Sociedad CivilAmenazan a periodistas que publicaron sobre corrupción en Veracruz

Paginabierta02/12/2016

Artículo 19 exige a las autoridades que investiguen con debida diligencia las amenazas en contra de Aurelio Contreras y Víctor Hugo Arteaga, tomando como línea prioritaria de la investigación su labor periodística.

CIUDAD DE MEXICO, 2 de diciembre del 2016.- La organización Artículo 19 denunció que a partir de la publicación de la serie de reportajes “Las empresas fantasma en Veracruz”, el periodista Víctor Hugo Arteaga ha sido agredido en diferentes ocasiones. El último incidente se registró el 24 de noviembre cuando fue amenazado en Twitter.

En los reportajes publicados por Animal Político, se revela que el gobierno encabezado por Javier Duarte desvió más de 645 millones de pesos en recursos públicos por medio de la entrega de contratos a una red de empresas fantasma. Arteaga inició la investigación y después acudió al medio para profundizarla.

Las agresiones iniciaron previo a que se hiciera público este trabajo, el 17 y 23 de mayo, sujetos desconocidos “vigilaban” las inmediaciones del domicilio del periodista.

El día de la publicación, 24 de mayo, recibió una llamada por parte de la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, en la que le urgían a tener una reunión.

Arteaga se reunió un día después con dos funcionarios del gobierno estatal, quienes le “recomendaron” que dejara el tema y acudiera a entrevistas para desacreditar los reportajes. “El señor (Javier Duarte) es muy rencoroso”, le dijeron. Al día siguiente, otro funcionario estatal presionó de nueva cuenta al periodista para que diera entrevistas al mayor número posible de medios.

El 27 de mayo, el mismo funcionario volvió a llamarle, esta vez para reclamar que no había salido en medios a desmentir la investigación: “El señor (Javier Duarte) está muy molesto”. Lo amenazó y le dijo que “tuviera cuidado porque no era cosa de juego”.

Debido al hostigamiento y las amenazas, el periodista salió del estado. El 20 de septiembre le marcaron de la oficina privada de Duarte, en Xalapa, para “actualizar” los datos de su empresa –que no está ubicada en Veracruz. Cabe destacar que Arteaga no hizo público su desplazamiento.

A raíz de los reportajes, se dio a conocer que diversas dependencias federales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya estaban investigando al gobierno de Duarte por desvío de recursos públicos. El cinco de julio, se reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) inició formalmente una investigación penal en contra de quien resulte responsable por estos hechos.

La investigación de Arteaga fue posible gracias a un filtrador de información –quien es mantenido en el anonimato por cuestiones de seguridad– y las notas previas de otros periodistas. Este caso se trata de uno de los escándalos de corrupción más relevantes de los últimos años en México.

En este contexto, el 24 de noviembre Arteaga recibió amenazas en Twitter, un día después de que el reportaje fuera reconocido con el primer lugar del premio de periodismo Walter Reuter 2016. Algunos de los mensajes decían: “El señor gobernador les envía saludos”, “Señores esto no es un juego, sus cabezas tienen precio” y también hacían mención a demás periodistas de Animal Político.

Cuatro días después, el periodista Aurelio Contreras fue amenazado. A una dirección de correo electrónico del periodista llegó el siguiente mensaje: “Somos un grupo que representa intereses más allá de lo que pueda imaginar, le aconsejamos que deje de escribir y difamar falsa información en El Demócrata y se enfoque a información más saludable. Primer aviso compañero. Cuídese”. (sic)

El periodista comunicó a Artículo 19 un día después de estos hechos que su correo electrónico había sido intervenido. El periodista tuvo conocimiento de estos hechos después que al menos diez colegas periodista le preguntaran o avisaran sobre un correo enviado desde su cuenta con la columna escrita por el periodista y publicada el domingo 27 de noviembre titulada “Del Castillo, el artífice de la corrpución”, el cual no fue enviado por el reportero.

Las agresiones a Contreras inician un día después de haber publicado  dicha columna en donde a través de una investigación se vincula a Juan Manuel del Castillo González, actual diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Córdoba, con el desvío de recursos y la corrupción del gobierno de Javier Duarte.

En el texto expone que desde la dirección de la Subsecretaria de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Del Castillo fue el operador financiero de Duarte y uno de los resposnables del desvío de recursos de su administración. En el texto, el periodista expone ejemplos de contratos que pasaron por Del Castillo y que están ligados aparentemente a “empresas fantasmas”.

El periodista comentó a Artículo 19 “Es a raíz de esta columna que estoy siendo agredido porque el tema es muy delicado. De hecho, en general, es la causa de la caída de Javier Duarte, las empresas fantasmas. Es una red de lavado de dinero”.

Ambos casos se dan en un contexto en el que periodistas involucrados en investigaciones sobre actos de corrupción y abuso de autoridad en el gobierno y demás temas de interés público son agredidos, como han sido los casos documentados por ARTICLE 19 de Guadalupe Lizárraga, José Luis Montenegro, Diego Enrique Osorno, Mario Leonel Gómez Sánchez, Carmen Aristegui, entre otros.

El periodismo de investigación se ha vuelto una herramienta fundamental para la democracia en México y en el mundo. Es gracias a estas investigaciones de largo aliento que la sociedad puede informarse y exigir justicia sobre actos de corrupción que de otra manera no saldrían a la luz.

Artículo 19 recordó a los funcionarios que están sujetos a un mayor escrutinio público y que es obligación de las autoridades garantizar la seguridad de filtradores de información pública, periodistas, victimas, familiares y fuentes de información ligadas a investigaciones de interés público.

La agrupación civil exigió a las autoridades investiguen con debida diligencia las amenazas en contra de Aurelio Contreras y Víctor Hugo Arteaga tomando como línea prioritaria de la investigación su labor periodística.

Asimismo, demandó tanto a autoridades locales como federales garanticen la integridad de ambos periodistas, de sus familiares y demás personas involucradas en las investigaciones y que se abstengan de llevar a cabo actos intimidatorios o demás agresiones.

Finalmente, Artículo 19 exigió a la CNDH dé seguimiento puntual a estos casos en donde se cometieron presuntas violaciones de derechos humanos.

 

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