En 2017, 2 mil 809 niñas migrantes fueron detenidas

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Organizaciones presentan “informe sombra” sobre personas migrantes/CIMACFoto: Itandehui Reyes Díaz

Por Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias

CIUDAD DE MEXICO, 5 de septiembre del 2017.- Asociaciones civiles presentaron su “informe sombra 2017” sobre el cumplimiento de México con el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés) en el cual alertan sobre las violaciones a los derechos de las mujeres y niñas migrantes, quienes enfrentan las mayores condiciones de vulnerabilidad en su tránsito por el país.

Desde 1999, cuando México ratificó su compromiso con la CMW de Naciones Unidas, debe entregar, cada seis años a la organización internacional, un informe sobre las acciones implementadas a favor de la población migrante y sus familias. Por tercera ocasión, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, el gobierno presentó su reporte el pasado 19 de mayo de 2017.

En ese sentido, el objetivo del documento alterno de la sociedad civil es proporcionar información veraz sobre la situación de los derechos de la población migrante que cruza el territorio mexicano, principalmente personas centroamericanas que buscan llegar a Estados Unidos.

El “informe sombra” con 22 recomendaciones fue entregado al CMW el 12 de agosto previo a la reunión que sostendrá el gobierno mexicano con integrantes del comité el próximo 6 y 7 de septiembre. Entre las situaciones que aborda se encuentra la relacionada con las problemáticas y violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y niñas migrantes.

Discriminación a mujeres que piden asilo

En su aporte al documento alternativo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), señala que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de las todas mujeres a una vida libre de discriminación y violencia, independiente de su condición migratoria.

Sin embargo, han registrado que las autoridades mexicanas encargadas de atender a las mujeres y niñas migrantes carecen del conocimiento sobre la perspectiva de género, los tipos y modalidades de violencia y la situación que ellas padecen.

Un ejemplo son las persistentes prácticas de discriminación y desigualdad hacia las mujeres solicitantes de refugio por parte de las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) -encargada de la situación- indica la CMDPDH.

Estas malas prácticas, indica la organización, “comprueban la falta de sensibilidad del personal de la Comar en temas relacionados con los derechos de las mujeres”, además de la omisión y falta de apego a los estándares internacionales como la recomendación número 32 que emitió en 2014 el Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) al gobierno mexicano, sobre los procedimientos desde la perspectiva de género para priorizar la condición de asilo a las mujeres.

Sin embargo, a las organizaciones civiles les preocupa el limitado número de personas reconocidas con el estatus de refugiados. En los seis primeros meses de 2017 se recibieron 6 mil 835 solicitudes de asilo ante la Comar, de las cuales sólo 11 por ciento fue aceptada.

Niñas, con mayor vulnerabilidad

La situación se agrava al hablar de la niñez que migra sin compañía o con sus familiares, alertan las organizaciones, en el mismo periodo, de las más de 6 mil solicitudes de asilo, 125 fueron hechas por menores de edad que viajaban solos y fueron detenidas 2 mil 809 niñas migrantes, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Lo anterior, señalan las organizaciones, viola las medidas adoptadas para erradicar la detención administrativa de la niñez y adolescencia en las estaciones migratorias o en cualquier otro establecimiento cerrado, de conformidad con el Artículo 11 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) sustenta el documento.

Las asociaciones civiles también recordaron en su reporte que las niñas y adolescentes son las principales víctimas del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual comercial, sin que cuenten con una real protección por parte del Estado mexicano como lo mandata la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la LGDNNA y la Constitución mexicana.

Por ello recomiendan incluir y generar acciones en el tema en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Pendientes, convenio 189 sobre trabajo del hogar

Entre las situaciones pendientes por el Estado mexicano, los grupos civiles recuerdan que se debe ratificar el Convenio 189 sobre el trabajo digno para las trabajadoras del hogar de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Por ser la principal área económica en la que se insertan las mujeres migrantes en condiciones laborales precarias y de acoso o violencia sexual por parte de sus empleadores, seguida del trabajo agrícola (jornaleras) y el comercio.

Al respecto en 2011 el CMW recomendó (en el numeral 35) al gobierno mejorar la situación de las trabajadoras migratorias indocumentadas, en específico las trabajadoras del hogar, pues en ese momento el Estado no informó a la instancia de Naciones Unidas sobre las condiciones en las que se encontraban en el país.

Entre las organizaciones que participaron en la elaboración el informe alterno se encuentra el Instituto para las Mujeres en la Migración AC, Sin Fronteras, el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, la Catedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras.

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, a la fecha, 50 países se han adherido.

 

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