Consuma “Alito” represión legal contra presos de Suc-Tuc

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Luego de ser brutalmente agredidos por los policías estatales, los 3 detenidos fueron vinculados a proceso por privación ilegal de la libertad y lesiones calificadas, sin que se presentaran las supuestas víctimas, ni los agentes.
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 22 de diciembre del 2016.- El represor Alejandro Moreno Cárdenas consumó la criminalización de los ciudadanos de San Francisco Suc-Tuc, ya que los tres detenidos durante la brutal represión fueron vinculados a proceso por la jueza Ana Concepción Gutiérrez Pereira, por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones calificadas. Ninguno de los demandantes se presentó a la audiencia, a pesar de estar citados a declarar.
En el Estado fallido en que se ha convertido Campeche con “Alito”, la autoridad no se conforma con ignorar a su pueblo y encubrir la corrupción, sino que además, la represión y la criminalización son los pasos a seguir. Con Suc-Tuc, ya son varias las comunidades que han sufrido la paranoia de Moreno Cárdenas.
En atención a la carpeta judicial 116/16-17 21, a las 14:30 horas, se reinició la audiencia inicial de Formulación a Imputación contra Diego Armando Poot Pech, Sergio Alberto Ucán y José Alfredo Poot Aguayo, en la sala de juicios orales Revolución, audiencia en la que se vinculó a proceso a los tres imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas y daños en propiedad ajena, todos con el agravante de pandilla.
Nuevamente, la jueza Gutiérrez Pereira impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso y un tiempo de dos meses de plazo para el cierre de la investigación contra los presos políticos de Suc-Tuc.
Hay que mencionar que como parte de los procesos, se mandó a llamar por la defensa a los demandantes que fueron enfermados por la Fiscalía y en el caso de algunos policías, fueron destacamendos en Atasta, es decir, que ninguno se presentó, y las supuestas víctimas de privación de la libertad, que serían funcionarios del municipio de Hopelchén, mandaron al abogado José Patricio Garma.
Al salir de la audiencia, este último abogado ofreció a los familiares de los imputados un trato, y es que en la represión, se presume de parte de la autoridad que se dañó unidades de la policía, recibiendo un daño de 80 mil pesos en tres unidades, por lo que pidió el pago de esa cantidad para que según él, queden en libertad los imputados.
Al respecto de todo lo anterior, el abogado defensor, Gustavo Noceda Caamal, señaló “no puede haber delito de privación ilegal por la comunidad”.
“Es una laguna que se regula en las leyes, se lo dije a la jueza, pero no se atreve a desacatar la orden de sus superiores, ella puede aplicar el control difuso de la Constitución, que consiste en que cuando no hay una ley aplicable exacta al caso o exista una duda, ella puede interpretar un tratado internacional para resolver la situación, se autoriza por la Constitución”, explicó.
Calificó esto como un acto de represión, puesto que Moreno Cárdenas perdería toda la demagogia del discurso de la policía más segura y eficaz del país.
“La divulgación en los medios de los atropellos de este cabrón, están obligando a la negociación, desafortunadamente así vivimos, así está educado y no solo en este caso, hasta en las altas esferas, el abogado Patricio Garma se presenta como el abogado de los supuestos afectados, pero ellos no tuvieron ningún rasguño”, expresó.
“En el nuevo sistema de justicia, las investigaciones que se hacen son por medio de entrevista y no está formalizada y la formalización aterriza con el juez de control, cualquier declaración, para que tenga validez, debe ser ratificada, aquí los que supuestamente fueron privados de su libertad, se mandó a citar a las ocho personas que participaron, ninguno llegó, los policías estaban de comisión y enfermos, los denunciantes también se enfermaron con zika, ninguno se presentó, no hay indicios de pruebas”, aseguró.
Mencionó que este sistema judicial se está convirtiendo en algo peor que el sistema pasado, que ahora es considerado inquisitorial, puesto que hay protocolos para acreditar pruebas que le dan luz al caso, apegándose solamente a lo que la Fiscalía dice y solicita.
“Cómodamente, la jueza valida todo lo que dijo la Fiscalía, por los próximos dos meses, la licenciada, como una cuestión rara, veo que hay consigna”, puntualizó.

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