, ni procedimientos para garantizar que los apoyos se focalizaron en las escuelas que más lo requerían, ni dispuso de información que permitiera evaluar en qué medida el programa contribuyó a la adecuada instrumentación del plan y de los programas de estudio vigentes”, indicó.
En su dictamen, emitido el 13 de junio de 2017, la ASF manifestó que en “el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se reconoció que el currículo de educación básica vigente estaba sobrecargado con contenidos prescindibles que impedían poner énfasis en lo indispensable para alcanzar el perfil de egreso y las competencias requeridas para lograr un óptimo nivel académico”.
Asimismo, agregó, en el diagnóstico del programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, la SEP identificó que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica no desarrollan habilidades de lenguaje, comunicación y matemáticas, por la inadecuada instrumentación del plan y de los programas de estudio de ese nivel educativo, ya que los docentes no aplican estrategias pedagógicas y carecen de los materiales educativos necesarios para instrumentar dicho plan y programas”.
“Para atender esta problemática, en 2016, la SEP operó el programa presupuestario S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, con el propósito de otorgar apoyos técnicos y financieros para que las escuelas públicas de educación básica instrumentaran el plan y los programas de estudio vigentes en ese año”, abundó.
“Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2016, el diseño del programa presentó deficiencias: en los objetivos para la educación básica, no se identificaron las escuelas a las que se debían otorgar los apoyos; no se justificó la focalización del programa en el primero y segundo grados de primaria, y el primer grado de secundaria; no se precisó la temporalidad de los apoyos, ni la frecuencia con la que serían otorgados; no se especificó en qué consistía cada uno de los apoyos técnicos del programa; no se estableció el monto mínimo o máximo de los apoyos financieros que se ministrarían a las Autoridades Educativas Locales (AEL) para garantizar el subsidio a las escuelas participantes; no se indicaron los criterios de distribución de los recursos a las entidades federativas, ni se determinaron sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de las AEL”, enlistó.
El organismo fiscalizador mencionó que de las 32 Autoridades Educativas Locales participantes en el programa, el 84.4 por ciento (27) cumplió con los cuatro requisitos para ser apoyadas, y el 15.6 por ciento (5), no acreditó alguno de éstos.
“En relación con la cobertura del programa, participaron 40 mil 819 escuelas públicas de educación básica, que representaron el 20.7 por ciento de las escuelas potenciales (197 mil 560 escuelas), y el 33.1 por ciento de las escuelas objetivo (123 mil 188 escuelas); sin embargo, la SEP no dispuso de la metodología requerida para que las Autoridades Educativas Locales elaboraran los análisis focalizados que se debían utilizar en la selección de las escuelas participantes; no estableció criterios con el propósito de determinar las escuelas objetivo del programa, ni contó con información para verificar que los apoyos se focalizaron en el primero y segundo grados de primaria, y el primer grado de secundaria. Por ello, no se garantizó que en el proceso de selección de las escuelas participantes se priorizara a aquéllas que requerían del apoyo”, insistió.
Citó como ejemplo del descontrol del programa que “identificó que en Yucatán y Sonora se reportó un porcentaje de cobertura de atención de las escuelas objetivo superior al 100 por ciento (140.6 y 122.1 por ciento, respectivamente), sin que la dependencia acreditara las causas de esta situación”, por lo que pidió que “la Secretaría de Educación Pública investigue las causas”.
“Respecto de los seis apoyos técnicos del programa, la SEP no definió sus características específicas, lo que limitó determinar cuántos y cuáles apoyos se otorgarían en ese año a las AEL, y no dispuso de información sobre los apoyos técnicos programados a entregar y los otorgados en ese año”, reiteró.
En relación con los apoyos financieros, aseveró que “la SEP transfirió 540 millones 532.3 mil pesos a las Autoridades Educativas Locales para la operación de los subprogramas de Desarrollo Curricular; de Proyectos Locales, y de Lectura, Escritura y Matemáticas, de los cuales ejercieron el 70.8 por ciento (382 millones 903.6 mil pesos), lo que significó un subejercicio del 29.2 por ciento (157 millones 628.7 mil pesos) de los recursos transferidos”.
Asimismo, añadió, “los montos transferidos y ejercidos no se ajustaron a la distribución establecida en las reglas de operación del programa, referentes a que el 70.0 por ciento se destinara a Desarrollo Curricular; el 20.0 por ciento, a Proyectos Locales, y el 10.0 por ciento, a Lectura, Escritura y Matemáticas”.
“En cuanto al cumplimiento del objetivo del programa, la SEP no contó con información, ni con indicadores para evaluar en qué medida el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa contribuyó a la instrumentación del plan y de los programas de estudio vigentes en las escuelas públicas de educación básica participantes, ni diseñó un programa de trabajo para definir la estrategia de instrumentación del nuevo plan y los programas de estudio”, concluyó.
Para leer el informe completo de la auditoría:
