CNDH pide castigar a líder de burócratas impuesto por “Alito”

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En la Recomendación 63/2016, el organismo solicita que la Fiscalía proceda penalmente contra José del Carmen Urueta por retener ilegalmente y contra su voluntad dentro del Palacio Municipal, por más de 24 horas, a cerca de 180 personas, el 20 de octubre del 2015.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 3 de enero del 2017.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas, a través de la Fiscalía General del Estado, que investigue los actos ilícitos cometidos por unos 250 sindicalizados liderados por el actual dirigente estatal del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, y castigue a los responsables, al retener contra su voluntad dentro del Palacio Municipal, por más de 24 horas, a cerca de 180 empleados y ciudadanos, el 20 de octubre del 2015.

En la Recomendación 63/2016, el organismo nacional señaló que hubo una “falta de prontitud, diligencia y eficacia en la actuación de las autoridades” y determinó que “con independencia de que sean legítimos los planteamientos de los sindicalizados, se vieron acompañados de un acto ilícito, consistente en mantener encerradas alrededor de 24 horas a más de 100 personas en el interior de edificios públicos, cuyos accesos fueron cerrados y vigilados, con la finalidad de presionar para que” el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, “se presentara y satisficiera sus reclamos”.

La mañana del 20 de octubre del 2015, Alejandro Moreno ordenó a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento del Carmen protestar en los accesos del Palacio Municipal, como modo de presión contra el panista Gutiérrez Lazarus, quien había tomado posesión apenas el uno de octubre del 2015 y se negaba a aceptar el mando único policiaco, habiendo nombrado al cuestionado comandante Guillermo Zayas como jefe de Seguridad Pública.

Los miembros del Sindicato de los Tres Poderes, respaldados por grupos llegados de Campeche, Escárcega y Champotón, se manifestaron para exigir la destitución del director de Educación y Cultura, Jorge Falconi, y mantuvieron retenidos a funcionarios y burócratas durante más de 24 horas, cerrando las calles aledañas con camiones, pero el presidente municipal no los atendió, por estar de gira en la zona rural del municipio.

El imberbe presidente municipal se presentó a dialogar y acordar con los inconformes hasta las 11:00 horas del 21 de octubre del 2015 y le garantizó a los dirigentes del Sindicato de los Tres Poderes que no habría represalias contra ninguno de los trabajadores que habían participado en el bloqueo del Palacio Municipal y las calles aledañas.

Luego de varias semanas de presiones, el alcalde blanquiazul terminó sujetándose a “Alito” con un mando coordinado de la policía municipal y el dirigente municipal sindical de los burócratas, José del Carmen Urueta, finalizó siendo ungido por Moreno Cárdenas en la dirigencia estatal del Sindicato de los Tres Poderes, luego del sospechoso asesinato del ex líder sindical estatal, Juan Carlos González Hernández.

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Autoridades tenían el deber de resolver

En los puntos 26, 27, 28 y 29, correspondientes a observaciones de la citada Recomendación, la Comisión Nacional manifestó que “ante la ilicitud del proceder de las personas inconformes, que mantuvieron encerradas a más de 100 personas, las autoridades tenían el deber de ejercer sus atribuciones para resolver de manera pacífica la situación, por todos los medios a su alcance y, de ser el caso, llegar al extremo de hacer uso de la fuerza pública, en términos de proporcionalidad, oportunidad y razonabilidad, conforme a los estándares del uso de esa fuerza, a efecto de salvaguardar la libertad y derechos de los agraviados”.

Con base en lo anterior, esta Comisión Nacional reconoció “la importancia primordial que tiene la interlocución y el diálogo en la solución de conflictos y la atención de reclamos legítimos; también afirma que tales exigencias, para ser consideradas como pacíficas y acordes con los derechos humanos, deben realizarse con respeto a las leyes y en el marco de los derechos de petición, de expresión y de protesta que establecen en principio la Constitución Federal y las normas internas de fuente internacional previstas en los tratados internacionales de los que México es Estado Parte”.

“En el presente caso, asumiendo la legitimidad de las pretensiones o reclamos del Sindicato hacia AR1 (como es identificado el alcalde del Carmen), como es la destitución de un funcionario municipal, por presuntos malos tratos hacia el personal sindicalizado, un grupo aproximado de 250 sindicalizados liderados por PR1 (como es identificado el líder sindical), retuvo en contra de su voluntad dentro del Palacio Municipal y del Ayuntamiento, por 24 horas, a cerca de 180 empleados municipales y a personas que podrían haber estado realizando algún trámite, sin proveerles alimentos y agua”, expresó.

“El citado proceder de los sindicalizados inconformes, actualizan probables conductas delictivas que deben ser investigadas, los responsables sometidos a las instancias de impartición de justicia y sancionados conforme a derecho, ya que en caso contrario, se podría generar un ambiente en el que pudieran volverse a repetir dichas conductas delictivas”, indicó.

“La falta de prontitud, diligencia y eficacia en la actuación de las autoridades en el presente asunto, actualizan diversas violaciones específicas a los derechos humanos de las personas que fueron privadas de su libertad”, puntualizó.

Más información en:

http://paginabierta.mx/alito-violo-derechos-burocratas-ciudadanos-en-carmen/

Sanción a alcalde panista y ex jefe de la Policía, pide CNDH

La Recomendación 63/2016 de la CNDH, completa, se puede consultar aquí:

rec_2016_063

 

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