Depredadora ambiental, la delegada de Semarnat en Campeche

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Mientras se desempeñaba como regidora, diputada local y federal, Rocío Abreu Artiñano construyó un fraccionamiento residencial, locales comerciales y un lago artificial en la Isla del Carmen, dentro del Area de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, sin autorizaciones de la dependencia que ahora representa.

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Por Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 6 de marzo del 2017.- A través de su compañía Mega Proyectos del Sureste, la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Campeche, Rocío Adriana Abreu Artiñano, construyó un fraccionamiento residencial, locales comerciales y un lago artificial en la Isla del Carmen, dentro del Area de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, sin autorizaciones ambientales de ningún tipo.

En 1994, el gobierno mexicano decretó la reserva de “Laguna de Términos”, con una extensión total de 706 mil 147 hectáreas, de las cuales 351 mil 582 hectáreas son de superficie terrestre (49.87 por ciento) y 353 mil 434 hectáreas, de superficie acuática (50.13 por ciento), localizada al suroeste del estado de Campeche, en los territorios y las aguas frente a los municipios de Carmen, Champotón y Palizada, quedando la Isla del Carmen completamente en este estatus legal.

Es decir, que todo lo que se construya en esta zona requiere de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y una serie de permisos expedidos por la Semarnat, sin embargo, muchas edificaciones se han levantado en la Isla sin que haya una autorización expedida, violándose la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus reglamentos, configurándose un delito ambiental.

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Este es el caso de las construcciones hechas en el predio denominado “La Esperanza”, ubicado a un lado de la carretera federal Ciudad del Carmen-Campeche, entre el kilómetro 5.5 y el 8.5, en donde se encuentra un lago artificial, creado por la extracción continua de arena, hasta que su cercanía con el mar hizo que el boquete hecho se llenara de agua por filtración.

El material pétreo extraído fue utilizado en la edificación de un fraccionamiento denominado “Residencial del Lago”, así como de diversos locales comerciales, entre ellos un Oxxo y un Domino´s Pizza, sucursales bancarias, oficinas, la escuela Joaquín Clausell, e incluso, el edificio del periódico Por Esto!, que también habría sido construido sin autorización ambiental.

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En los últimos 17 años, Abreu Artiñano se desempeñó como funcionaria en el gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2006, y en la política local, fue regidora en el Ayuntamiento del Carmen, entre el 2006 y el 2009, luego de ser candidata por la coalición de izquierda a la presidencia municipal; diputada local entre 2009 y 2012 por la coalición PRI-PVEM, diputada federal entre 2012 y 2015 por la misma coalición y candidata perdedora a la alcaldía del Carmen en la elección del 2015. Como premio de consolación, Alejandro Moreno Cárdenas la colocó como delegada de Semarnat en Campeche.

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Documentada la propiedad

El predio, según el Registro Público de la Propiedad, es de Mega Proyectos del Sureste S.A. de C.V., lo que haría a la empresa la responsable de las violaciones a la ley ambiental. La gravedad del asunto es que pertenece a la actual delegada en Campeche de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según el Registro Público del Comercio, tomo 154, libro 152, inscripción 21, folio mercantil 3491, con fecha de ingreso 16 de noviembre del 2000, una de las accionistas de Mega Proyectos, de nombre Gloria del Carmen Artiñano Castillo, vendió 50 de sus acciones a un precio de 500 pesos cada una, a la ciudadana Rocío Adriana Abreu Artiñano, su hija, por un valor total de 25 mil pesos, en el mismo acto, Manuel Augusto Abreu Arrivalza, se retira de la sociedad, poniendo a la venta 25 acciones, al mismo precio, adquiriéndolas Gloria del Carmen Abreu Artiñano, hermana de la funcionaria, quedando ambas con la mitad de las acciones de la empresa y como administrador Manuel Augusto Abreu, padre de ambas.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando fue diputada federal por el PRI, de 2012 a 2015, Rocío Abreu reportó que fue gerente administrativa en Mega Proyectos del Sureste, lo que no deja dudas de la propiedad de la funcionaria en relación con la empresa.

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Semarnat confirma estatus ilegal

Para tener más precisa la acusación, se hicieron dos solicitudes de información a la Semarnat, que confirma que efectivamente no se cuenta con permisos de construcción en los terrenos señalados, desde la existencia de la Secretaría.

La dependencia federal notificó la respuesta a la solicitud de información registrada en el Sistema de Infomex, con número de folio 0001600016717, en la que informa que según las direcciones generales de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC) y de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS), así como la Delegación Federal de la Semarnat en Campeche, “no se tiene información ni trámite alguno en materia forestal, de impacto ambiental y de zona federal y ambientes costeros; relacionado con el predio La Esperanza, ubicado en la carretera Carmen Puerto Real km 5.5 y 8.5 en el municipio de Carmen, Estado de Campeche” (1).

Mientras que ante la solicitud de información registrada en el Sistema de Infomex, con número de folio 0001600194716, resuelve que “no se encontró ninguna autorización, ni manifestación de impacto ambiental del fraccionamiento Residencial del Lago. Por otra parte, se informa que de los expedientes y archivos, así como lo expresado dentro del Sistema Nacional de Trámites (Sinat) y el Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF), no se tiene trámite alguno de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales relativo a la empresa Mega Proyectos del Sureste S.A. de C.V., ubicada en la carretera Carmen Puerto Real km. 5.5, fraccionamiento Residencial del Lago en la Ciudad del Carmen, Campeche” (2).

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Delitos ambientales

El Código Penal Federal señala claramente, en su artículo 420 Bis, que; “se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos… que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente”.

“Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico”. En este caso, la funcionaria federal acredita ambos agravantes.

Asimismo, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su párrafo XII, señala “XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.

Es decir que aun cuando haya comenzado el delito ambiental antes de su encargo como delegada ambiental, al aceptarlo, sabiendo su responsabilidad legal, caería en un conflicto de intereses, puesto que es ella la encargada hoy en día de expedir permisos o en su defecto, solicitar que se abran procedimientos en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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Rocío Abreu confirma propiedad

Antes de hacer pública esta investigación, Paginabierta.mx intentó pedir la opinión de la delegada Abreu Artiñano, acerca del tema, para que pudiera, en lo que a su derecho corresponde, expresarse, sin embargo, decidió huir de la entrevista y esconderse en su oficina, alcanzando a contestar que efectivamente es dueña de Mega Proyectos, señalando que no sabe lo que trasparencia emite y que no hay conflicto de intereses, ya que ella no se ha dado autorizaciones.

Antes de contestar sobre los delitos ambientales cometidos, la funcionaria federal cerró la puerta de su oficina en la cara del reportero, para momentos después, mandar a llamar a seguridad para que fuera echado a la fuerza de las oficinas delegacionales.

 

NOTAS:

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