Organizaciones civiles presentaron el Informe “El Acceso a la Justicia para Personas Migrantes en México, Un derecho que sólo existe en el papel”/Urge que las instancias faciliten los procesos de denuncia.
Por Gabriela Ramírez/SemMéxico
CIUDAD DE MEXICO, 27 de julio del 2017.- Extorsiones, secuestros, tortura, abuso y violación sexual, homicidios, asaltos y desapariciones de personas migrantes en México se han incrementado drásticamente en México. De 2014 a 2016 las cifras oficiales reportan cinco mil 824 delitos ocurrido principalmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila.
Así lo dieron a conocer organizaciones civiles esta mañana en una conferencia de prensa en la que presentaron el Informe “El Acceso a la Justicia para Personas Migrantes en México, Un derecho que sólo existe en el papel”.
El informe revela que de los más de 5 mil 800 delitos cometidos en contra de personas migrantes en nuestro país, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a un nivel de impunidad de 99 por ciento.
El documento señala que la creación de ocho fiscalías especializadas locales y la unidad federal de la Procuraduría General de la República es insuficiente para garantizar el acceso a la justicia de este sector.
“La denuncia de estos delitos es difícil y las oficinas a cargo de las investigaciones no cuentan con recursos humanos y financieros suficientes, ni con estrategias integrales y claras para investigar los delitos” señala el documento elaborado por la Red Migrante Sonora, Hermanos del Camino, Hogar Refugio para Migrantes Tenosique, Tabasco, Casa del Migrante Saltillo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar y WOLA.
“Es necesario que las políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes tengan en el centro a las personas y que nos se vean obstaculizadas por trámites que solo desalientan a las personas a denunciar señaló Ana Laura Delgadillo, representante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Actualmente, las fiscalías para migrantes se ubican lejos de los lugares donde las personas son víctimas de los delitos y las investigaciones se atrasan bajo pretexto de falta de jurisdicción.
“Debido a que las autoridades no se encuentran el lugar preciso donde se cometen los delitos y por temor de que estén coludidos con los grupos criminales que los atacan o por falta de confianza, las personas migrantes muchas veces no denuncian”, señala el informe.
Por ello, este grupo de organizaciones señalan que es urgente que se eliminen los obstáculos para que las personas migrantes denuncien los delitos y que las instancias deben facilitar los procesos de denuncia y la creación de nuevas fiscalías en otros estados.
Asimismo, exigen dotar a las unidades y fiscalías de recursos financieros y humanos para que puedan realizar su trabajo y establecer procesos transparentes para que las familias o las mismas víctimas que presentan sus denuncias estando en México o desde el extranjero, puedan estar informadas del avance de los casos.
De acuerdo a datos del Instituto de las Mujeres en la Migración, se estima que las mujeres representan el 20 por ciento del flujo de tránsito irregular por México y los principales riesgos que corren son el de ser víctimas de extorsión, abuso, violación, tráfico y trata de personas o trabajo forzoso.
