Descubrimiento del Centro de Espionaje

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Por Héctor Malavé Gamboa

El descubrimiento del centro de espionaje israelí el 3 de marzo de 1998, ubicado en el centro histórico, elevó el nivel de lucha local a un plano de intimidación federal. Muchos personajes de la política local involucrados, entre ellos, Jorge Salomón Azar García y José Antonio González Curi, ponían en serio riesgo al sistema político mexicano por espiar a sus ciudadanos. La máquina era capaz de interceptar 1,500 llamadas telefónicas. Fueron arrestados sus operadores y luego saldrían bajo fianza pero la seguridad nacional se encontraba operando en el estado contra los “rebeldes” laydistas. La misma Layda Sansores era día y noche espiada por los servicios de inteligencia nacional.

Interesante es el hecho confirmado de que el ex gobernador de Campeche y ex presidente del PRI, Rafael Rodríguez Barrera, fue nombrado embajador de Israel por Carlos Salinas de Gortari el 16 de febrero de 1993, presentó sus cartas credenciales el 14 de abril de 1993, siendo primer ministro de Israel, Isaac Rabín, y el ultrasionista Ezer Weizman, su misión terminó en 1996. Por su parte, los secretarios de Gobernación de Ernesto Zedillo, en ese momento, fueron Esteban Moctezuma Barragán y Emilio Chuayffet Chemor, quienes sin duda, tenían conocimiento del espionaje a la sociedad mexicana.

Señala el reportaje de Saldierna y Venegas que:

“El 3 de marzo de 1998, se descubre un supuesto centro de espionaje, en el centro de la ciudad de San Francisco de Campeche (capital del estado), con la probable intervención telefónica sufrida por Sansores Sanromán y varios de sus simpatizantes. En el centro de espionaje, se encontraron fotografías, credenciales, mapas geográficos, grabaciones telefónicas e incluso información sobre las actividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y memorias escritas de alguien que monitoreaba Layda Sansores el 25 de septiembre de 1994, cuando todavía formaba parte del PRI, sin que se lograra determinar el origen de este supuesto centro de espionaje”.

De acuerdo con la versión del Tribuna, el gobierno gastó 36 millones en el equipo de vigilancia. El sofisticado equipo contaba con tres equipos fijos y diez móviles. El laydismo lo tomaría como una legítima bandera de lucha durante todo su recorrido por la lucha democrática en Campeche. A los espías se les descubrió infraganti, por lo que se abrió la averiguación previa 36/98, presentada por el entonces diputado local perredista, Guillermo Cisneros Lara.

La inconformidad llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que abrió el expediente 98/1851-1, en el que recomendó “composición amistosa”, pues todo indicaba la realización de delito contra los elementales derechos humanos de privacidad. Los espías fueron liberados por el juez José Tomás Garrido Muñoz, quien alegó en su defensa, allanamiento de morada por las fuerzas laydistas. Los funcionarios azaristas fueron exonerados por la Procuraduría General de la República (PGR). En 2002, los abogados de Convergencia obligaron con pruebas fehacientes a reabrir el caso, y fue turnado a su Delegación en Campeche.

La consecuencia fue que los ex gobernadores Salomón Azar García y José Antonio González Curi fueran llamados a comparecer. Weinberg López confirmó la proveeduría de los equipos por vía de Cruz Manuel Alfaro. En 2004, el expediente fue revisado de nueva cuenta por la PGR local, que concluyó que no había delito que perseguir y lo concluyó. La entonces vicepresidenta de Convergencia acusó a la PGR de “proteger a delincuentes, como Salomón Azar García, y que investigaran a todos los funcionarios de su sexenio”.

En 2005, Layda Elena Sansores se inconformó y presionó para reabrir el caso con la presentación de siete mil evidencias que incluían imágenes, facturas, hojas de servicio y recibo de honorarios, en los que se demostraba el financiamiento gubernamental por medio de la Subsecretaría de Finanzas, cuyo responsable era en ese entonces Alfredo Sandoval. Además, empresas del Grupo Azar daban servicio a estos centros de espionaje con pagos adelantados.

En 2006, un nuevo amparo federal fue dictaminado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, que dejó insubsistente el ejercicio de la acción no penal que emitió el Ministerio Público para no consignar el caso a un juez federal. La senadora propuso crear una Comisión de la Verdad y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación es que no solamente en Campeche, sino también en Puebla, se descubrió un centro de espionaje.

En 2015, se hizo pública la información de que el programa espía Pegasus, había sido encontrado en los teléfonos celulares de destacados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México, también habría afectado a políticos de la oposición y hasta a la misma Iglesia.

Cito a la periodista Mariana Pomperosa:

“Entre 2016 y 2016, varios activistas y periodistas mexicanos fueron objetos de ciberataques por un software malicioso reveló la organización Red en Defensa delos Derechos Digitales el Malware es de procedencia Israelí de la empresa NSO Grup, cada infección exitosa, cerca de un 1 millón 400 mil pesos”.  (Véase: http://www.milenio.com/tendencias/pegasus-mexico-espionaje-que_es-malware-the_new_york_times-milenio-noticias_0_977902402.html)

En 2017, el gobierno dio a conocer que nos vigilan 221 cámaras distribuidas en Campeche, Escárcega, Campeche y El Carmen, cámaras PTZ, 78 zonas consideradas claves para la seguridad con todo lo que eso implica para el ciudadano, es decir las elecciones del 2018. [1]

[1] Tribuna, Local Campeche, No. 15203, domingo 6 agosto de 2017.

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