Sociedad CivilAlarmante desplazamiento y daños ambientales en la Península

Paginabierta07/12/2016

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Entre otros temas, como las violaciones a derechos sindicales y los atrasos en la atención a la desaparición forzada, expusieron representantes de organizaciones civiles en las audiencias por el 159 periodo de sesiones de la CIDH.

Por Daniel Sánchez

PANAMA, Pan. 7 de diciembre del 2016.- Sistemáticas violaciones a derechos sindicales, a través de contratos colectivos de protección patronal y la criminalización de la protesta social; un panorama alarmante de desplazamiento, principalmente por serios hechos de violencia; daños ambientales producidos por la siembra de palma africana y soya transgénica, así como la falta de una efectiva prevención de las desapariciones forzadas, investigación, procesamiento y sanción de los responsables, y la reparación del daño a las víctimas.

Estas fueron las quejas presentadas por representantes de organizaciones civiles en cuatro audiencias del 159 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que se tocaron temas relacionados con México, como el de violación de los derechos sindicales, el desplazamiento interno, los pueblos indígenas de Yucatán y la desaparición forzada.

Según el resumen de las audiencias, dado a conocer por la CIDH, en la audiencia “Situación de los derechos sindicales en México”, las confederaciones sindicales manifestaron preocupación por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México, mediante dos formas: 1) el uso persistente de los contratos colectivos de protección patronal que impiden el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva y 2) a través de la criminalización de la protesta social para iniciar procedimientos judiciales en contra de sindicalistas, llegando al extremo de encarcelar a sindicalistas en cárceles de alta seguridad.

El Estado Mexicano recordó una serie de reformas legislativas entre las que destaca la reforma laboral del 2012, cuyo objetivo fue transparentar la existencia, acción y la administración de las organizaciones sindicales, a fin de que los trabajadores conozcan de la existencia de un sindicato dentro de la empresa.

Además, la representación del Estado recordó que el pasado mes de abril, el presidente Peña Nieto remitió al Congreso una iniciativa de reforma Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, las reformas tienden a modernizar la justicia laboral para generar certidumbre jurídica para las personas trabajadoras y empleadoras.

La Comisión recordó la importancia de los avances legislativos con la trascendencia de llevar las reformas a la vida. Por otra parte, enfatizó en la creación de la Relatoría DESC y la importancia del diálogo entre el Estado y las personas trabajadoras.

Afectadas 10,000 personas por 25 episodios masivos de desplazamiento

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas afectadas por el desplazamiento interno en México”, las organizaciones participantes informaron que continúa un panorama alarmante de desplazamiento en México, debido a la continuidad de serios hechos de violencia, desastres naturales, entre otras causas.

Informaron que, durante el año 2016, se habría presentado 25 episodios masivos de desplazamiento que han impactado a un aproximado de más de 10 mil personas, principalmente en los estados de Guerrero y Sinaloa; las autoridades estatales no estarían adoptando las medidas necesarias para prevenir y atender dicha problemática; no se habría incluido una perspectiva de atención para personas que enfrentan desplazamientos en México en la elaboración de la Ley de Víctimas; miles de personas desplazadas, principalmente mujeres y niños, se ven obligados a quedarse en albergues que no estarían preparados para proporcionar una atención integral.}

Por su parte, el Estado informó que el tema de desplazamiento es de principal relevancia y que se han impulsado una serie de estrategias integrales, con un enfoque de derechos humanos, para prevenir las causas y consecuencias del desplazamiento; se estaría implementando una serie de acciones de infraestructura, salud, reparación de viviendas, seguridad, entre otras, a fin de atender a la población desplazada; actualmente se encontraría pendiente el estudio de una reforma a la Ley de Víctimas, a fin de atender la situación de personas desplazadas en México.

La Comisión señaló su preocupación por el impacto multidimensional en los derechos humanos de personas que se encuentran afectados por una situación de desplazamiento y exhortó al Estado a reforzar las políticas públicas destinadas a atender, de manera integral, dicha situación.

Contra macrodesarrollo de zonas rurales de la Península

En la audiencia “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Yucatán, México”, la CIDH escuchó a diferentes miembros de comunidades indígenas de la Península de Yucatán, quienes presentaron información sobre los alegados daños ambientales producidos por las actividades de producción de palma de aceite, las afectaciones producidas por las fosas hidráulicas de absorción y la siembra de soya transgénica, entre otras problemáticas relacionadas con el macrodesarrollo de zonas rurales de la región.

Los solicitantes expresaron su preocupación por la destrucción de la biodiversidad y la falta de acceso y participación en los programas de desarrollo, para el ejercicio de la agricultura sostenible.

El Estado, por su parte, informó sobre las gestiones que habría llevado a cabo para realizar una consulta previa, libre e informada con diferentes comunidades de la Península de Yucatán, asimismo, indicó la disposición del gobierno para dialogar con los solicitantes para buscar la manera de incorporar sus preocupaciones y su participación en las actividades agrícolas.

El Estado reconoció que la consulta en material de siembra de soya no fue previa, ya que las actividades de siembra y cultivo comenzaron en el año 2000. Sin embargo, indicó el Estado que en la actualidad se estarían adelantando los procesos de consulta conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.

Preocupa no dictaminación de Ley de Desaparición Forzada

En la audiencia “Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México”, las organizaciones de la sociedad civil indicaron su preocupación por las pendientes reformas institucionales, el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, la necesidad de contar con una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas autónoma, y los riesgos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en el contexto de las brigadas de búsqueda.

Dijeron que el reto del Estado es lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables, así como la reparación del daño a las víctimas. Solicitaron a la CIDH su acompañamiento, como lo ha hecho con el mecanismo de seguimiento en el caso Ayotzinapa.

El Estado reconoció que la desaparición forzada en el país es un grave problema que enfrenta desafíos fundamentales, y presentó los avances para generar las acciones y mecanismos necesarios para fortalecer a las instituciones dedicadas a prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada, e indicó su compromiso por crear las medidas estructurales para mejorar la seguridad y la justicia.

La CIDH saludó el reconocimiento del Estado mexicano de que tiene un grave problema sobre desaparición forzada, y su compromiso en esa materia. Dijo que celebra el esfuerzo de orden legislativo en el tema, enfatizó la petición del Estado relacionada con el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones en el caso Ayotzinapa, y destacó la oportunidad para avanzar en los casos específicos presentados durante la audiencia.

 

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