Cuestan comisionados más de 195.9 millones en educación

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La organización México Evalúa afirma que Campeche es el segundo Estado (4.6%) con la mayor proporción de plazas a personas comisionadas o con licencia de su nómina del sector educativo básico. La cifra de maestros y administrativos con comisión o con licencia fluctúa entre los 958 del Censo Educativo 2014 y los 2,101 del reporte del PEF 2013 Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 26 de agosto.- El problema del personal con comisión o con licencia, cuya cifra fluctúa entre los 958 y los dos mil 101, según cifras del Censo Educativo 2014 o del reporte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se mantiene vigente y sin solucionarse en el Estado de Campeche. De acuerdo con el Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, que presentó el estudio “Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal”, esta irregularidad, junto con las plazas pese a fallecimiento, jubilación o renuncia, le representa, al menos, un costo anual de 195 millones 895 mil 300 pesos en la nómina estatal del sector educativo básico. Sin embargo, si se toma en cuenta otras irregularidades en la nómina, como los aviadores, los ausentes, los que cobran pese a estar jubilados, pensionados y renunciados, el daño al patrimonio estatal se eleva hasta los 637 millones 662 mil 595 pesos. En el apartado “La evidencia del desorden en la nómina de educación básica” del estudio, su autor, Marco A. Fernández, señaló que en el Censo Educativo “sobresale la existencia de 30 mil 965 plazas destinadas a personal comisionado o con licencia” y resaltó que “Yucatán (5.27 por ciento) y Campeche (4.6 por ciento) son los Estados con la mayor proporción de su nómina docente-administrativa en esta condición laboral anómala”. “De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el personal comisionado abarca a los individuos en el sector educativo, a quienes se les asigna una función distinta, ya sea en su mismo centro de trabajo o en uno diferente. Existen siete tipos de comisiones: 1) Representación sindical, 2) Dictamen médico, 3) Labores administrativas dentro del sector educativo de la entidad federativa, 4) Otras funciones dentro del mismo plantel, 5) Apoyo técnico pedagógico, 6) Funciones en centro de trabajo fuera del sector educativo, 7) Funciones en otra dependencia del sector educativo de la entidad federativa. Las funciones político-electorales que diversos comisionados han desempeñado históricamente son ilegales”, precisó. “El artículo 51 del reglamento referido establece con claridad que “Las licencias sin goce de sueldo se considerarán en los siguientes casos: I. Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular, comisiones oficiales federales y comisiones sindicales”, agregó. “El artículo 78 de la LGSPD establece que: “Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”, apuntó. Manifestó que “desde hace varios años, se ha mantenido un debate sobre los llamados comisionados en el sector educativo, personas que tienen una plaza de maestro, pero que no están trabajando frente a un grupo, sino que gozan de una licencia para realizar otras funciones, tales como laborar en un área administrativa dentro del sector educativo, trabajar para el sindicato magisterial (SNTE), o desempeñarse en otro encargo público (legisladores locales y federales, síndicos, presidentes municipales, etc.). Estas comisiones, cuando se ejercen con goce de sueldo, son ilegales, pues tanto el reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo establecido en 1946, como la Ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, las prohíben”. “Recientemente, la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) reitera dicha prohibición, aunque Estados, como Sonora, en sus leyes estatales, han intentado utilizar triquiñuelas jurídicas para permitirlas, lo que llevó a que su Congreso haya sido demandado por la SEP ante la Suprema Corte de Justicia”, mencionó “Estas anomalías hacen eco de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, la cual ha señalado en múltiples ocasiones el pago indebido de maestros con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) con plazas incluso en estados no colindantes (Auditoría Superior de la Federación 2008, 2009)”, asentó.

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