CNDH pide al gobierno federal abstenerse de emplear programas “espías”

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El organismo nacional solicita a Segob, Sedena, Semar y PGR que se abstengan de utilizar esa información/Respuesta a la queja presentada por periodistas y personas defensoras.

Por Redacción/SemMéxico

CIUDAD DE MEXICO, 21 de junio del 2017.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversos organismos públicos de gobierno y seguridad que se abstengan de emplear programas para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos y computadoras, en caso de poseer esos métodos de interferencia.

La CNDH solicitó lo anterior a la Secretaría de Gobernación, así como a los de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, a quienes solicitó que en caso de haberse obtenido información mediante ese tipo de programas, esas dependencias se abstengan de utilizarla o difundirla, además de que será valorada su legalidad por las instancias competentes.

El requerimiento de la CNDH es una respuesta a la queja presentada por periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el cual han señalado que fueron víctimas de ataques informáticos a través del programa denominado Pegasus.

La Comisión Nacional también pidió a esas dependencias que deben abstenerse de espionaje también a organizaciones de la sociedad civil o contra cualquier otra persona, porque “estarían contraviniendo el orden jurídico constitucional”.

Presuntamente, el programa Pegasus fue adquirido por distintas dependencias del Estado mexicano, cuyo uso vulnera sus derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados, por lo cual solicitaron la implementación de medidas cautelares.

A la PGR, en particular, se le pidió que instruya al personal ministerial a que conozca las denuncias presentadas por los ahora agraviados para que realice la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.

Adicionalmente, este organismo nacional tuvo conocimiento del reportaje publicado el pasado 19 de junio en el diario norteamericano The New York Times, que en su versión en español lleva por título “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”.

Asimismo, conoció del contenido del informe difundido ese mismo día por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 (Oficina para México y Centroamérica) y la organización SocialTIC titulado “Gobierno espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, donde mencionan los antecedentes del programa Pegasus en nuestro país y los casos documentados de espionaje.

Le señalaron a la CNDH que algunas de las personas y organizaciones afectadas por el sistema de espionaje son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro ProDH) y sus colaboradores, el periodista Carlos Loret de Mola, el Instituto Mexicano para la Competitividad y sus colaboradores, Aristegui Noticias y sus colaboradores, el director de la organización “El Poder del Consumidor”, así como María del Carmen Aristegui Flores y su hijo menor de edad, sin que exista una orden judicial que autorice la intervención telefónica, único medio legal para justificar este tipo de acciones.

“Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, este organismo nacional solicitó a la Sedena, Semar, Segob y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema Pegasus o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”, puntualizó.

Por último, el organismo nacional condenó toda conducta que busque afectar la privacidad de las personas, pues afecta su intimidad y sus derechos humanos y anunció que estará atento a la investigación de las autoridades de procuración de justicia.

 

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