Local“Alito” también desvió 7.2 millones de las obras del FAFEF

Paginabierta25/02/2017

La Auditoría Superior de la Federación determina que el gobierno estatal violó las leyes de Coordinación Fiscal y de Obras Públicas en la aplicación de los recursos federales y generó un probable daño a la hacienda pública federal.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 24 de febrero del 2017.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió también que Alejandro Moreno Cárdenas violó la normativa en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la de Obras Públicas del estado, generando un daño a la hacienda pública por siete millones 192 mil 300 pesos.

En los resultados de la auditoría financiera con enfoque de desempeño a los recursos del FAFEF, el organismo fiscalizador federal, con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), reportó “incumplimientos en materia de obra pública, transparencia y destino de los recursos, situación que dificultó el cumplimiento de metas y objetivos”.

En el dictamen, la ASF fue más allá y aseguró que “en el ejercicio de los recursos, el gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de siete millones 192 mil 300 pesos, que representan el 4.0 por ciento de la muestra auditada”.

También reveló que “el gobierno del Estado de Campeche no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.

“Se verificaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que el gobierno del Estado de Campeche no proporcionó a la SHCP la ficha de indicadores de los cuatro trimestres, ni realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del Estado de conocer sus debilidades y áreas de mejora”, indicó.

“Además, no se determinaron metas programadas para los indicadores oficiales de desempeño, referentes al porcentaje de avance en las metas y al índice de logro operativo. Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos ejercidos a la fecha de la auditoría se destinaron a inversión en infraestructura”, puntualizó.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181 millones 982 mil 800 pesos, que representó el 82.3 por ciento de los 221 millones 48 mil 100 pesos transferidos al gobierno del Estado de Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

“La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría, el gobierno del Estado de Campeche ejerció el 98.4 por ciento de los recursos transferidos”, mencionó.

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Con los recursos del FAFEF, la administración estatal realizó diversas obras, desde ampliación eléctrica en comunidades, pavimentación de calles, construcción de escuelas primarias hasta la edificación de salas orales o de canchas de usos múltiples en las localidades rurales y urbanas, como se especifica en la Cuenta Pública estatal del 2015. Ahí se revela también que no fueron 221 millones, sino 296 millones de pesos los que se ejercieron de este fondo en 2015, ya que incluyó rezagos de 2013 y 2014.

Al final de la revisión, la ASF determinó también recuperaciones probables por dos millones 866 mil 600 pesos, y la misión de 15 observaciones, de las cuales nueve fueron solventadas por la entidad fiscalizada, antes de la integración de este informe. Las seis restantes generaron dos recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.

 

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